El pacto entre Cataluña y España

Veinticuatro horas después de que el Tribunal Constitucional hiciese pública su sentencia sobre el Estatuto catalán, el Presidente del Parlament de Catalunya, la máxima representación política de la Comunidad, ha realizado una declaración institucional en la que considera que la inconstitucionalidad de determinados artículos del Estatuto, aprobado en Referéndum por el pueblo catalán, provoca “una crisis de Estado” y rompe “el pacto entre Cataluña y España” ya que se menosprecia la voluntad del electorado.

Quien ha hecho pública la declaración es el Presidente del Parlamento catalán Ernest Benach, dirigente de Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) que no aprobó el Estatuto que posteriormente fue sometido a Referéndum, con una participación que no llego al cincuenta por ciento del electorado.

El Estatuto del 2oo6, el tercero que entra en vigor en Cataluña, es el que menos votos ha conseguido a lo largo de su historia… El Estatuto de l932 en el que se establecía que «Cataluña era un Estado autónomo dentro de la República española, que se constituye en región autónoma dentro del Estado español» fue aprobado por un 99,45 por ciento con una participación de un 75 por ciento.

Posteriormente el Estatuto de l979, apoyado por todos los partidos políticos en el que se restablecía la Generalitat catalana fue aprobado por, mÁs del setenta y tres por ciento de los electores con una participación de casi el sesenta por ciento.

Por último, el Estatuto que entro en vigor en el 2006 y que, a pesar de estar recurrido en el Tribunal Constitucional ha ido desarbolándose progresivamente con más de cuarenta leyes, algunas de las cuales, ya han sido recurridas obtuvo el voto afirmativo del setenta y tres por ciento, con una participación de algo más del cuarenta y ocho por ciento del electorado.

La ruptura del pacto entre Cataluña y España, tesis que han venido manejando el ex Presidente de la Generalitat Jordi Pujol y los actuales dirigentes de Convergencia i Unió, no se produce, ahora con la sentencia del Tribunal Constitucional, sino en la propia elaboración del nuevo Estatuto que, al contrario que el anterior, el de l979, no ha contado con el consenso de todas las fueras políticas y que, de hecho nació del empeño del actual Presidente del Gobierno en cumplir una promesa que nunca debió haber hecho: aprobar en Madrid el Estatuto que viniese de Cataluña.

Pero era el comienzo de su mandato, había que agradecer a Pascual Maragall su voto favorable a su elección como secretario general del PSOE, estábamos en la etapa de la construcción de un Estado federal asimétrico (que realmente sigue sin saberse lo que es) y había que ganarse el favor de Cataluña y cerrar el mapa autonómico.

La dura realidad es que, a pesar de todos los esfuerzos, esfuerzos que se han venido haciendo desde la transición, no se ha conseguido cerrar el modelo autonómico del Estado.

Desde los intentos del “café para todos” de Adolfo Suárez, a la España plural de Rodríguez Zapatero, han seguido conviviendo Autonomías de primera y Autonomías de segunda. Y todos los intentos de integrar al País Vasco y Cataluña en el modelo de Estado que se diseña después de la Constitución de l978, han sido problemáticos y sin que se haya llegado a un punto final. Probablemente, porque los nacionalistas nunca han creído en ese pacto y porque Cataluña y Euskadi, como ha venido a reconocer el Tribunal Constitucional, en su sentencia, y eso quizás es lo que más indigna a algunos partidos, forman parte de la indisoluble unidad de España.