Sobre financiación autonómica (I)

El Estado de las Autonomías vio la luz con la Constitución de 1978, y más concretamente con su Título VIII. Y como era lógico, esa nueva estructura obligó a todo un sistema de financiación autonómica, que tuvo su expresión última en la Ley Reguladora de 2009.

Los problemas hoy existentes en la esfera de la financiación de las CC.AA., son múltiples. Pudiendo decirse que la complicación y la inequidad han alcanzado niveles ya insoportables. Por lo cual, se está buscando un nuevo sistema, que es la cuestión a que se refiere este nuevo artículo que se ofrece a los lectores de República.com.

Más en concreto, el texto que sigue, y que tendrá la entrega de hoy y otra para el próximo jueves, es resultado de un informe que hemos llevado a cabo una comisión de cinco catedráticos de Economía (Profesores Barea, Lamo de Espinosa -Presidente de la Comisión-, Schwartz, Tamames -Relator-, y Velarde), que formamos parte del Alto Consejo Consultivo (ACC) de la Generalidad Valenciana; entidad que fue precisamente la que encargó el estudio en cuestión.

El informe final lo presentamos el pasado 12 de noviembre en el Palacio de la Generalidad Valenciana, estando en la mesa del encuentro el Presidente Fabra, el Prof. Grisolía (por el ACC), Jaime Lamo de Espinosa y yo mismo.

En la ocasión, el Prof. J. Lamo de Espinosa se refirió a la situación financiera de la Comunidad Valenciana, generada por una serie de factores que explicó a fondo. Y como segunda fase de la sesión, y en nombre de todo nuestro colectivo, presenté lo esencial de nuestras conclusiones sobre un nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Y lo hice en cuatro partes sucesivas: método, concreciones, fundamentos, y agradecimientos.

I. Método

Para el nuevo SFA-2014, la Comisión proponemos los siguientes principios:

 Igualdad de todos los ciudadanos españoles, cualquiera que sea el territorio de su residencia, a efectos de disfrutar de servicios básicos similares en prestaciones y costes.

 A igualdad de necesidades y de presión fiscal, las CC.AA. deberán disponer de los mismos recursos por habitante ajustado (habaj: según población efectiva ponderada por mayores de 65 años, en edad escolar, y por dispersión demográfica).

 Es función del Gobierno de la Nación asegurar la igualdad de prestaciones a que obliga la Constitución y sus leyes orgánicas. Y al propio tiempo, deben fijarse criterios de ahorro y eficiencia en el gasto público, incluyendo inversión y consumo.

 La financiación debe basarse: máxima eficiencia de los métodos a seguir, autonomía financiera responsable, solidaridad interterritorial, corresponsabilidad fiscal para detectar fuentes de tributación, y estrecha coordinación entre las CC.AA.

 Con el nuevo SFA a establecer en 2014, los ingresos de las CC.AA. de cualquier procedencia, deben servir para satisfacer, en condiciones de coste real objetivo y con el mayor grado de eficiencia, los servicios fundamentales. De manera que cualquier otra competencia u órgano, empresa, fundación, etc. que una comunidad autónoma desee crear o mantener –duplicando las propias del Estado o de las Diputaciones o Ayuntamientos, o para escapar del control de la intervención general, o de la aplicación del criterio del déficit-, sólo podrá realizarse en las siguientes condiciones: legalidad efectiva y que los fondos de financiación procedan en exclusiva de los ingresos por impuestos propios, o de impuestos del Estado sobre los que se tiene capacidad normativa para ele-varlos; debiendo en tal caso explicar a los ciudadanos el porqué de los eventuales incrementos.

 La Comisión defiende la idea de un único fondo de nivelación hori-zontal, que no dependa del status quo. Para que el reparto de la financiación estatal corresponda a los señalados criterios de proporcionalidad con la población en términos de habaj. De tal modo que la financiación per cápita en las 17 CC.AA. se sitúe siempre en la proximidad de la media.

 No debe realizarse asignación de cantidades adicionales con vistas al mayor desarrollo de las CC.AA. con menor renta, para evitar si-tuaciones tipo Mezzogiorno italiano. Esto es, un proceso de asig-nación de recursos que más que para incentivar el cambio, la evidencia lo demuestra, están convirtiéndose en rentas adicionales para que el menor desarrollo relativo de algunas regiones continúe.

