Sobre financiación autonómica (II)

El pasado viernes 22, se publicó la primera parte de este artículo. Sobre un tema que va adquiriendo las más altas temperaturas en la actual realidad española; atormentada en todo lo que se refiere al Estado de las Autonomías.

Hoy publicamos la segunda y última entrega del artículo, en el que se desarrolla una serie de cuestiones concretas relacionadas con el Título VIII de nuestra Constitución. Para después hacer una síntesis de un tema tan complejo como polémico.

II. Concreciones

Entramos ahora a exponer una serie de medidas correctoras a llevar a cabo para el nuevo Sistema de Financiación Autonómica que habrá que configurarse en 2014, para entrar en vigor en el 2015 (SFA2014).

 Es urgente examinar la posibilidad de reducir, e incluso de suprimir por entero en cierto plazo, los subsidios a organizaciones sindicales y patronales, y ONG no indispensables; pues de otro modo, lo principal de la sociedad civil siempre será un apéndice del Estado.

 Es preciso cumplir cabalmente el programa de supresión de agencias, fundaciones y empresas públicas de toda clase de administraciones públicas; un programa oficial que va muy retrasado en su ejecución a escala de la Administración General del Estado (AGE) y las administraciones territoriales.

 Hay un verdadero clamor público a propósito de la necesidad de superar los actuales solapamientos, duplicaciones y triplicaciones, de funciones entre la AGE y las CC.AA. Y en esa dirección cabe señalar las siguientes posibilidades:

 Suprimir los Consejos Económicos y Sociales de las CC.AA. así como sus Tribunales de Defensa de la Competencia y sus Defensores del Pueblo; al existir esas instituciones en la AGE.

 Suprimir una serie de entes de la fronda burocrática de las CC.AA. como consejos regionales de radio y televisión, consejos de consumidores, etc.; dando paso a organizaciones colaterales de la sociedad civil que se autofinancien.

 Suprimir muchas de las representaciones exteriores de las CC.AA., por tratarse de funciones estrictamente encomendadas a la AGE. La AGE debería restar esas partidas de coste de CC.AA. de sus aportaciones por la NSFA.

 Reducir el número de diputados y senadores de la Nación, tras apreciar el coste de un puesto de parlamentario que al año parece no estar por debajo de 250.000 euros. Para todo EE.UU., veinte veces nuestro territorio y siete veces nuestra población, el Senado sólo dispone de cien senadores, en tanto que en España, hay más de 200.

 Reducir el número de parlamentarios autonómicos de cada comunidad autónoma.

 Proceder a la disminución, al máximo posible, de asesores, secretarías, gastos de transporte, viajes, comidas de representación, etc.

 Recortar el número de consejerías en los gobiernos de las CC.AA., con cuyo elevado número actual se pretende, a veces, la configuración de verdaderos Estados dentro del Estado.

 Reducir el número de ayuntamientos de su elevada cifra actual de 8.120 a no más de un millar, y disminuir también el número de concejales en todos los ayuntamientos.

 Estudiar la posible transferencia de las competencias de las diputaciones provinciales a las CC.AA. y a los propios ayuntamientos, para proceder a su gradual supresión. Pues carece de sentido multiplicar los parlamentos territoriales hasta 43 diputaciones, cuando ya hay asambleas legislativas en 17 CC.AA.

 Desarrollar una política de racionalización de locales públicos y de gastos burocráticos, coches oficiales, etc.

 Los Tribunales de Defensa de la Competencia, cuando estamos en un mercado único en el que muchas veces la dimensión relevante es la europea de 28 Estados.

 Las agencias de protección de datos, que en rigor disminuyen la protección y enmarañan los datos.

 Las juntas consultivas de contratación regionales, que mantienen registros de empresas clasificadas; cuando el registro debe ser único a escala nacional para no incrementar los costes a los empresarios.

 Los cientos de observatorios que hay para cualquier fenómeno a estudiar, que debe figurar en Universidades y otras instituciones ya consideradas.

 Las agencias autonómicas de evaluación del profesorado universitario porque conducen a la endogamia.

 Las televisiones autonómicas, que deben ser racionalizadas o canceladas.

 En España hay diecisiete consejos consultivos autonómicos, más el Consejo de Estado. Cuando éste tiene a su cargo el asesoramiento jurídico-institucional de todo el país, no sólo del Gobierno de la Nación, sino también para las CC.AA.

III. A modo de síntesis

Por último, trataremos de resaltar los principios fundamentales del SFA2014, en la idea de que el Estado de las Autonomías funcione con eficacia (hacer las cosas) y eficiencia (hacerlas bien).

A. “Los árboles no dejan ver el bosque”, es la frase aplicable al hecho de que se ha originado una legislación de financiación autonómica complicada, farragosa, y que conduce a contradicciones insalvables en los propósitos declarados en las sucesivas leyes de ordenación de su cuadro general. Por ello, la Comisión estima que todo el esfuerzo que se dedique a esclarecer situaciones como las que en este informe se detallan, y a resolver los problemas existentes, siempre será poco.

B. Entendemos que la Comisión Lagares de reforma del sistema fiscal en su conjunto, y las propuestas del Prof. A. de La Fuente para la AGE para la reforma del SFA, deben ser apoyadas con toda clase de iniciativas, para que pueda crearse un nuevo sistema de financiación autonómica que no haya de revisarse cada cinco años.

