Estructuras y políticas agrarias (XIII)

En la serie que tenemos en desarrollo sobre el sector agroindustrial en España, nos corresponde hoy, la caracterización de unos 17 millones de hectáreas entre minifundios y latifundios. Con una frontera incierta y más controvertible que en el pasado, empezando por lo que es un latifundio, ahora más bien a partir de 1.000 hectáreas por propiedad. En la entrega de hoy se hace un análisis estadístico de la dimensión de las explotaciones, de una España que si por su paisaje sigue siendo un país predominantemente de secano, económicamente lo es mucho más de una economía de riego, que impulsa la producción final agraria a cotas equivalentes a cinco veces lo que sería sin regadíos.

Minifundios y latifundios

Otras dos cuestiones de interés fundamental, por lo que se refiere a la distribución de la tierra, son el fraccionamiento de la superficie explotable en parcelas, y el número y dimensión de las explotaciones agrarias.

Por parcela entendemos la extensión de tierra que está bajo una sola linde, en tanto que la explotación podemos definirla como «cualquier extensión de terreno en una o más parcelas, aunque no sean contiguas, pero que en su conjunto forman parte de la misma unidad técnico-económica, de la que se obtienen producciones agrícolas, forestales, ganaderas o mixtas, bajo la dirección de un empresario e independientemente del régimen de tenencia».

Ambos fenómenos, parcelamiento y número de explotaciones agrarias, están estrechamente imbricados. La tierra está muy parcelada y al propio tiempo hay muchas explotaciones. Esa irracionalidad se ve amortiguada en virtud del régimen de tenencia de la tierra, al haber empresarios que, además de explotar parcelas de su propiedad, lo hacen de otros, tomadas en arrendamiento o aparcería. De ahí, la tendencia, a partir la década de 1990, hacia una mayor concentración y especialización de las explotaciones, disminuyendo su número y aumentando la superficie media útil. De modo que esos datos del Censo Agrario de 1999, más de medio millón de explotaciones desaparecieron frente al Censo de 1989; incrementándose tanto la superficie por explotación a 23,6 Ha. frente a las 18,8 de 1989. Un proceso que está en curso de fuerte aceleración.

El principal inconveniente de ese parcelamiento excesivo es el tiempo empleado en ir de una parcela a otra de la explotación para realizar las faenas agrícolas, lo que representa un gran derroche. Por otra parte, la pérdida de superficie útil por lindes crece a medida que decrecen las dimensiones de las parcelas, y por ello, el actual parcelamiento resta extensiones importantes al cultivo. Por último, hay que destacar también que el minifundismo dificulta enormemente, e incluso imposibilita, el empleo de la maquinaria moderna, la puesta en regadío, y la lucha contra las plagas agrícolas y la erosión del suelo. Frente a lo cual la concentración parcelaria ya estudiada ofrece todo un repertorio de mejoras.

El problema opuesto al del minifundismo es el de los latifundios, es decir, el planteado por las «fincas rústicas de gran extensión». En España, según los datos del Servicio del Catastro de Rústica, al 31 de diciembre de 1959, existían 23.311 fincas de más de 250 hectáreas, límite inferior que normalmente se adoptaba en la consideración de lo que entonces era un latifundio en nuestro país; aunque en tierras de secano, llamar «latifundio» a una finca de 250 hectáreas puede ser más que nada un vestigio poco correcto de la terminología tradicional. En cualquier caso, el latifundio se da con mayor frecuencia en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Salamanca.

Resultantes del latifundismo o de la excesiva concentración de la propiedad de la tierra (cuyas raíces históricas hemos estudiado más arriba) eran la falta de disposición para la puesta en riego, el régimen extensivo de los cultivos, los bajos rendimientos, el absentismo, una distribución de la renta muy desequilibrada, y el éxodo de capital a las ciudades.

Las consecuencias sociológicas y políticas de ese latifundismo eran importantes. En la España latifundista persistía un gran número de obreros agrícolas con períodos muy amplios de paro estacional. El analfabetismo y el atraso cultural resultaban especialmente intensos en las zonas del latifundismo, y las reivindicaciones sociales y políticas alcanzaban en ellas una mayor intensidad, haciendo que hasta la guerra civil 1936-39, la aspiración de la mayoría de los obreros agrícolas sin tierra de las zonas de latifundios fuera el reparto de las grandes fincas. Conforme a una política de reforma agraria; que fracasó durante la Segunda República con el remate de la contrarreforma subsiguiente a la guerra civil.

Con el retorno de la democracia a España en 1977, los temas de la redistribución y mejor uso de la propiedad de la tierra volvieron a plantearse; y en esa dirección, la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables de 1979, y el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1984, podrían haber catalizado todo un proceso reformador. Sin embargo, tal cosa no llegó a concretarse.

