La necesaria colaboración público-privada, en la gestión de los servicios para los ciudadanos (II)

Continuamos hoy con el tema de los servicios públicos, con una referencia amplia al mercado y a su presencia en el mismo de lo público y lo privado; con una CPP que pueda significar la mejora del funcionamiento de la economía en su conjunto. El caso de China y Rusia de volver al capitalismo, son muestras evidentes de que éste podría ser el menos malo de los sistemas económicos, sobre todo a la vista del progreso que ha permitido, en contraste con el comunismo. Lo cual se manifiesta, casi lapidariamente, en la extensión y profundización del llamado Consenso de Washington, al que nos referimos hoy con una cierta amplitud.

Reflexiones sobre el mercado y lo público-privado

Las ideas del marxismo manchesteriano hace mucho que que­daron obsoletas en Economía, al menos en Europa occidental, con la ampliación, hasta ser gran mayoría, de las clases medias urbanas. La propia búsqueda teórica del nivel de los salarios o del precio de las cosas a través de la idea del valor trabajo (con su derivada de la plusvalía) fue un argumento que pagaron bien caro las ideas del fi­lósofo de Tréveris. Hoy la demanda revelada de Paul Samuelson es la teoría prevaleciente sobre el mercado.

La viva imagen en ese debate entre autoridad y mercado para las transacciones económicas de todo tipo la hicieron valer los econo­mistas liberales desde Adam Smith {La Riqueza de las Naciones, 1776), con el esquema de oferta-demanda, tantas veces influidas de una u otra manera desde situaciones imperfectas, para así determinar precios en las situaciones más diversas. Y con el tiempo se llegó a la conclusión (Amartya Sen, entre otros) de que sin mercado, sin lucha de competencia, no puede haber democracia, ni tampoco efi­ciencia económica.

Esa realidad la supo ver, de modo manifiesto, Deng Xiaoping, cuando después del comunismo de la pobreza de Mao (exaltado en la Revolución Cultural de 1966-72) dio el paso decisivo a las «Cua­tro modernizaciones» (1978); que en síntesis no fueron otra cosa que el reconocimiento del mercado como sistema básico en la sen­da de la prosperidad, con empresas privadas en competencia unas con otras frente a un sector público declinante en proporción. Algo que los soviéticos no tuvieron claro hasta que, muy al final, lo reco­noció Gorbachov: demasiado tarde para que la URSS pudiera man­tenerse en vida (1991) en una economía mundial en la que la globalización era ya la regla, colaborando lo público y lo privado por doquier y a todas las escalas: desde los servicios públicos urbanos hasta el nivel macro.

La nueva estrategia económica de China (mercado y capitalismo de Estado, cierto, globalmente encauzado por el leninismo del PCCh, pero capitalismo al fin y al cabo) se acentuó con la caída del Muro de Berlín (1989) y la referida desintegración de la Unión Soviética. Pudiendo decirse que —aunque no fuera ni mucho menos el final de la Historia, como quiso hacer ver Francis Fukuyama— en la dé­cada de 1990 se entró en un cierto pensamiento económico único, que por entonces el economista inglés John Williamson sintetizó en un decálogo del que aquí extraemos los puntos 7 a 10, que son altamente expresivos de las pautas por las que se rigen las más dife­rentes Administraciones públicas:

  1. Política de privatizaciones. Disminuye la presión sobre los pre­supuestos” del gobierno, tanto a corto plazo —merced a los in­gresos que se generan con la liquidación de empresas públicas de los INI de los Estados— como en el largo término, de forma que el gobierno no tiene que financiar nuevas inversiones en las actividades privatizables, ni enjugar sus números rojos por falta de eficiencia, merced a sistemas de concesionalidad a ges­tión privada en muchos casos.

  1. Política desreguladora, con máxima libertad económica —pre­cios, movilidad de factores productivos, etc.—, para así estimular precios bajos vía competencia frente a las economías interve­nidas en multitud de aspectos, con gestión política inadecua­da de muchos servicios públicos ineficientes.

  1. Derechos de propiedad, clara y firmemente establecidos, debien­do garantizarse el funcionamiento eficiente del sistema legal y judicial (seguridad jurídica erga omnes).

  1. Principios de democracia y libertad, equiparándose los derechos individuales frente a los colectivos, para de esa manera asegurar el buen funcionamiento de una economía más libre y que dé soluciones reales. De otro modo, con criterios sociales mal en­tendidos, el funcionamiento de la sociedad en su conjunto se vería deteriorado.

Indudablemente, hoy el Consenso de Washington ha de com­pletarse en los países más desarrollados con el estado de bienestar: esto es, políticas de educación para todos, tanto pública como pri­vada; sanidad también pública, coexistente con la privada; seguri­dad social con pensiones públicas aseguradas y sistemas comple­mentarios de fondos de pensiones; cobertura de las situaciones de dependencia, etc. Como también el referido consenso debe incluir todo lo relativo a sostenibilidad, que hoy se sintetiza en el Acuer­do de París de 2015 sobre calentamiento global y cambio climático. En ese contexto, la colaboración público-privada se hace ubicua y permanente.

Todo lo expuesto hasta aquí son actualmente las bases de la eco­nomía mixta (Paul Samuelson dixit), cuando en ella convergen ins­tituciones públicas y entidades privadas, con principios públicos de­mocráticos de regulación y gestión.

Seguiremos la próxima semana, y los lectores de Republica.com pueden conectar con el autor a través del correo electrónico castecien@bitmailer.net.