¿República Catalana?: recordando 1934

A la vista de los acontecimientos, en las comparecencias recientes, ante el Tribunal Supremo, de los señores Homs y Mas, así como los preparativos de la llamada Ley de Desconexión en Cataluña, y escuchando también lo que se dice sobre una posible proclamación de la República Catalana, sin ni siquiera contar con el Parlament, me pareció interesante evocar lo que sucedió en 1934. En una situación similar en algunos aspectos -y no en otros-, cuando se hizo una proclamación de independencia desde el Palacio de la Generalidad en Barcelona.

Un poco de historia no vendrá mal: en 1931, el pueblo catalán aprobó el texto de su Estatuto de Autonomía en referéndum. Para luego pasar el texto refrendado a las Cortes Republicanas, donde, después de discutirlo y enmendarlo durante más de un año, fue finalmente aprobado en septiembre de 1932. En un momento en que Azaña, por entonces Presidente del Consejo de Ministros, dio el máximo impulso al proyecto; aprovechando la nueva ola de republicanismo que produjo la fallida sublevación militar del General Sanjurjo del 10 de agosto de 1932.

Y fue Azaña quien hizo un memorable discurso en el Congreso de Diputados en defensa del Estatuto, que a pesar de su parco contenido en materia financiera y educacional, tenía bastante sustancia para sentar las bases, se decía, de una Cataluña nueva, dentro de la República.

No obstante las buenas expectativas políticas, los efectos económicos de la Gran Depresión, con la consiguiente agitación social y las turbulencias obreras, y el juego de las diversas fuerzas políticas para ver quién era más catalanista, no hicieron posible el normal desarrollo del nuevo régimen autonómico. A pesar de la circunstancia de que a diferencia del resto de España las elecciones de noviembre de 1933, por la fuerte abstención obrera recomendada por los anarquistas, dieron la victoria a las derechas. Salvo precisamente en Cataluña, donde en los comicios para el parlamento Esquerra (ERC) supo atraerse a la masa campesina y a un sector importante de la masa obrera, hasta entonces indiferente al catalanismo.

Esa ampliación de ERC significó la integración y plenitud del movimiento nacionalista, lo cual complicó las relaciones entre la Generalidad y el gobierno de la República. Sobre todo a raíz de la Ley (catalana) de Contratos de Cultivo, favorable a los arrendatarios y aparceros, a los cuales se quería garantizar mediante la Ley su permanencia en la tierra y su posible acceso a la propiedad. Pero ese texto fue recurrido por el Gobierno de la República ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, cuya sentencia declaró incompetente al Parlament para legislar en materia social agraria (junio 1934).

A partir de ese momento se entró en negociaciones de ambas partes, y cuando parecía haberse encontrado una salida airosa para acabar con el conflicto, estalló la llamada revolución de octubre de 1934. Ocasionada sobre todo por la oposición del PSOE y de ciertos republicanos, a la entrada de tres ministros de la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, en el gobierno de Lerroux. Revolución que fue fácilmente sofocada en toda España, salvo en Asturias. Donde hubo una fuerte represión dirigida por el Ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, que encargó al General Franco de poner fin a la rebeldía con fuerzas de la Legión.

En Cataluña, con muy poco juicio, y presionado por la masa obrera y los grupos ultranacionalistas catalanes, Lluís Companys, como Presidente de la Generalidad, declaró la independencia del Estat Catalá dentro de la Federación Ibérica: un triste renovado intento de volver a la situación política del primer bienio republicano, cuando también en Barcelona Francesc Macià quiso instaurar una república federal el propio 14 de abril de 1931.

En 1934, el Capitán General de Cataluña, Domenec Batet i Mestres -catalán, republicano y católico-, tras consultar al Presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux, ya lo dijimos, puso fin a la sedición en unas horas con el Ejército de la República: murieron 46 personas, 8 soldados y 38 civiles, en el enfrentamiento que se produjo frente a los Mossos d’Esquadra, el Somatén, y los Escamots. Y Lluís Companys fue objeto de un juicio que le condenó a 30 años.

Naturalmente no vamos a hacer una comparación simplista entre 1934 y 2017. Pero en lo que sí hay similitud es en que aquello de Companys fue una traición a la República y a la Constitución de 1931. Y lo de ahora es una traición de los convergentes y ERC a la Constitución de 1978 y a la democracia española. Por muy catalanista que se sea, y viviendo en democracia, no es posible ignorar la Ley de Leyes. Ni el hecho de que desde 1978 hemos vivido, en democracia, un progreso sin precedentes en la Historia de España.

Que el Sr. Homs y Mas pretendan reírse del Tribunal Supremo haciendo como que no se habían enterado de lo que decía el Tribunal Constitucional, y de lo que dijimos muchos desde toda clase de medios sobre el referéndum del 9-N, es sencillamente penoso: resultó patético escuchar a ambos personajes, diciendo algo así como “nosotros pasábamos por allí, y no nos enterábamos de nada”. Eso no es de hombres capaces y respetuosos de la Ley establecida en un Estado de Derecho.

La posible proclamación de Carles Puigdemont no sería como la de Lluís Companys. Ni tendría que intervenir un capitán general, ni haber enfrentamientos entre las fuerzas que defienden la democracia y las que proclaman la secesión. De eso, podemos estar seguros.

Bastará con que el Gobierno de la Nación ponga a los personajes en su sitio, con su inhabilitación para desempeñar cargos públicos, y seguramente con la invocación del artículo 155 de la Constitución (conocido en la jerga jurídica como “intervención federal), a fin de suspender las pretendidas capacidades de la Generalidad para hacer una proclamación como la referida.

La mera protección de los ciudadanos catalanes en general de semejantes dislates y sus consecuencias, obliga, inevitablemente, a una respuesta importante para mantener la unidad de la nación española. Sin perjuicio de que ulteriormente, en un contexto razonable, y dentro siempre de la Constitución, se negocie lo que deba negociarse.

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