C. La Comisión estima que la llamada política de austeridad ha sido insuficiente. Al haberse actuado de manera poco decidida en los recortes del gasto no absolutamente imprescindible, y en definitiva, diseñando un Estado con Administraciones Públicas que tengan menor dimensión, para centrarse en las prestaciones fundamentales con mayor eficiencia.

D. Al no haber habido los recortes necesarios en todas las administraciones, hemos entrado en una espiral de deuda pública global que ya supera el PIB de España, con graves problemas para la futura inversión pública y la mejora de las prestaciones de todo tipo. Un tema en el cual, el Fondo de Liquidez Autonómica, siendo una institución necesaria, ha contribuido a mitigar la exigencia de mayor racionalidad económica y financiera en las CC.AA.; al suministrar recursos que éstas ya no pueden conseguir en el mercado de capitales por los muy bajas valoraciones de solvencia de las agencias de calificación. Sin que en tales asignaciones, se vele por la racionalidad de muchos gastos que alimentan pretensiones incluso soberanistas.

E. La deuda pública tan recrecida, será muy difícil de amortizar con cierta rapidez, a diferencia de lo que sucedió en los años 90 y en los comienzos de la primera década del 2000, por la carencia de privatizaciones de envergadura. Además, la desmesurada expansión de la deuda pública, financiada en gran parte por la propia banca española, está creando una situación de overcrowding, esto es de penuria de crédito para el sector privado, en tanto que se alimenta, sin fin previsible, el endeudamiento público. En cualquier caso, el criterio de devolver el nivel de endeudamiento a no más del 60 por 100 del PIB debe ser un imperativo en la senda de la recuperación de equilibrios fiscales y financieros.

F. El Sistema Nacional de Salud debe ser reconfigurado. A ese respecto, y sin perjuicio de observaciones anteriores, la Comisión insiste en que a efectos de redistribuir los recursos de los impuestos estatales (IRPF, IVA, Especiales, etc.), no hay que buscar una mayor participación autonómica en tales tributos, sino una mejora en la gestión del gasto que ellas realizan. A tales efectos, y lo tomamos solamente como botón de muestra, es necesario mantener el criterio de aprovechamiento máximo de las economías de escala. Y al respecto recomendamos abordar con toda diligencia la coordinación máxima de los 17 sistemas de salud actualmente compartimentados que hay en España, en la idea de ir a una agencia nacional que articule mejor e instrumente de manera eficiente el Sistema Nacional de Salud.

G. Entendemos que la Justicia y la Educación deben ser servicios integrales del Estado, sin las compartimentaciones actuales, y con un Tribunal Supremo que tenga las potestades para evitar el fraccionamiento de una de las funciones más importantes en toda la Nación. Y en cuanto a Educación, debe ser estructurada con un sistema de corresponsabilización de la AGE y las CC.AA. Dando, sobre todo, máxima coordinación a las Universidades, a efectos de evitar endogamias perversas y facilitar la libre circulación del I+D, indispensable para cualquier aceleración futura de nuestro desarrollo.

H. Hay que volver a los criterios de los presupuestos de base cero que se establecieron en los primeros tiempos de nuestra todavía joven democracia, para suprimir organismos, empresas públicas, observatorios, fundaciones, y otras entidades, tanto de la AGE como de las CC.AA. y la Administración Local, que no sean absolutamente indispensables. Para así evitar el recrecimiento de la burocracia, costosa y paralizante, y las formas más o menos encubiertas de endeudamiento fuera de las Administraciones Públicas en sentido estricto.

I. El método del copago no debe ser entendido como un castigo a los ciudadanos, sino como una medida disuasoria a efectos de racionalizar las prestaciones de todo tipo. Por ello, debe ser introducido en todas las actividades públicas, con mayor o menor intensidad, en función de sus posibles efectos benéficos, los niveles de renta de los ciudadanos, etc.

J. El Gobierno debe diseñar una auténtica estrategia nacional de crecimiento, con un verdadero proyecto de renovación y eficiencia del Estado en su conjunto; que contribuya a reforzar los sentimientos de pertenecer todos los españoles, no solo a una misma Nación, sino también a un proyecto económico, social y cultural de cara al futuro que ponga en acción todas las fuerzas productivas existentes y las iniciativas ciudadanas más relevantes. Más allá del MoU que será cancelado en este mes de noviembre.

K. El ajuste fiscal en su conjunto tiene que ser un esfuerzo en busca de la competitividad que depende del tipo de cambio y de la productividad. De modo que con una moneda reapreciada como el euro, hoy en 1,33 dólares (cuando en 1998 sólo valía 80 centavos), y sin posibilidades de acción directa por España sobre tipo de cambio, sólo queda la productividad. Una variable que no es sólo cifrable en las áreas del trabajo y las empresas. También cabe aplicarla al sistema fiscal en su conjunto. Y en ese sentido la financiación autonómica es decisiva en un mundo cada vez más globalizado.

L. Mucho de lo que aquí se ha dicho, y el nuevo sistema fiscal y el SFA no van en contra de las autonomías sino en pos de que éstas sean más productivas y competitivas. Las medidas que se proponen parecen muy severas pero son las únicas para un mundo cada vez más global, pues sin reajustes profundos no habrá nueva prosperidad. Por lo demás, la recuperación económica pasa por un nuevo SFA mucho más coherente y productivo para todas las CC.AA. de la Nación.

Como siempre, el autor queda a disposición de los lectores de República.com en castecien@bitmailer.net

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