La transición democrática, 1973-1982 (III)

Hace tres semanas iniciamos esta serie de nuestra Historia más reciente, correspondiendo a la entrega de hoy la formación del primer gobierno Suárez y la reforma política que planteó. Ese fue el verdadero motor de arranque para resolver una situación que no tenía claridad de prospectiva desde la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. Se habían demorado varios meses sin progresos en la democracia prometida, y es que tanto Arias Navarro como presidente del primer gobierno de la monarquía, y el propio Fraga Iribarne como componente más a la vista, estaban merodeando una solución de compromiso entre la apertura y la cerradura del régimen anterior: misión imposible con el conservadurismo de Arias, y las precauciones de Fraga. Tuvo que llegar Suárez para que la reforma política se pusiera en marcha, como aquí resumimos hoy.

El primer gobierno Suárez y la reforma política (julio 1976-junio 1977)

El nuevo gobierno quedó formado en julio de 1976, presidido por Adolfo Suárez, quien adoptó un ritmo más rápido de actuación. En septiembre, dio a la luz su proyecto de ley de reforma política, en la que se anunció que el gobierno regularía: «...las primeras elecciones a Cortes para constituir un Congreso de 350 diputados y elegir 207 senadores; a razón —estos últimos— de cuatro por provincia».

En el proceso de pretendida legitimación democrática en que se entró con el proyecto de ley de reforma política, se distinguían tres fases: aprobación del proyecto, referéndum y elecciones generales.

La aprobación por las Cortes de la reforma política de Suárez se consiguió el 18 de noviembre de 1976, desbordándose ampliamente los 2/3 de votos favorables que se necesitaban. Sólo hubo 68 en contra, en gran medida por la negociación previa, incluyendo la presentación del proyecto de Ley por Fernando Suárez, procurador en Cortes que era entonces, último ministro de Trabajo de Franco, con decidido empeño de ir a la democracia.

El referéndum se celebró finalmente el 15 de diciembre de 1976, y sus resultados oficiales fueron los siguientes:

Censo electoral total 22.664.290

Votantes 17.599.562

Abstenciones 22,27%

Votó sí 94,16%

Votó no 2,56%

En blanco 2,98%

Nulos 0,30%

 

La Ley para la Reforma Política atribuyó al Gobierno la potestad de regular las primeras elecciones generales. En su virtud, por decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, se establecieron las normas para regir el proceso electoral. Esta disposición, así como otras cuestiones, fueron objeto de una negociación sui generis entre el Gobierno Suárez y la llamada «Comisión de los Nueve» que designaron los partidos y grupos de la oposición, y que estuvo formada por Joaquín Ruiz Giménez (Izquierda Democrática), Joaquín Satrústegui (monárquico), Enrique Tierno (PSP), José María de Areilza (monárquico), Josep Andreu (catalanista), Francisco Fernández Ordóñez (grupo FEDISA), Santiago Carrillo (PCE), Felipe González (PSOE), y Julio Jáuregui (PNV).

La elección para el Congreso se inspiró en el sistema de candidaturas completas, bloqueadas y cerradas. La distribución de escaños se realizaría de acuerdo con la regla d'Hondt, que para las numerosas provincias de menos de diez diputados significó la polarización en favor de los grandes partidos como poderoso correctivo del sistema proporcional. La misma finalidad se persiguió con la exclusión —a efectos del reparto de escaños— de las listas que no hubieran obtenido al menos el 3 por 100 de los votos emitidos en cada circunscripción provincial.

En cuanto al Senado, se optó por que cada elector pudiese votar hasta tres candidatos (siendo cuatro los puestos reservados a cada provincia), de forma que así no quedaran representadas sino las dos formaciones mayores, con nula presencia de las minorías.

En el fondo, la distribución de escaños para las cincuenta circunscripciones provincial es, tanto para el Senado como para el Congreso, se planteó de forma tal que hubiese sobrerrepresentación de las provincias rurales, e infrarrepresentación de las industriales (Barcelona, un diputado por cada 135.000 habitantes, y Soria uno cada 35.000, como caso de provincias más industrial y más rural, respectivamente; en el caso del Senado, un senador por cada 1.206.671 barceloneses, y uno por cada 23.622 sorianos.)

Con la Ley de Reforma Política de 4 de enero de 1977 y con sus normas electorales del 18 de marzo, se dispuso en definitiva de una importante ventaja a favor de la coalición formada en torno a Adolfo Suárez, la Unión del Centro Democrático, que, además, siguió utilizando los poderes del Estado todavía inalterados.

