La necesaria colaboración público-privada, en la gestión de los servicios para los ciudadanos (III)

Entramos hoy en la tercera entrega de nuestra serie sobre la necesaria colaboración público-privada (CPP), en la gestión de los servicios para los ciudadanos. Y dedicamos esa porción del tema abordado, con la cuestión fundamental del estado de bienestar, planteado para acabar con la pobreza y los muchos males con que ésta se manifiesta, como pusieron de relieve los Profesores Pigou y Marshall. Dos economistas ocupados en una desequilibrada distribución de la renta. A propósito de lo cual, William Beveridge, luego ennoblecido como miembro de la Cámara de los Lores, estudió los cinco objetivos solidarios que aquí se detallan con una especificación bastante extensa. Esos planteamientos, en muchos aspectos ya consolidados en los países de mayor desarrollo, siguen siendo válidos para mucha población de las naciones más ricas, y para la generalidad de los habitantes en lo que antes se llamaba el Tercer Mundo.

El estado de bienestar a partir del interés social de la Economía

El despertar del interés científico por los estudios económicos proviene, muchas veces, de la observación de la problemática reali­dad social, no todo lo justa —ni mucho menos— de lo que se quisie­ra, con mayores o menores niveles de pobreza. Esa situación hace que los estudios se polaricen en las raíces del problema social bus­cando en su conocimiento una solución efectiva en la que, necesa­riamente, deben concurrir el interés privado y el público.

La génesis del interés económico por motivos sociales fue des­crita admirablemente por el profesor Pigou. Y cómo paliar o curar los problemas sociales mediante la aplicación de los conocimientos derivados de los estudios económicos fue motivo de reflexión para Alfred Marshall. De estos dos grandes economistas son los párrafos que siguen, que bien merecen ser recogidos, una vez más, aquí.

«Los orígenes de la ciencia económica -decía Pigou— hay que bus­carlos en la preocupación social que producen las callejuelas sór­didas y la tristeza de las vidas marchitas... Aquí puede aplicarse bien la gran frase de Comte: es el corazón el que tiene que sugerirnos los problemas; es el entendimiento el que tiene que resolverlos».1

«La cuestión —continuamos con Marshall— de si no sería realmente posible que todos los seres humanos iniciaran su existencia con una regular probabilidad de llevar una vida culta, libre de los sufri­mientos que comportan la pobreza, de las influencias embotado­ras de un trabajo mecánico excesivo... no puede ser resuelta de un modo plenamente satisfactorio por la ciencia económica... Pero la resolución del problema depende, en una gran parte, de hechos y deducciones que caen dentro de la esfera de la Economía, y es esta cuestión la que da a los estudios económicos su principal y más elevado interés».2

Cinco objetivos solidarios

Con el telón de fondo de lo manifestado por Pigou y Marshall, cabe acometer, pues, el análisis de la estructura social y la propues­ta de una determinada política. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es: «¿Cuáles son los fines de la política social?».

A esta pregunta trataba de contestar, de hecho, William Beveridge al definir los fines de la reestructuración de la Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. Con el planteamiento de lo que debe ser el estado de bienestar: «Podemos definir mejor los fines de la re­construcción [y del propio estado de bienestar], nombrando los cin­co grandes males que hay que destruir: la indigencia, la enferme­dad, la ignorancia, la suciedad y el desorden, y la ociosidad forzosa del paro»3. Veamos en qué consiste la política según tal esquema, aplicándolo a la sociedad de hoy.

La supresión de la indigencia significa que cada ciudadano, a cambio del trabajo que realice o de los servicios que preste, debe tener ingresos suficientes para cubrir las necesidades de su propia subsis­tencia y de la de sus allegados, tanto cuando esté en activo como cuando no pueda trabajar.

Se trata, por tanto, de saber hasta qué punto los salarios cubren esas necesidades, y si en caso de paro está previsto el seguro corres­pondiente. Y más modernamente se habla incluso de la renta social básica, con gran polémica sobre cuáles deben ser sus límites, a fin de evitar que esa prestación conduzca a una situación propicia a lo mendicante y en contra de la idea de alcanzar altos niveles de productividad. En este caso se da la pugna, dentro del sector públi­co y privado, de la negociación colectiva de los salarios, teniendo en cuenta el punto de vista de los empresarios sobre una serie de temas como, por ejemplo, las repercusiones de la renta básica que proponen algunos políticos.

El segundo de los cinco grandes males, la enfermedad, debe atacarse con el establecimiento de un amplio y eficaz servicio sanita­rio en sus tres planos: preventivo, curativo y paliativo. Es esta, por tanto, como en el caso de los accidentes de trabajo y de los supues­tos de vejez e invalidez, una cuestión de desarrollo de la Seguridad Social, pero también de los seguros de las compañías privadas. Como también cabe referir que siempre se discutirá si la gestión de esa sa­nidad pública debe ser pública o privada, con nuevos métodos in­novadores según veremos.

