La formación del Mercado Común español (1833-1892)

Continuamos hoy con el tema de la formación del mercado común español, a partir de los antiguos territorios de las Coronas de Castilla, Navarra y Aragón, con una primera homogeneización de Felipe V, para seguir, en el siglo XIX, en la configuración de un estado unitario y un verdadero mercado común español. 

Ya vimos los temas sobre comunicaciones y transportes, codificación, comercio exterior y aduanas, y también nos referimos a la industrialización con el nacimiento y desarrollo del obrerismo. Hoy continuamos con los temas financieros y monetarios, la inversión extranjera y los ferrocarriles, que tanta importancia tuvieron para hacer un mercado único de piezas antes comparativamente separadas, y con regulaciones diferentes.

  1. SISTEMAS FINANCIERO Y MONETARIO

El nacimiento del sistema financiero español ya moderno, se inició en 1782, con la creación del Banco de San Carlos, que tuvo un precedente importante en la creación del Giro Real en 1752. Una institución para ordenar las transacciones con el exterior, estando a cargo de la Hacienda Real en ese momento Don Zenón de Somovilla y Goicoechea, Marqués de la Ensenada, “ministro de casi todo” de Fernando VI, y seguramente el mejor administrador público que tuvo España en siglos.

El Banco de San Carlos, fue una de las grandes instituciones creadas en el reinado de Carlos III, y su primer configurador y Director (todavía no Gobernador), fue Francisco Cabarrús, financiero de origen francés, que vivió en España desde los 18 años, que en 1872 ideó la referida entidad bancaria, para financiar la participación española en la guerra con Inglaterra (1779/1783) y pro independencia de EE.UU. 

El Banco, gradualmente, iría adquiriendo las funciones típicas de un banco central. Primero de todo, como agente del Tesoro, a fin de gestionar la emisión de títulos de Deuda Pública (vales reales), y para garantizar su servicio de pago de intereses y amortizaciones, todavía sin emitir billetes.

Fue en 1868, con la Revolución de septiembre, cuando se creó definitivamente un sistema monetario moderno, basado en la peseta, siendo el Presidente del Consejo de Ministros el General Prim, y su Ministro de Hacienda Laureano Figuerola. El sistema se alineó con las pautas de la Unión Monetaria Latina (Francia, Italia, Bélgica y Suiza), y en él se adoptó el patrón bimetálico de plata y oro. Posteriormente, la afluencia de plata cambió en el mercado la rígida relación oficial plata-oro (15,5), de manera que en 1873, el Ministro de Hacienda José Echegaray (Premio Nobel de Literatura), para evitar la total pérdida de las reservas del metal amarillo, hizo que el Banco de España suspendiera sus pagos en oro, transformándose así el sistema en un patrón cojo, a base de plata únicamente.

Un año después, el sistema pasó a ser fiduciario cuando, por la Ley del 19 de marzo de 1874, que promovió el monopolio de emisión de billetes, como complemento de las acuñaciones de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Así el Banco asumió la segunda de sus características como banco central: “único instituto emisor”.

Después vino la tercera característica de banco central: banco de bancos. Se realizó cuando en 1900, tras el final de la guerra hispano-norteamericana –con la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la Micronesia—, la cartera de títulos del Estado expresiva de la deuda pública fue siendo sustituida por la cartera comercial, de modo que el Banco de España empezó a facilitar liquidez al sistema bancario privado, a través del redescuento de letras de cambio y otros efectos.

La repatriación de capitales, tras la referida pérdida de ultramar, contribuyó también a la configuración de la gran banca. Fue entonces cuando se crearon el Banco Hispano Americano y el Banco Central (de carácter privado, a pesar de su nombre), y cuando reforzaron su actividad el Banco de Bilbao (el decano de los «grandes», creado en 1856) y el Vizcaya. El Banesto, Banco Español de Crédito, surgiría formalmente en 1920, al españolizarse la anterior banca francesa —-de los hermanos Pereyre, inversores ferroviarios— conocida como Crédito Mobiliario que se había fundado en 1856. 

En cuanto a la Bolsa de Valores, la primera de ellas en España fue la de Madrid, que surgió en 1831, más de un siglo después del nacimiento de la de París (1724); muestra más que evidente del retraso en el progreso de industrialización y de las operaciones masivas de compraventa de acciones. De hecho, la vida bursátil española hasta bien entrado el siglo XX, fue siempre, más o menos lánguida, no viéndose alterada más que por los ocasionales escándalos financieros.

  1. INVERSIÓN EXTRANJERA Y FERROCARRILES

En buena parte, la modernización del sistema productivo y de las infraestructuras básicas se llevó a cabo en gran medida por la inversión extranjera. La red ferroviaria se implantó a partir de 1848 (año de la inauguración de la primera línea Barcelona- Mataró), financiada básicamente por capitalistas foráneos, que acometían los proyectos y colocaban después sus acciones en el mercado para resarcirse especulativamente.