En este punto recordaré una sesión especial del Comité Ejecutivo del PCE, que tuvimos a finales de noviembre de 1976, de forma clandestina, y con la asistencia ya de Santiago Carrillo como secretario general, que aún no se había presentado en público en España. Ese encuentro fue en un molino antiguo en La Alcarria, en lugar que ahor ano podría identificar, con mucho frío, por cierto. Hubo un gran debate, y en un momento dado, Carrillo llegó a decir: “Deberíamos votar positivamente en el referéndum de la reforma política, porque aunque no sea la democracia total, sí puede decirse que todo nos favorece para avanzar. Pero va a ser difícil que podamos votar eso, porque Felipe González con el PSOE ya se ha adelantado a decir que la oposición en masa irá a la abstención”. Y así sucedió, con la pobreza de un voto de abstención del 22,7 por 100, frente a un voto sí del 94,16. Cosas de la Historia.

Las elecciones del 15 de junio de 1977

El PCE fue reconocido el 9 de abril, llamado por ello “Sábado santo rojo”. Apenas seis semanas antes de la apertura de la campaña electoral, el siguiente 24 de mayo. Muy poco tiempo para que el partido reconocido pudiera darse a conocer mayormente. Por lo demás, en el electorado español pesó mucho la campaña de 36 años (1939-1975) de ataque permanente a cualquier idea socializante, y mucho más al PCE, por un régimen totalitario que no reconocía ni siquiera a los socialdemócratas. En ese sentido, creo que habría sido muy oportuno, ya en los años 60, cambiar el nombre al PCE por el de partido laborista. Así se lo propuse a Carrillo en 1973, con algunas largas dialécticas: “Más bien dejaremos eso para más adelante…”. Y más adelante no fue nunca.

Los resultados de las elecciones del 15 de junio de 1977 para los viejos partidos de la oposición democrática en general, y para la izquierda en particular, fueron mucho más favorables de lo que aún poco tiempo antes se pensaba. 

La izquierda que logró llegar al Parlamento, tuvo una votación popular importante. Así se comprueba si se suman los sufragios del PSOE, PSP, PCE/PSUC, y el resto de la izquierda. Estas agrupaciones consiguieron en total el 43,78 % de los votos válidos, un resultado superior a la suma del centro y la derecha (UCD+AP) del 42,02 °/o. En definitiva, la no unión en las elecciones de las fuerzas que se comportaron como fuerzas democráticas bajo el franquismo, hizo posible, que con sólo un 33,86 % del voto popular, la UCD lograra el 47,11 % de los escaños.

Con todo, en la perspectiva histórica, lo esencial de las elecciones de junio de 1977 fue que permitió terminar la reforma política, abrir definitivamente el proceso constituyente, y empezar a plantearse (en los Pactos de la Moncloa) una serie de medidas económicas y sociales.

El proceso constituyente

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.° de la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, el Congreso de los Diputados, formado en las elecciones generales de 15 de junio de 1977, hizo uso de su derecho de iniciativa constitucional designando, en una de sus primeras sesiones, una «Comisión Constitucional» —después denominada «Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas»— que nombró la ponencia redactora del anteproyecto de Constitución, que tras el amplio debate parlamentario y el referéndum constitucional, quedó aprobada el 29 de diciembre de 1978.

Indudablemente, la Constitución de 1978 permite interpretaciones diversas en multitud de sus pasajes. Ello se debe, sobre todo, a que en su elaboración se obró de modo diferente al seguido en las experiencias constitucionales del siglo XIX que tuvieron un marcado carácter pendular; ya liberal (1812, 1837, 1869), ya conservador (1834, 1845, 1876). Y otro tanto puede decirse que sucedió con la propia Constitución republicana de 1931, y con las Leyes Fundamentales del Régimen de Franco. En todos esos casos siempre triunfó un bloque político sobre el otro. Por el contrario, la Constitución de 1978 presenta la característica —que puede calificarse, pues, de única en nuestra historia— de ser resultado de un pacto político, al nacer como el fruto del acuerdo entre los diversos grupos, en cuanto que casi todos ellos se mostraron dispuestos a ceder en buena parte de sus aspiraciones específicas, a fin de alcanzar un texto constitucional que todos pudieran considerar como propio.

