La colaboración público-privada: una oportunidad para la Administración local

La Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) es una entidad, presidida por Frances Sibina, con Alberto Dorrego como Vicepresidente, y Pere Macías como Director, que se ocupa de asegurar transparencia en todo lo que se refiere a los concursos públicos de concesiones y contratación de servicios públicos.

En cuanto a la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP), se creó el 19 de marzo de 2017, y su finalidad es trabajar, sin ánimo de lucro, en el objetivo de que la calidad presida las actividades de las Administraciones Públicas, en todo lo que concierne a las prestaciones que éstas hacen a la ciudadanía.

AESP, ha realizado numerosos estudios sobre los servicios públicos del ciclo del agua, sanidad, y otras prestaciones a la ciudadanía, defendiendo siempre el criterio de la calidad por encima de todo. Con los posibles costes ajustados a la máxima racionalidad, y todo ello en gestión pública o privada (por concesionalidad), pasando siempre por licitaciones para evaluación de toda clase de capacidades y plena transparencia.

En este sentido, tanto la gestión pública como la privada deben reunir las condiciones de eficacia (hacer las cosas), eficiencia (hacerlas bien), costes ajustados a los criterios más adecuados, y capacidad para atender las necesidades al prestarse los servicios públicos con experiencia comprobada y posibilidades de I+D+i.

Juntas, CCIES y AESP organizaron, el 7 de mayo de 2019, en el Instituto de Estudios Económicos (IEE), un encuentro para presentar el documento elaborado por ambas entidades de cara a los servicios públicos en el trance electoral local y regional más inmediato.

Efectivamente, los ciudadanos españoles serán llamados a las urnas el 26 de mayo de 2019, para elegir a sus concejales quienes, a su vez elegirán a los alcaldes, formándose así los ayuntamientos que durante los próximos cuatro años gobernarán los municipios. Y lo mismo sucede con las CC.AA. de las 17+2 autonomías.

En ese sentido, los partidos políticos preparan ya sus programas electorales, al objeto de lograr la máxima representación en los consistorios, a fin de aplicar políticas públicas para mejorar la calidad de vida y para contribuir al progreso económico y social de la ciudadanía.

De cara a esa convocatoria electoral, la CCIES y la AESP elaboraron un documento a fin de transmitir a los candidatos, en primer lugar, y a toda la ciudadanía seguidamente, una serie de reflexiones en torno a las distintas modalidades de prestación de los servicios públicos, tan indispensables para la vida cotidiana. Tratando de que, con el mayor rigor y claridad posibles, se expongan las ventajas que para la gestión de los servicios públicos suponen las aportaciones de la colaboración público-privada (CPP).

El documento en cuestión –sintetizado en un Decálogo— se ofrece ante la situación creada en los últimos tiempos, cuando se ha recrudecido el discurso sobre la mal llamada remunicipalización de los servicios públicos. Un concepto erróneo, de entrada, ya que en ningún momento los ayuntamientos han abdicado de la titularidad pública de los servicios que prestan en pueblos, ciudades y regiones. Cosa bien distinta es el hecho que las Administraciones puedan optar por gestionar esos servicios públicos directamente, o bien a través del sistema de concesionalidad, por parte de empresas especializadas, y manteniendo siempre la evaluación y el control sobre los concesionarios.

Hemos asistido en tiempos recientes a no pocos procesos de recuperación de la gestión directa de servicios municipales y a la práctica de intensas presiones desde los poderes locales sobre las empresas concesionarias. Especialmente en campos tan sensibles como el ciclo del agua, los servicios funerarios o las guarderías. Con resultados de esa internalización de los servicios que no solamente no mejoran su prestación, sino que, además, a menudo, gravan más a los usuarios, al generarse un notable aumento de tarifas, amén de una pérdida de calidad.

Desde los albores de la civilización urbana, la gestión basada en la CPP ha constituido un modelo clave para el progreso de la sociedad, y especialmente para los servicios públicos que prestan en los municipios en ámbitos como la salud, la educación, el ciclo del agua, el alumbrado público, la movilidad y el estacionamiento, el medio ambiente, etc.

La experiencia muestra cómo el modelo de gestión CPP permite aprovechar mejor los recursos económicos y técnicos de las empresas, dotando a la ciudadanía de un más alto estado del bienestar. Y la actividad de esas compañías concesionarias, siempre debidamente monitorizadas y controladas, se lleva a cabo con la tutela de la Administración titular del servicio y con arreglo a unas condiciones perfectamente reguladas. Si bien es cierto que, en algún caso, los recursos municipales para ejercer el control han sido insuficientes, con resultados no tan buenos por la referida desatención.

El documento CCIES/AESP pretende aportar datos objetivos y argumentaciones lógicas para que cualquier persona pueda formar su propia opinión, sobre una cuestión tan relevante de cara al bienestar individual y general, superando la falta de rigor, así como la renuncia al más elemental pragmatismo por parte de algunas autoridades locales.

En otras palabras, con el documento se quiere posibilitar un debate ciudadano sobre las distintas formas de prestación de los servicios públicos, basado en una información veraz y ajena a condicionantes ideológicos.