 De cara a la Deuda Pública de las CC.AA., la Comisión recomienda estudiar seriamente una mutualización de la deuda. Como se preconizó en 1790, en los nacientes EE.UU., por el entonces Secretario del Tesoro, Alexander Hamilton. En aplicación a España de esa idea, se trataría de estatificar la deuda viva de las CC.AA., para proceder a una amortización a más largo plazo, con tipos de interés más bajos. Tomando en consideración, para fijar las alícuotas correspondientes a cada Comunidad, después de los ajustes que se estimen convenientes, lo que han dejado de percibir las CC.AA. más castigadas por el SFA-2009.

 Los propósitos de una consideración como la anterior son múltiples, empezando por la previsión de que en 2020, España tendrá que cumplir la regla de oro de déficit cero, prevista por la UE, y ya asumida en la Constitución Española por la enmienda de su artículo 135. Por tanto, trasladando esa previsión al sistema del Estado de las Autonomías, parece claro que para el año 2020 tiene que haber una solución conjunta de las deudas autonómicas.

 Como argumento para la anterior recomendación, se recuerda la situación de la deuda a finales de 2012:

 Por otra parte, en defensa de la idea de mutualización, la Comi-sión se permite recordar –sin que este tema figure en el informe por lo muy reciente de su conocimiento- que incluso en un país como China, con todos sus grandes recursos y crecimiento, se está discutiendo algo parecido para superar fuertes endeudamientos de provincias y regiones autónomas que han realizado grandes esfuerzos de expansión económica en los últimos tiempos. Como también debe recordarse que dentro de la UE, se han tomado medidas mutualizadoras con el FEEF y el MEDE, a través de los rescates a Grecia, Portugal e Irlanda. E incluso dentro de EE.UU., Puerto Rico, como estado libre asociado de la Unión, ésta tendrá que asumir al menos parte de la deuda puertorriqueña, para evi-tar una bancarrota que tendría efectos devastadores en el mercado de las emisiones de deuda de los estados federales, que tiene una dimensión de cuatro billones de dólares.

 Como ya ha subrayado anteriormente el Prof. Jaime Lamo de Es-pinosa, la Comisión ha huido deliberadamente de la expresión “deuda histórica”, un concepto que, a diferencia de Cataluña y Andalucía, no fue recogida ni en el Estatuto de la Comunidad Valenciana de 1982 ni en el de 2006. En ese sentido, la Comisión entiende que tal idea quedaba fuera del contexto en su análisis económico. A pesar de lo cual, es necesario poner de relieve, por ser hecho demostrado, que en las primeras transferencias realizadas, las dotaciones para salud y educación, no fueron equivalentes a las dispensadas a otras CC.AA., en términos de stock público de capital fijo; sin que después tales diferencias se ajustaran debidamente. Por ello mismo, ha habido que llevar a cabo notables inversiones por la CV para adaptar el sistema del sector salud a las exigencias tecnológicas que los nuevos métodos de diagnóstico y tratamientos exigen. En cualquier caso, parte de este déficit crónico estructural, cifrado en 12.000/13.000 M€, habrá de tenerse en cuenta para el ajuste de la deuda en los términos de mutualización antes referidos.

 La Comisión quiere destacar que el régimen foral es cuestión fundamental en cuanto a futura equiparación horizontal con las CC.AA. de régimen común. Un tema en el que la Comisión no discute el sistema en sí, reconocido constitucionalmente (disposición adicional primera de la Constitución). Pero debe subrayarse que la Constitución Española no expresa en ningún lugar que tal sistema pueda generar una financiación diferenciada, a competencias homogéneas por habaj. De ahí que la Comisión recomiende que para el País Vasco y Navarra se calcule correctamente el pago por servicios del Estado, a efectos de cupo y cuota. Al tiempo que se plantea que los citados territorios forales aporten, en términos de solidaridad, lo que les corresponda.

Dejaremos el tema en este punto de la intervención referida, para ultimar la presentación el próximo jueves. Y el autor del presente escrito, como siempre, se pone a disposición de los lectores de Republica.com en castecien@bitmailer.net.

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