Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019

Las reformas fiscales en España y el actual sistema tributario (y IV)

A lo largo de tres anteriores entregas de este artículo, hemos ido viendo el desarrollo del sistema fiscal de España, desde la “Reforma Mon-Santillán de 1845 (durante el Decenio Moderado, de política muy conservadora), en lo que fue, prácticamente, el último movimiento de unificación de la Hacienda Pública para toda España. Con una sistemática que en lo fundamental persistió hasta los cambios fiscales de 1900 con el Ministro Raimundo Fernández Villaverde. Justamente tras el Desastre de 1898, por la guerra con EE.UU. y la pérdida del Imperio ultramarino de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la Micronesia. Hubo que realizar entonces un importante esfuerzo, a fin de sanear la Hacienda Pública, por la enorme deuda contraída durante las guerras coloniales, a base de nuevos impuestos en forma de utilidades del trabajo, capital, etc.

El siguiente movimiento de la larga secuencia ya vista fue la contribución sobre la renta, introducida por el Ministro Carner durante la Segunda República Española, en el llamado bienio progresista (1931/1933), gobernando Manuel Azaña. Primer espécimen de la progresividad en el sistema impositivo español.

Después de la guerra civil 1936/1939 –cuya financiación acabó con los recursos de oro del Banco de España y con deudas a liquidar con Italia y Alemania—, el jurista José Larraz, Ministro de Hacienda de Franco, quiso reforzar la progresividad de la contribución sobre la renta. Cosa que se impidió, por quienes pensaban que la guerra civil la habían ganado los nacionales, más ricos que los republicanos, y que sería una contradicción para ellos más precisamente. Circunstancia por la que Larraz dimitió con singular honestidad.

La gran reforma siguiente se hizo mucho después -con transformaciones intermedias de no gran calado-, por el tándem ministerial Enrique Fuentes Quintana/Francisco Fernández Ordoñez, dentro del esquema de los Pactos de La Moncloa, en 1977. Generándose así un sistema integrado por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el de beneficios de sociedades, el impuesto sobre el valor añadido (IVA), los tributos especiales (tabaco, alcoholes, combustibles líquidos, etc.) y otros impuestos. Debiendo recordarse que, desde 1986, los ingresos por aduanas pasaron al presupuesto global de la UE.

Como complemento de la Reforma Fuentes/Ordoñez deben mencionarse las Haciendas de las CC.AA. Que a partir de la Constitución de 1978 se financian con algunos impuestos propios, los transferidos por el Estado (sucesiones, donaciones, actos jurídicos documentados, etc.), más la participación de las autonomías en los grandes impuestos antes citados. En función de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación Autonómica) de 2009, esas transferencias Estado/CC.AA. son del 50 por 100 de IRPF y de IVA, y del 58 por 100 de los especiales. Además, las autonomías se nutren de recursos extraordinarios, endeudándose con la Administración General del Estado, mediante el recurso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y más recientemente, al Fondo de Facilidades Financieras (FFF).

Por lo demás, en los presupuestos para 2019, pendientes aún de aprobarse –en una situación política muy conflictiva con los apoyos parlamentarios que tiene el Presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, de los populistas e indepes—, están los nuevos impuestos llamados Tobin y Google. El primero, sobre las transacciones financieras: un 0,2 por 100 del gravamen sobre la cifra del negocio bursátil. Y el segundo, una nueva carga fiscal para las empresas de alta tecnología, con un rendimiento que se supone podría estar en 1.200 millones de euros en 2019.

Ambos nuevos tributos son de lo más extemporáneo. El primero, porque hace menos interesante el acceso a la bolsa española, muy deteriorada en los últimos tiempos. Y el segundo, porque puede significar un revulsivo para inversiones en nuestro país, por parte de las llamadas empresas superexponenciales, que hoy ocupan los primeros puestos del ranking en el mercado de Nueva York (Google, Facebook, Amazon, Apple, etc.).

Además, dentro de los ingresos de los PGE están los de la Seguridad Social, verdadero impuesto sobre el trabajo. Que se paga en un 85 por 100 por los empresarios y un 15 (cuota obrera) por los empleados. Que en su conjunto, es el mayor ingreso previsto en los PGE, 153.000 millones de euros en 2019, fundamentalmente para pensiones.

De modo que la Seguridad Social junto con los ingresos fiscales, 227.000 millones, hace un total de 380.000 millones. Lo que significa que la Seguridad Social supone el 40,2 por 100 del total. En tanto que los ingresos globales representan el 29 por 100 sobre el PIB; que con los impuestos municipales y propios de las CC.AA. suponen una presión fiscal en torno al 35 por 100 del PIB, cinco o seis puntos por debajo de lo que podríamos tener si no hubiera mucho fraude a efectos de cualquier clase de gravamen.