Al mismo tiempo, se pretende dar a conocer a los candidatos municipales las potencialidades de la colaboración público privada en la prestación de los servicios públicos.

Y por último, se aspira a concienciar a los futuros ediles sobre la importancia de acometer políticas decididas de innovación para afrontar los profundos cambios tecnológicos y sociales.

El documento, como ya se dijo, sintetiza sus recomendaciones en el Decálogo que sigue:

  1. La calidad de los servicios públicos municipales constituye la primera expresión válida de la voluntad de dotar a la ciudadanía de una vida digna y en igualdad de condiciones. En ese sentido, hay que elegir entre gestión pública directa o concesional, en función de calidad, costes, experiencias, nuevas tecnologías, etc. con vistas a alcanzar la excelencia en la prestación de los servicios.

  2. Los Ayuntamientos, y los demás organismos de gobernanza local, tienen la responsabilidad exclusiva e intransferible de la planificación, dirección y control de los servicios públicos de su competencia.

  3. La forma en que se presten estos servicios, debe atender preferentemente a un criterio de calidad, con el objetivo permanente de alcanzar la excelencia. Teniendo en cuenta, muchas veces, el grave problema de despoblación de áreas muy extensas, con gran dispersión poblacional.

  4. El coste de los servicios comprende tanto los derivados directamente de la explotación, como los de la inversión neta y también los que provienen del control y evaluación de su calidad. Cualquier balance incompleto que se presente a los ciudadanos comporta una falta grave de lógica económica y de transparencia.

  5. Existe en España un acreditado sector concesional con amplia experiencia en la prestación de todo tipo de servicios municipales, como el inventario histórico demuestra.

  6. Los más importantes organismos internacionales, las Naciones Unidas y la Unión Europea de forma expresa, apuestan claramente por la colaboración público-privada, CPP, que puede redundar en mejor calidad, más bajos costes, etc.

  7. La investigación y la innovación (I+D+i), son claves para la mayoría de los sectores en los cuales se prestan servicios públicos municipales. En esa dirección, la existencia de operadores privados ya experimentados permite la continua introducción de nuevos procesos y de las mejores tecnologías, economía digital, inteligencia artificial, etc.

  8. Las fórmulas de CPP facilitan la promoción profesional, favorecen un empleo de calidad, y garantizan la continuidad de los puestos de trabajo. Impidiéndose, además, en gran medida, un nepotismo que llega a considerarse normal, el bloqueo del intrusismo laboral que resta eficiencia, y la lucha contra cualquier tipo de corruptelas o corrupción.

  9. Los Ayuntamientos deben proceder a la substanciación de las licitaciones de servicios, aportando unos pliegos de condiciones rigurosos, y que contengan todos los elementos necesarios para definir y valorar los contratos que vayan a tener un largo periodo de vigencia.

  10. Asimismo, los Ayuntamientos deben establecer procedimientos eficaces de seguimiento, control y evaluación de los servicios prestados, con el objetivo de garantizar su calidad y evaluar sus costes a fin de reducirlos en lo posible.

Encuentro en el Instituto de Estudios Económicos del 7 de mayo de 2019

El Decálogo fue discutido en la citada reunión del IEE, en la mañana del 7 de mayo, con una nutrida asistencia que a continuación se detalla:

Asistentes al acto de presentación del informe

LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA:

UNA OPORTUNIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL,

de AESP Y CCIES

 

Ponentes:

José Luis Feito, Director del Instituto de Estudios Económicos (IEE)

Francesc Sibina, Presidente Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES)

Ramón Tamames, Presidente de la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos, AESP

Ramiro Aurín, Director General AESP

Alberto Dorrego, Letrado de Cortes y Vicepresidente de CCIES

Almudena Semur, Secretaria del IEE

Prensa y otros medios:

Nicolás Alba, El Mundo

Marta Alberca, La Razón

Guillermo Altares, El País

Emilio de Diego, ABC

Nacho Faes, El Economista

Miguel Fuentes, El Confidencial

Massimo Galimberti, Sobremesa

Leopoldo Gonzalo, Voz Populi

Angelo Pantaleoni, Pensamiento Italiano

José María Pérez de Tudela, Boletín Instituto Estudios Económicos

Jesús Sánchez Lambás, Revista de Occidente

Alfonso Vidal, Crónica Económica

Carmelo Encinas, 20 minutos y Fernando Jáuregui, Educación2020, a última hora no pudieron asistir

Consultores:

Enrique de Aguinaga, Cronista mayor de la Villa de Madrid

Eduardo Bermúdez, Financiero

Felipe Debasa, Vicepresidente del Club Financiero Génova

Gonzalo Ortiz, Embajador de España

Gonzalo Sol, Real Academia de Gastronomía

Félix López Palomero, Foro Agrario

Los autores del texto (sintetizado por Ramón Tamames), se ofrecen a atender observaciones en castecien@bitmailer.com. Dirigiéndose a ese correo electrónico también pueden solicitar el envío del documento en cuestión.