Una reforma laboral “light”

El Gobierno, ante el fracaso del diálogo social entre la patronal y los sindicatos ha comenzado a preparar el correspondiente decreto para afrontar la reforma laboral que vienen exigiendo todos los organismos internacionales y que forma parte de las exigencias de la Unión Europea cuando se instó a España a asumir un duro plan de ajuste presupuestario.

La reforma laboral es un tema clave para la credibilidad del Gobierno de cara a hacer frente a la crisis económica y al plan impuesto por Bruselas, un plan que les está costando a los socialistas y a Rodríguez Zapatero, el mayor coste político desde el triunfo electoral del año 2004.

Zapatero, que, hasta ahora, ha venido presumiendo de que a pesar de una tasa de paro del veinte por ciento (mas de un millón seiscientos mil desempleados) no ha habido ningún tipo de agitación social, ni conflictos laborales importantes, ha perdido dos años en un diálogo social que no ha dado ningún resultado y que ha estado dirigido, sobre todo, a evitar una huelga general que al Presidente del Gobierno, le produce verdadero pavor.

Ante las escasas esperanzas de lograr un acuerdo entre sindicatos y empresarios en materia laboral dentro del plazo fijado, el Gobierno podría aprobar un borrador para reformar el mercado laboral el 11 de junio. En ese borrador de decreto que será impuesto a la patronal y a los sindicatos, se generaliza un nuevo contrato de trabajo indefinido con una indemnización por despido improcedente de 33 días frente a los 45 días actuales, algo con lo que ni Comisiones Obreras ni la Unión General de Trabajadores están dispuestos a pasar, por lo que, según han venido anunciando, responderán con una huelga general.

En el mes de Abril el Gobierno propuso a los agentes sociales explorar el uso del modelo laboral austriaco para fomentar la estabilidad del empleo y la movilidad “sana”, así como medidas como la “exención de parte de los costes de los despidos colectivos y objetivos” con carácter “transitorio y excepcional”.

La reforma laboral austriaca de 2002 que es la que ahora propone el Gobierno instaurar en España se centró en la creación de un fondo empresarial para cada trabajador, que se abonaría en caso de despido. Ese dinero es complementario a la prestación que se cobra por desempleo y lo que no se gaste se lo lleva el trabajador a su nueva empresa a lo largo de su vida laboral.

En el documento que se ha discutido en varias mesas de trabajo, se señala sobre el modelo austriaco que es una fórmula que podría incrementar la estabilidad en el empleo y una movilidad laboral “más sana”. Sin embargo, el Ejecutivo no especificaba en ese documento cómo se habría de implantar en el mercado español…

En cuanto a la contratación parcial, el Gobierno se inclina porque se elimine la posibilidad de realizar horas complementarias y sigue apostando por dos modalidades: una con horario cierto y fijo de trabajo, sin posibilidad de alterarlo, y otra en la que el empresarios podría cambiarlo con un preaviso mínimo a determinar y en el que se podrían acordar horas extras.

Entre los expertos que han seguido las largas negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos se ha extendido la idea de que, en cualquier caso, la reforma laboral que imponga el Gobierno será una “reforma Light” y que no es la reforma que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales.

Entre ellos, existe la creencia de que después de esta “reforma Light”, presentada con gran lujo mediático, haya que afrontar otra reforma mucho más dura, dentro de un año cuando se compruebe que no sirve para crear empleo.