A partir de la presentación general hecha de los presupuestos de 2019, creo que deberíamos hacer una crítica de los mismos, para lo cual se plantean una serie de cuestiones:

  • La primera, que los impuestos previstos son un 9,5 por 100 mayores que los de 2018. Porcentaje poco creído por todos (Círculo de Empresarios, Banco de España, Autoridad Fiscal Independiente, etc.), por un excesivo optimismo, ya que el crecimiento del PIB pasa del 2,5 en el 18 a un mero 2,2 en el 19. A ese respecto, a continuación se expresan los ingresos previstos para los impuestos principales, con los incrementos planteados en ese desiderátum de los PGE:
  • IRPF: 86.454 + 4,9
  • Sociedades: 27.579 + 14,3
  • IVA: 78.307 + 11,7
  • Especiales: 23.057 + 11,8
  • Otros: 11.959 + 16,4
  • Total: 227.356 + 9,5
  • Los ingresos de la Seguridad Social están muy por debajo de las exigencias de la misma, 153.000 millones de euros, como ya se dijo antes. Con un déficit inicial cifrado en 15.000 millones, que se acumulan a lo que ya había hasta ahora de deuda de los últimos años, de unos 70.000 millones. Una grave situación, que habría exigido, si no estuviéramos ante una política económica tan cortoplacista, una solución adecuada, en cuya controversia estamos de hoz y coz, que se decía vulgarmente.
  • El déficit fijado inicialmente en el 1,8 por 100 del PIB, luego se redujo (por imposición de la UE desde Bruselas) al 1,2 del PIB (14.560 millones de euros). Un guarismo en el que nadie cree tampoco. Empezando por el Banco de España, por su idea de que los ingresos fiscales no pueden crecer con la intensidad que se prevé por el Gobierno.

A destacar, la importancia que tienen los presupuestos en España, como se advertirá por el gran número de personas que dependen de una forma directa de ellos, para garantizar sus prestaciones de todo tipo. Más en concreto, podemos especificar los siguientes efectivos de asistencia presupuestaria:

  • 9,5 millones de personas por pensiones contributivas, más medio millón no contributivas. Un total de 10 millones de jubilados y pensionistas.
  • 3,3 millones de parados, incluyendo las prestaciones cuando ya se han acabado las legalmente previstas, para lo cual hay una especie de renta social básica de 426 euros por persona.
  • Un millón de ciudadanos que reciben prestaciones por la Ley de Dependencia, que significan también un aporte presupuestario de cierta magnitud.
  • Tres millones y medio de funcionarios, en una macronómina en rápido ascenso, sobre todo por la burocratización de las CC.AA.
  • En total, los dependientes de los PGE suman 17 millones de personas, un 36,5 por 100 de la población total. Gastos que irán in crescendo, como consecuencia del envejecimiento de la población española, y de la fuerte presión para aumentar la Seguridad Social. Muy por encima de las posibilidades reales, llegándose a pedir por los jubilados vizcaínos, 1.080 euros mensuales de pensión mínima, superando los 900 euros acordados para el presupuesto de 2019. Y que desde luego, también superan las cifras asignables en buena lógica, por el sistema de un régimen de Seguridad Social cada vez más deficitario.

Los temores se van confirmando. El presupuesto aún no aprobado de 2019 –y lo que te rondaré, morena—, está desestimulando la creación de empleo: en enero de 2019 hubo una caída de 204.865 afiliados a la Seguridad Social, el peor enero desde 2013. Y un aumento de la cifra oficial de parados de 83.464, para llegar a un total de paro registrado de 3.285.761. Con lo cual se esfuman las tesis más optimistas del Premio Nobel Stiglitz y de muchos opinantes de la izquierda económica, que veían la subida del salario mínimo interprofesional (22 por 100) como una especie de bálsamo de Fierabrás. Todo lo contrario: aparte de algunas incidencias coyunturales estacionales, la creación de empleo ha entrado en un ciclo posiblemente muy negativo.

En cuanto al nivel de deuda pública, que se mantiene en el 95 por 100 del PIB, no hay claros propósitos de reducirlo, en contra de las recomendaciones del FMI, la OCDE, y la propia UE. En ese sentido, recordaré que hace bien poco, en el Foro de Nueva Economía, José Luis Escrivá, Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española, AIReF, planteó una crítica muy dura al olvido crónico del exceso de deuda.

En esa dirección, el artículo 135 de la Constitución se enmendó a mediados de 2011, de común acuerdo entre el Gobierno de Rodríguez Zapatero y la oposición de Rajoy. Para luego, ya con el PP en el Ejecutivo, publicarse la Ley de Estabilidad Financiera, en 2012, en la que se fijó el objetivo de llegar en el 2020, ya a la vuelta de la esquina, a un máximo del 60 por 100 de Deuda; con una emisión neta prácticamente cero, según la regla de oro de la Unión Fiscal.

“De lo dicho, no me acuerdo”, podría decirse, porque hemos llegado al 95 por 100 de Deuda en relación con el PIB en 2019, con lo que esa ingente acumulación representaría en caso de que los tipos de interés pudieran subir, o de recesión a la vista. Aparte de que una deuda tan abultada no es lo mejor para un país a efectos de apreciación internacional.

En resumen, cabe decir que los PGE, como otras medidas del Gobierno, tienen el lastre del populismo y del cortoplacismo. A lo cual se añaden las exigencias del soberanismo catalán en mayor medida, sin olvidarnos del vasco.

Y como siempre, quedamos a la disposición de los lectores de Republica.com, para cualquier comentario, en castecien@bitmailer.net.