Como tantas veces se ha comentado, la inversión extranjera pretendió en una primera fase lograr en España materias primas (minería), y un mercado para sus productos (ferrocarriles). Después, cuando desde 1892 quedó plenamente instaurado el proteccionismo, prestó mayor atención a la industria (químicas, metalúrgicas, etc.), para aprovechar desde dentro el semicerrado mercado interior español, de gran protección por la política arancelaria, como vimos en la primera entrega de este artículo, instalada por Cánovas del Castillo, en 1892.

Por último, con el proceso de urbanización, la inversión exterior también se ocupó de los servicios (generación de electricidad, traídas de aguas, tranvías, seguros, banca, etc.).

El sistema ferroviario (1855, Ley General del Ferrocarril, con el ancho español), consolidado con la Restauración, significó el cierre lógico de la formación del mercado nacional. Con un transporte más veloz y menos costoso, las diferencias de precios preexistentes entre las distintas regiones, se redujeron sensiblemente. Los flujos de mercancías se regularizaron, y las ventajas locacionales de la industria se revelaron como factor decisivo para el nuevo mapa industrial.

Las áreas industrialmente más avanzadas del País Vasco y de Cataluña, fueron haciéndose con el mercado nacional. En tanto que las actividades artesanales o de manufactura previamente diseminadas por todo el territorio nacional cerraron gradualmente, dejando el mercado a los productos industriales más baratos, procedentes de las fábricas movidas por el vapor, y donde el maquinismo había entrado de forma definitiva.

Si España entera era comparativamente un país menos desarrollado con relación a Inglaterra, Francia y Alemania, a finales del siglo XIX, dentro de España la inmensa mayor parte del territorio quedó en mucho menor desarrollo relativo en relación a Vascongadas y Cataluña.

  1. EL FIN DE LOS GREMIOS Y EL COMIENZO DE LAS ORGANIZACIONES PATRONALES (1833-1875)

Antes de apreciarse el proceso de industrialización, los productos no agrícolas procedían en España de la artesanía o de manufacturas, donde los gremios conservaban el monopolio en la oferta y la demanda de trabajo. Si bien la Constitución de 1812 puso fin al sistema gremial, ese precepto no llegó a entrar en vigor. Y tras el efímero paréntesis del Trienio Constitucional (1820-1823), todo siguió más o menos igual que antes, en el régimen estamental.

En realidad, fue el Gobierno con Cea Bermúdez, el que en la regencia de Isabel II, por Real Decreto de 20 de enero de 1834, decidió la libertad de trabajo, al establecerse que no podrían formarse asociaciones gremiales destinadas a monopolizar la producción en favor de determinados grupos de individuos, y que ninguna ordenanza gremial sería aprobada en lo sucesivo en caso de contener disposiciones contrarias a la libertad de fabricación, o a la concurrencia indefinida del trabajo y de los capitales. Como dice Miguel Artola (en su libro La Burguesía Revolucionaria), ésta se convirtió en formulación continuamente repetida, en verdadera «piedra angular de la concepción liberal de las relaciones laborales». 

Ciertamente, el nuevo orden liberal aceptó, de una u otra forma, el asociacionismo patronal. La Mesta perdió sus funciones judiciales por una orden de 31 de enero de 1836; pero continuó existiendo como «Asociación General de Ganaderos». Igualmente subsistieron, cambiando sus funciones, antiguas entidades patronales, como el «Cuerpo de hilados, tejidos y estampados de Cataluña», pero ya como asociaciones. Además, durante el Trienio Constitucional ya habían nacido organizaciones como la «Comisión de fábricas de hilados, tejidos y estampados de algodón», de Barcelona, que más adelante, en 1874 se transformó en «Junta de Fábricas», de carácter más general.

En Madrid, surgió, en 1840, el «Instituto Industrial de España». Y luego, cuando el debate librecambismo/proteccionismo se animó, aparecerían otras entidades patronales para defender sus intereses concretos en temas como Arancel de Aduanas y tratados comerciales (entre ellas, especialmente el «Fomento del Trabajo Nacional» de Barcelona).

  1. ASOCIACIONISMO OBRERO Y LUCHA DE CLASES

Todavía en la década progresista 1836/1845, la Real Orden de 28 de febrero de 1839, el Gobierno de Evaristo Pérez de Castro ordenó a los gobernadores que apoyasen la constitución de entidades obreras de ayuda mutua. Se organizaron así las primeras asociaciones legales de trabajadores. En 1840 se creó en Barcelona la «Sociedad de mutua protección de tejedores de ambos sexos», disuelta tras el levanta miento barcelonés de 1842, que reprimió el General Espartero. La Represión del asociacionismo obrero se acentuó al iniciarse la década moderada. Y en 1846, siguiendo el modelo francés, se estableció la «cartilla de trabajo», destinada a reflejar la historia de cada obrero y sin la cual no se permitía la contratación.

