Nueva batalla en torno al Constitucional

Una nueva batalla política se acaba de abrir en torno al Tribunal Constitucional y al Estatuto de Cataluña, después del fracaso del Tribunal en llegar a un mínimo consenso sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán, aprobado por las Cortes generales hace cuatro años.

Ante la imposibilidad de un acuerdo, se ha iniciado un movimiento para que sea un nuevo Tribunal Constitucional el que se encargue de desbloquear el Estatuto que, aunque esta pendiente de ser declarado o no constitucional, ya ha comenzado a desarrollarse, hasta el punto que el tripartido ha aprobado cuarenta y una leyes que están relacionadas con un texto que ha entrado en vigor sin esperar la sentencia definitiva. Especialmente conflictiva es la nueva Ley de Educación y la Ley de consultas que, según los nacionalistas, valida la posibilidad de un Referéndum sobre una posible independencia.

La realidad es que la división de los jueces (conservadores y progresistas), las presiones políticas sobre el Tribunal y sobre la Presidenta Maria Emilia Casas; los anuncios de rebeldía por parte de varios partidos catalanes que han venido defendiendo que no se puede tocar una cola coma de algo que se ha aprobado en Referéndum; las consecuencias que la sentencia puede tener sobre las elecciones autonómicas catalanas de este Otoño, y la propia composición actual del Tribunal, con un miembro recusado (Pérez Tremp), un puesto sin cubrir por el fallecimiento del conservador Roberto García Calvo y cuatro que deberían haber cesado, por cumplimiento de su mandato a finales del año 2007, han creado un clima en el que ha sido imposible llegar a un acuerdo.

La votación 6-4 de la última ponencia, elaborada por la progresista Elisa Pérez Vera, en la que se declaraba inconstitucional una mínima parte del Estatuto, especialmente todo lo referente al Poder Judicial, obviando lo clave (el concepto de Nación en el Preámbulo, los símbolos nacionales, la bilateralidad y, en cierto modo, la financiaron autonómica), es una clara victoria del sector conservador, apoyado por el magistrado propuesto por los socialistas Manuel Aragón, que ha hecho precisamente de la definición de Nación, la lengua y los símbolos nacionales de Cataluña su principal caballo de batalla.

Después de innumerables reuniones a lo largo de casi cuatro años, ha sido imposible llegar a un consenso, consenso que va a ser difícil de conseguir con nuevas reuniones que tendrán que debatir un nuevo proyecto de sentencia, esta vez elaborado por el conservador, y vicepresidente del Tribunal, Vicente Giménez.

Ante esta situación de bloqueo, ha comenzado a surgir un movimiento para urgir a los dos principales partidos políticos, a que llaguen a un acuerdo para la renovación del Tribunal con el argumento de que el actual carece de legitimidad ya que un sector del mismo ostenta un mandato caducado.

Es la posición de la totalidad de los partidos políticos catalanes y la del PSOE, sabiendo como sabe que, hasta ahora, ha sido imposible llegar a un acuerdo con el Partido Popular sobre la renovación del actual Constitucional, partidario de que sea el actual Tribunal, el que, por fin, emita una sentencia, aunque esa sentencia tenga inevitables efectos en las próximas elecciones catalanas de este Otoño.

La batalla política de las próximas semanas va a girar en torno a estas dos posiciones. Montilla ya ha hablado con Zapatero para que ponga en marcha cuanto antes la renovación del Tribunal. Ha intentado también ponerse en contacto con Mariano Rajoy pero, por lo visto, el líder del Partido Popular ni siquiera le ha contestado a la llamada telefónica. Aunque su posición es clara: “Cambiar ahora en mitad del partido, cuando llevan tres años y medio largos debatiendo, a los miembros del Tribunal Constitucional, como piden algunos, sería poner un torpedo en la línea de flotación de ese tribunal, que dañaría para siempre el crédito, la reputación de esa institución y liquidaría su futuro”. Así pues, la batalla esta servida.