La transición española como expresión de cambio político pacífico de la dictadura a la democracia (III)

El pasado jueves 14 de mayo, empezamos este artículo, del que hoy ofrecemos la tercera entrega. Se trata de una especie de síntesis de lo que fue la transición democrática, ahora tan denostada por algunos; en gran medida, por la ignorancia de lo que supuso aquel esfuerzo de muchas fuerzas políticas en España por llegar a un entendimiento. Y tras haber analizado el fracaso de la falsa reforma de Arias Navarro y Fraga, y vistas los movimientos de la oposición democrática para aunar sus propósitos, entramos hoy en lo que fue el planteamiento de reforma política por el primer Gobierno Suárez.

4. EL PRIMER GOBIERNO SUAREZ Y SU REFORMA POLITICA (JULIO 1976 - JUNIO 1977)

El nuevo gobierno quedó formado en julio de 1976, presidido por Adolfo Suárez, quien adoptó una línea de actuación mucho más nítida en pro de la democratización, de manera resuelta. En septiembre, dio a la luz su proyecto de ley de reforma política, en la que se anunció que el gobierno regularía: «...las primeras elecciones a Cortes para constituir un Congreso de 350 diputados y elegir 207 senadores; a razón -estos últimos- de cuatro por provincia»[1] .

En el proceso de legitimación democrática a que se aspiraba con el proyecto de ley de reforma política, se distinguieron tres fases: aprobación del proyecto por las Cortes Españolas, referéndum nacional para consagrar el cambio, y elecciones generales para designar diputados y senadores.

La aprobación por las Cortes se logró el 18 de noviembre de 1976, desbordándose ampliamente los 2/3 de votos favorables que se necesitaban. Para ello, según parece, incluso se recordó a algunos procuradores la posibilidad de que determinados «asuntos» poco convenientes salieran a la luz. A otros se les persuadió ofreciéndoseles cargos, o promesas de puestos en el futuro. Por lo demás, los más aperturistas del régimen fueron inteligentes, e incluso patriotas a su modo con la Reforma Suárez; contribuyendo a resolver la situación lo mejor posible y con el menor traumatismo de tal cambio político. En su conjunto, esa decisión a favor de cambiar de raíz el régimen, se denominó el harakiri (no hace falta, en una conferencia en Tokio, decir lo que significa) de las Cortes franquistas; ya nunca más podría constituirse como venía haciéndose desde 1942, con una serie de cambios ulteriores.

A propósito de lo que la oposición democrática debería votar en el referéndum a convocar para la reforma de Suárez, recordaré una sesión que tuvimos en el comité central del PCE en un molino abandonado de la provincia de Guadalajara, en una noche heladora, en la que fuimos llegando allí malamente todos los miembros de dicho Comité. Santiago Carrillo, Secretario General del partido, que estaba todavía en España de clandestino, hizo unas reflexiones interesantes: “Creo que el PCE debería votar que sí, por la gran mejora que para el cambio político significaría la reforma respecto a la situación anterior. Pero una postura decididamente a favor de la reforma es imposible, pues el partido socialista y el resto de la oposición ya se han pronunciado por la abstención.

El referéndum se celebró finalmente el 15 de diciembre de 1976, y tuvo los resultados oficiales que se reflejan seguidamente; a partir de un censo electoral de 22.664.290 españoles mayores de edad (más de 21 años), y en porcentaje sobre los sufragios emitidos que hubo (17.599.562):

Votación                                                                               %
Abstenciones ...............................................................22,27
Sufragios emitidos...................................................... 77,63
Votó sí............................................................................94,16
Votó no............................................................................ 2,56
En blanco........................................................................ 2,98
Nulos................................................................................ 0,30

El éxito del referéndum para Suárez fue, por tanto, extraordinario: la propuesta de la oposición democrática, la abstención, no fue seguida masivamente, pues del 22,27 por 100 que alcanzó, es difícil saber cuántos lo hicieron por recomendación de los partidos antes franquistas, y cuántos simplemente por dejación.