Entre otras cosas porque el éxodo rural (de 5 millones de personas trabajando en el campo en 1931 a menos de 700.000 en 2022) despobló las zonas rurales de obreros agrícolas. Con un gradual proceso de sustitución de los mismos para trabajos de recolección por trabajadores migrantes del Magreb o Europa Oriental, que constituyen la fuerza  de trabajo predominante en las labores agrícolas, sobre todo a efectos de recolecciones.

Por lo demás, la aspiración general es ir a explotaciones de mayor dimensión, para lograr economías de escala y también avances tecnológicos que resultan imposibles con el minifundismo. Sin embargo, puede decirse que los sucesivos ministros de Agricultura –cualquiera que fuere el cambiante nombre que se diera al Departamento en los sucesivos gobiernos—, han prestado muy poca atención a este importante problema. Que sería un cambio estructural de nuestro sector agrario, y un incentivo importante para una agricultura más societaria, esto es, con empresas bien estructuradas, en vez de la multitud de pequeños agricultores cada vez más abrumados por los continuos problemas fiscales, burocráticos, etc. que les acosan.

En el cuadro 1 figura el detalle de los regímenes de tenencia y su evolución registrada por los sucesivos censos agrarios.

Dimensión de las explotaciones

El cuadro 2 registra la distribución de la tierra según la dimensión, con un gran extremismo: un enorme cúmulo de ellas, de dimensión reducidísima (más del 90 por 100 del total, con menos del 25 por 100 de la tierra), una casi total ausencia de explotaciones de tipo medio (menos del 4 por 100 del número con poco más del 15 por 100 de la tierra) y un reducido número de grandes explotaciones con la mayor parte de la tierra.

Las empresas agrícolas, cuando son pequeñas, carecen, de recursos suficientes para explotar racionalmente la tierra. La situación económica y técnica en las grandes explotaciones es apreciablemente mejor, pero dista mucho de ser mínimamente satisfactoria.

Para un análisis más completo de las explotaciones agrarias en España, en su número e incidencia según dimensión, no disponemos todavía del censo agrario de 2019, pendiente de reelaboración de sus datos primarios por el Ministerio de Agricultura. Por ello hemos de atenernos aún al censo de 2009, de modo que en diez años 2009/2019, tiene que haber habido modificaciones importantes. Por ello, las observaciones que se hacen a continuación, no reflejan una realidad que sin duda ha ido avanzando en la dirección de cada vez más número de explotaciones superiores a 100 Ha. En cualquier caso, tenemos la aproximación de la Encuesta de Superficies realizada por el INE (2020).

En el 2 (distribución general de la superficie en explotaciones y hectáreas), nos encontramos con una doble columna de “todas las tierras”, con el detalle de las explotaciones y hectáreas. Siendo fácil colegir que el intervalo con el máximo de explotaciones se sitúa entre 50 y 100 hectáreas, con 52.467 explotaciones, y 4,5 millones de Ha. en superficie. Lo que supone un 5,4 por 100 del total de explotaciones, y un 14,7 de las Ha. En cuanto a las explotaciones mayores de 100 Ha., 51.1866 en el cuadro, representan el 5,2 del total número de explotaciones, con 17.012.889 Ha., equivalentes al 55,5 por 100 del total de superficie de todas las tierras. En definitiva, las cien mil explotaciones mayores de 50 Ha. en números redondos, suponen, nada menos que el 70,2 por 100 de la superficie. Lo cual desfigura mucho la pretensión de que en España se mantiene un agobiante minifundismo.

En el resto del cuadro 2 se puede apreciar que la suma de las columnas para tierras labradas, y para pastos permanentes, configuran la superficie agraria útil (SAU). Así las cosas, la penúltima columna de “otras tierras”, abarca una superficie no necesariamente agrícola, pero que estadísticamente se asigna a las explotaciones agrarias.

Hasta el próximo jueves, como siempre, los lectores de Republica.com pueden conectar con el autor en castecien@bitmailer.net.

Sobre el autor de esta publicación

Ramón Tamames

Ramón Tamames nació en Madrid en 1933, y es Doctor en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid, habiendo seguido cursos adicionales en el Instituto de Estudios Políticos y en la London School of Economics, y desde 1968 es Catedrático de Estructura Económica.

Entre 1983 y 1985 fue profesor visitante de la Sorbona de París, y también lo ha sido de la Malaya Universiti de Kuala-Lumpur (Malasia) y lo es de la de Macao, China.

Es autor de gran número de libros y artículos sobre economía española e internacional, así como ecología, historia y cuestiones políticas. Ha colaborado como consultor económico con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano (BID-INTAL).

Es Doctor honoris causa por Universidades de Buenos Aires, Lima, Guatemala y Pekin. Miembro del Club de Roma desde 1992, fue elegido para la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea en 1993; y designado Premio Rey Jaime I de Economía en 1997, y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente en 2003. En 1978, como Diputado al Congreso, fue uno de los firmantes de la Constitución Española.

Tiene los títulos de Ingeniero (ad honorem) de Montes (1998) y Agrónomo (2009), ambos por la Universidad Politécnica de Madrid.