Lógica consecuencia de esa Constitución pactada desde la izquierda hasta la derecha parlamentaria, pasando por el centro, es la circunstancia de que muchos de sus pasajes son susceptibles de una interpretación más o menos avanzada, más o menos en la vía del progreso, de más o menos rapidez en cuanto a la mayor transformación de la realidad preexistente, de mayor o menor participación y descentralización, de un propósito más o menos intenso de progreso social a base de redistribución de riqueza y renta.

Pero por encima de esa diferente interpretación —¿y qué obra no dogmática no la tiene? — lo que con toda evidencia se aprecia en cualquier frase, párrafo o artículo de la Constitución, es su carácter democrático, al que aspiraron todos los parlamentarios que la redactaron, y que apoyó la generalidad del pueblo español en el referéndum de 6 de diciembre de 1978.

La Constitución es un cauce de soluciones a los distintos problemas de la organización del Estado y de la configuración de la sociedad. Con ese doble sistema de coordenadas in mente, que definen un espacio complejo, su lectura y meditación vienen a convertirse en una especie de camino o —en su traducción griega—, la Constitución acaba por ser un método para adentrarse en la diversidad de facetas de la realidad social.

¿Y cuál es ese camino, esa senda constitucional? ¿Por dónde lleva? Los once Títulos de la Constitución esbozan sucesivamente los espacios por los que atraviesa el sendero, que partiendo del Título Preliminar —relativo a los principios fundamentales de la Nación— conduce hasta el Título X referente a la reforma constitucional.

A lo largo de ese viaje, el lector puede ir contemplando un cambiante paisaje: los derechos y deberes fundamentales (Título I) como margen de actuación de los ciudadanos en una sociedad libre; y la organización de la Corona como Jefatura de un Estado que, configurándose como Monarquía, tiene en el Parlamento —y en definitiva, en el pueblo— toda la fuente de poder (Título II).

Se pasa después al funcionamiento de las Cortes Generales como órgano supremo de la soberanía popular y manifestación del poder legislativo (Título III), para de seguido examinar la configuración del Gobierno y de sus potestades administrativas como expresión del poder ejecutivo (Título IV). Para después contemplar la interacción de esos dos poderes (Título V). 

A continuación, viene la organización del poder judicial, como guardián de las leyes y propulsor de la Justicia (Título VI); en tanto que el Título VII se ocupa del entramado específico y fundamental de la Economía y la Hacienda, como soportes de toda la actividad productiva y distributiva.

Más adelante, un aspecto fundamental y novedoso es la organización territorial del Estado (Título VIII), con su pormenorizada delimitación de la Administración Local (Diputaciones y Ayuntamientos) y de las Comunidades Autónomas, como forma de pasar del centralismo al Estado de las autonomías.

En el Título IX se incluyen las líneas generales de la organización del Tribunal Constitucional, como garante y más alto intérprete de la Constitución, para al final llegar, en el Título X, a las fórmulas que un día podrían permitir enmendar la Constitución para adaptarla, pacíficamente, a las nuevas necesidades que en el cambio político pudieran irse haciendo precisas.

La Constitución no puede quedarse en un mero libro que un día se aprobó por las Cortes para ulteriormente ser votada favorablemente en referéndum popular, para después ser firmada por el Rey en las Cortes Generales, y días más tarde publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Aparte de la obligación legal de estudiarla, no cabe considerar la Constitución como un texto legal más, cuya ignorancia pueda ser fácilmente excusada «porque hay tantas leyes que es imposible conocerlas todas». Esta ley de leyes, sí que es preciso sabérsela. Y en vez de permitir que se fosilice en una prosa legalista, debe convertirse, entre todos, en el mensaje del cambio para mejorar las condiciones de vida, para construir la democracia. Una democracia que no se quede simplemente en palabras más o menos bellas, sino que potencie el anhelo de más felicidad para más gente, más seguridad para todos, más posibilidades de cultura, y un horizonte abierto, ante el cual la inhibición deje paso al entusiasmo y la frustración se trastoque en esperanza.

NOTA FINAL. Los Pactos de La Moncloa fueron previos a la Constitución en octubre de 1977, y aunque junto con la Ley de Leyes constituyeron el verdadero “compromiso histórico español”, dejamos el tema para la parte económica de este escrito sobre la transición.

Dejamos aquí el tema hasta el próximo jueves, 7 de enero, y aprovecha el autor para felicitar 2021 a los lectores de Republica.com. Y como siempre, esos lectores podrán conectar con el propio autor a través del correo electrónico castecien@bitmailer.net.