Con la Ley para la Reforma Política ya aprobada en referéndum, el Gobierno reguló el desarrollo de las primeras elecciones generales, por el decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, que estableció las normas para regir todo el proceso electoral. Si bien debe subrayarse que ese Decreto Ley, así como otras cuestiones, fueron objeto de una negociación sui generis entre el Gobierno Suárez y la oposición.

En ese trance, la oposición estuvo representada por la «Comisión de los Nueve», que designaron los partidos y grupos de la oposición, y que estuvo formada por Joaquín Ruiz Giménez (Izquierda Democrática), Joaquín Satrústegui (monárquico), Enrique Tierno (PSP), José María de Areilza (monárquico), Josep Andreu (catalanista), Francisco Fernández Ordóñez (grupo FEDISA), Santiago Carrillo (PCE, cuya situación en España se había legalizado tras pocos días de cárcel en diciembre de 1976/enero de 1977), Felipe González (PSOE), y Julio Jáuregui (PNV). Con el hecho importante de que previamente se había declarado la legalidad del PCE, el Sábado Santo (Rojo) de 1977, lo cual supuso una actitud que dio definitiva credibilidad a los enunciados políticos de Adolfo Suárez.

En cuanto a los contenidos de la reforma planteada desde La Moncloa, la elección de diputados para el Congreso se inspiró en el sistema de candidaturas completas, bloqueadas y cerradas, y se decidió también que la distribución de los escaños se realizaría de acuerdo con la regla d'Hondt; que para las numerosas provincias de menos de diez diputados significó la polarización en favor de los grandes partidos, como poderoso correctivo del sistema proporcional. La misma finalidad se persiguió con la exclusión -a efectos del reparto de escaños- de las listas que no hubieran obtenido al menos el 3 por 100 de los votos emitidos en cada circunscripción provincial.

En cuanto al Senado, se optó por que cada elector pudiese votar hasta tres candidatos (siendo cuatro los puestos reservados a cada provincia), de forma que así no quedaran representadas sino las dos formaciones mayores, con nula presencia de las minorías, salvo que estas se agruparan en formaciones de coalición; como así sucedió en los casos de Cataluña, el País Vasco y alguna región más.

En el fondo, la distribución de escaños para las cincuenta circunscripciones provinciales, tanto para el Senado como para el Congreso, se planteó de forma tal que hubiese una fuerte sobrerrepresentación de las provincias menos industrializadas y urbanas. De modo que citando los casos extremos, en Barcelona se necesitaron 135.000 electores para cada diputado, y en Soria sólo 35.000; como casos extremos de provincias más industrial y más rural, respectivamente. En el caso del Senado, un senador se obtuvo por cada 1.206.671 barceloneses, y uno por cada 23.622 sorianos. Una situación, por lo demás, que ulteriormente no se modificó, siendo, pues, la ley vigente la de 1977; por la clara resolución de los mayores partidos de no modificar el status quo que les fue altamente favorable.

Con la Ley de Reforma Política de 4 de enero de 1977 y con sus normas electorales del 18 de marzo, se dispuso en definitiva de una importante ventaja a favor de la coalición formada en torno a Adolfo Suárez, la Unión del Centro Democrático.

También contribuyó a los resultados expuestos, la persistencia del miedo en una cierta parte de la población, así como la tardía legalización de los partidos de la izquierda, especialmente del PCE, que se pospuso hasta el 9 de abril de 1977, apenas seis semanas antes de la apertura de la campaña electoral (el 24 de mayo) y tres más que duró ésta.

Seguiremos el próximo jueves, y hasta entonces, el autor queda a la disposición de los lectores de Republica.com en castecien@bitmailer.com.

[1] España está dividida en 50 provincias, pero los dos archipiélagos (dos provincias de Canarias y una de Baleares) tuvieron un régimen especial. Además de los 207 senadores señalados, hubo 50 senadores regios, a designar por el Rey, que luego no se mantuvieron en la Constitución.

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