En realidad debe haber una gran colaboración entre ambas, so­bre todo en un país como España, en el que el Sistema Nacional de Salud se combina con un importante conjunto de sociedades de se­guros médicos, que se extiende a más de un cuarto de la población, con una simultaneidad indudable. Y con la característica fundamen­tal de que, si no fuera por esas sociedades de seguro privado, el estrés sobre la sanidad pública alcanzaría el límite de lo insoportable.

El remedio del tercer mal, la ignorancia, es un problema de educación. Lo cual, en el planteamiento de Beveridge, significa tener más estudiantes y mejores escuelas, institutos y universidades. Pero no se trata solo de hacer posible el acceso a la educación al mayor número de futuros ciudadanos y de ampliar su edad escolar (prin­cipios del artículo 27 de la Constitución de 1978). Lo decisivo, en última instancia, es alcanzar una igualdad de oportunidades para todos, en lo que al acceso a la enseñanza se refiere, así como elevar al máximo su calidad. Para ello, el sistema privado de educación tie­ne relación con el público a través de toda una serie de mecanismos, entre ellos, los centros concertados.

Está claro, pues, que, en el caso de la educación, la coexistencia pa­cífica debe existir en el binomio público-privado. En España hay al­tas proporciones de sector privado en la primaria y en la secundaria, y menos en el caso de la Universidad. Con el efecto, como es el caso de la sanidad, según vimos, de un menor estrés sobre la educación pública gracias a la privada.

No menos importante es acabar con lo que Beveridge denomi­naba el cuarto mal, la suciedad (squalor) y el desorden; con esos vocablos se designan todos aquellos males cuya génesis está en el crecimiento desordenado de las ciudades, que comporta problemas tan graves como los de una fuerte densidad de tráfico contaminante, la existencia de viviendas insalubres y alojamientos infrahumanos (chabolismo), el absurdo derroche de tiempo y energías en prolon­gados viajes cotidianos de los trabajadores, y la destrucción innece­saria de bellezas naturales e históricas.

Todo este conglomerado de males cabe atacarlos con lo que los ingleses llamaron Town and country planning y que hoy conceptuamos como ordenación de la migración, urbanismo y política de viviendas; todo ello debidamente coordinado en una política de desa­rrollo regional equilibrado, con una efectiva ordenación del territorio, y con la preservación de los espacios naturales y de los equilibrios ecológicos. Con la inevitable coexistencia, también, de intereses pú­blicos y privados.

Ha de incluirse, también, lo relativo al calentamiento global y el cambio climático, con todo lo que se deriva del Acuerdo de París de 2015, con un importante crecimiento de la colaboración público-privada por el cambio del modelo energético. Precisamente, todo el ámbito demarcado anteriormente es la actividad fundamental de las corporaciones públicas en España como son los ayuntamientos y las diputaciones provinciales; con un conjunto de tareas en las que la participación privada puede ir de cero a un alto grado. Más desea­ble esto último para garantizar una presencia, y con los principios de regulación y supervisión siempre dentro de la responsabilidad de las corporaciones públicas, que representan una cierta soberanía en el ámbito urbano.

Finalmente, el quinto mal, el paro forzoso, el desempleo, que es un problema de gran importancia. En ese sentido, la política de pleno empleo abarca una vasta serie de medidas que sobrepasan las que, con cierto rigor, puede decirse que integran la política so­cial. Las experiencias de la gran depresión que se inició en 1929 y que duró hasta el comienzo de la II Guerra Mundial, y de la larga crisis económica 1973-1984, así como la gran recesión de 2008 a 2012, así lo demuestran.

En definitiva, el modelo Beveridge de sociedad de bienestar pue­de servirnos para sistematizar el análisis de la política social en Es­paña, tal como inicialmente ya hemos ido haciendo. Pero no de­bemos olvidar que, así como las medidas de política social tienen influencia decisiva, tal como subrayaba el profesor Manuel de To­rres, no pueden perderse de vista sus interrelaciones con las distintas ramas de la política económica (financiera, monetaria y comercial, esencialmente), puesto que la redistribución de la renta y su disper­sión en torno a la media (tan importante en el verdadero estado de bienestar) está afectada por todas ellas; y es la resultante final, en definitiva, la que más interesa4.

Seguiremos la próxima semana, y en el interim, los lectores de Republica.com pueden relacionarse con el autor a través de castecien@bitmailer.net

1 A.C. Pigou (1960): Ecomics of Welfare (4.a ed.),Macmillan, Londres (reimpresión), p. 5.

2 A. Marshall (1948): Principios de Economía (8.a ed.), versión española, Aguilar, Madrid, p. 4.

3 Sir William Beveridge (1946): Bases de la Segundad Social, versión española, FCE, México, p. 52.

4 Manuel de Torres (1954): Teoría de la Política Social, Aguilar, Madrid, pp. 247 y ss.