La generalización de entidades semisindicales obreras al socaire de las mutuas, llevó al gobierno en 1853 (presidido por Luis José Sartorius Tapia) a prohibir las no puramente mutualistas. Al año siguiente, con ocasión de diversos conflictos huelguísticos en Barcelona, el capitán general de Cataluña (Ramón de la Rocha y Duji) amenazó a los obreros con la pena de muerte en caso de no volver al trabajo.

Vino después la mayor libertad política de la Revolución de la Vicalvarada –promovida por O’Donnell y en la que intervinieron Madoz y Cánovas del Castillo—, que dio al escenario social un cierto dinamismo. Desde entonces, empezaron a constituirse grupos obreros organizados de curtidores, picapedreros, pintores, albañiles, toneleros, etc. Siendo Madoz gobernador de Barcelona, toleró los contactos entre las agrupaciones, de las que surgió una primera intersindical o central española, la «Comisión de las clases obreras».

El siguiente gobernador civil de Barcelona, Cirilo Franquet, fue aún más lejos en su progresismo, pues dictó un bando, el 30 de abril de 1855, admitiendo los jurados mixtos, los convenios colectivos, prohibiendo a los empresarios los cierres de fábricas (lock outs) sin preaviso de al menos ocho días. Pero esta nueva actitud oficial involucionó en pocas semanas, como consecuencia de la declaración del estado de sitio en Barcelona por el general Zapatero frente al movimiento carlista. Zapatero aprovechó para suprimir las libertades de asociación obrera, y ello desató la huelga general de 2 de julio de 1855, que dio el triunfo a las aspiraciones de los trabajadores.

Cuando se disolvieron las Cortes del bienio progresista en 1856, se volvió al control represor, como se patentizó en la Real Orden del 10 de junio de 1861, que marcó la prohibición sistemática de cualesquiera organizaciones obreras; situación que continuó hasta 1868. En esa actitud represora, influyó la insurrección campesina de Loja en 1861, al grito de «Viva la República y muera la Reina», por no acceder los jornaleros a los beneficios de la Desamortización: llegaron a juntarse 20.000 hombres armados, que fueron reducidos militarmente.

En 1868, con el triunfo de «La Gloriosa», la revolución de septiembre encabezada por Prim, Serrano y Topete, las cosas comenzaron a cambiar otra vez. En octubre se creó en Barcelona el «Centro Federal de Sociedades Obreras», que llegó a tener 250.000 miembros reunidos en 199 sociedades obreras. En noviembre, el Gobierno Prim promulgó el Decreto regulando el derecho de asociación y de reunión, incluyendo las cuestiones sindicales.

Por lo demás, la propaganda de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) creció en intensidad en toda España. Antonio Marsal y Anglora, mecánico catalán, conocido por «Sarro Magallén», fue el primer español que contactó con la AIT en su III Congreso (Bruselas 1868), en el que Carlos Marx se comprometió a preparar un escrito para las Cortes de Madrid, proyecto que no prosperó. 

Un mes después, octubre de 1868, el diputado italiano muy radicalizado, Giuseppe Fanelli, de la AIT, enviado por Bakunin, llegaba a España. Lafargue, el mensajero de Marx –que casó con su hija Laura, para luego suicidarse juntos antes de hacerse viejos—, llegaría dos años después, en diciembre de 1871, tras la Comuna de París, el dramático evento que aceleró la descomposición de la AIT. De hecho ésta desapareció en 1872 con el congreso de La Haya, cuando Marx consiguió llevar la sede de la AIT a Nueva York, para así alejarla de las «conspiraciones bakuninistas»; con el alejamiento de hecho, se puso término a la Primera Internacional.

Durante el reinado de Amadeo de Saboya (16.XI.1870/11.II.1973), la represión al movimiento obrero se suavizó, y con la Primera República el movimiento obrero empezó a fijarse objetivos concretos; como la enseñanza obligatoria, el no trabajo de los niños, la reducción de la jornada laboral (que el 15 de febrero de 1873 se fijaba en Barcelona en 64 horas semanales). Después, con la República autoritaria de Serrano (1874), la represión volvería, hasta ya avanzada la Restauración, cuando el anarcosindicalismo y el socialismo protagonizaron el movimiento obrero.

Dejamos aquí el tema, y espero que los lectores de República.com se estén percatando de la importancia del tema que nos ocupa. Poco a poco, según hemos ido viendo, el mercado común español exigía también organizaciones a escala nacional. Que habían de presionar sobre los sucesivos gobiernos en una senda de progreso, con avances y retrocesos, en todo lo que fue la torturada Historia española del siglo XIX. Seguiremos el próximo jueves 16, y en el interim, pueden conectar con el autor, como siempre, a través del correo electrónico castecien@bitmailer.net.