Recortando, que es gerundio…

Entre los muchos problemas que acosan a la economía española, un tema fundamental es la consolidación fiscal. Y en esa dirección, hay unanimidad en que es preciso ir más a la reducción del gasto que no a nuevas subidas de impuestos. Que repercuten muy negativamente en caídas del consumo, recortes de inversiones privadas, menor competitividad, etc.

Y entre las medidas para recortar gasto sin afectar a la demanda de una manera directa e importante, resulta indispensable suprimir por entero los subsidios a organizaciones sindicales, patronales, y ONGs no indispensables. De otro modo, la sociedad civil siempre será un apéndice del Estado, lo que conduce a una ineficiencia creciente del sistema económico.

Por otro lado, es necesario desarrollar con mayor rapidez el programa de supresión de agencias y empresas públicas de todas las administraciones. Una necesidad que va muy retrasada en su ejecución a nivel de la AGE y en las administraciones territoriales.

Por lo demás, hay un verdadero clamor público a propósito de suprimir los solapamientos de funciones entre la AGE y las CC.AA. Y en esa dirección cabe señalar una serie de posibilidades:

 Suprimir los Consejos Económicos y Sociales de las 17 CC.AA. así como sus Tribunales de Defensa de la Competencia y sus Defensores del Pueblo; al existir tales instituciones en la AGE, que incluso acaban por perder su propio sentido de entidades nacionales surgidas de los propios preceptos de la Constitución.

 Poner fin a una serie de entes de la marañosa fronda burocrática de las CC.AA. Como consejos regionales de radio y televisión, consejos de consumidores, etc.; dando paso a organizaciones colaterales de la sociedad civil que no precisen de financiación pública, al prestar servicios útiles y por tanto remunerables.

 Reducir el número de diputados y senadores de la Nación, tras apreciar que el coste de un puesto parlamentario, se sitúa en torno a los 250.000 euros anuales. Cifra absolutamente disparatada.

 Recortar el número de concejales de los Ayuntamientos y de los parlamentarios en las asambleas legislativas de las CC.AA.; que globalmente suponen alrededor de 100.000 cargos de uno u otro nivel.

 Simplificar los consejos de gobierno de las CC.AA., con menos consejerías que actualmente tienden a configurar verdaderos Estados dentro del Estado.

 Suprimir las televisiones públicas de las CC.AA. que generen déficit, que son precisamente todas, que casi siempre tienen una cuota de mercado muy baja y atraen ingresos de publicidad decrecientes.

 Desarrollar una política de racionalización de locales públicos y de gastos burocráticos, coches oficiales, etc. Programas que ya están en marcha, pero con dudosa efectividad.

 Pensar incluso en la supresión del Senado, e ir a un sistema parlamentario unicameral. Y considerar la posibilidad de transformar el Tribunal Constitucional en una Sala del Tribunal Supremo. Dos cuestiones que merecen amplia reflexión, puesto que supondrían reformar la Constitución.

Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuentes, ambos catedráticos de Derecho Administrativo, hacen una larga lista de instituciones de CC.AA. que podrían suprimirse:

las agencias de protección de datos, que en rigor disminuyen las garantías y enmarañan los propios datos; las juntas consultivas de contratación, que mantienen registros de empresas clasificadas, cuando el registro debería ser único para todo el país, lo propio en un mercado único.

Y lo mismo ocurre con cientos de observatorios como los dedicados a las setas tras las lluvias otoñales, o los servicios meteorológicos. ¿Y qué decir de las agencias autonómicas de evaluación del profesorado universitario, que es de lo menos universitaria, y lo más pueblerino que el ingenio humano ha podido concebir?

Sin embargo, las organizaciones ligadas al mundo de la cultura como los teatros, los orfeones, las orquestas, los auditorios, etc., deben mantenerse, pues todo esfuerzo para elevar el nivel cultural y la sensibilidad artística de los españoles siempre será escaso1.

En la misma línea que Sosa Wagner y Fuentes, se recuerda por diversidad de autores que España tiene un Consejo de Estado encargado del «alto asesoramiento» jurídico-institucional del país, con carácter consultivo. Y al cual, puede consultar no sólo el Gobierno, sino también los entes autonómicos. Pese a lo cual, cada comunidad autónoma (menos Cantabria) ha ido optando por dotarse de su propio consejo consultivo, emulando, a nivel regional, al propio Consejo de Estado2.

Adicionalmente, es necesario considerar que las Haciendas de carácter confederal -en razón a una larga tradición histórica consagrada en la Constitución, en la disposición adicional primera para el País Vasco y Navarra-, deben ser objeto de ajuste para no proseguir en una situación de permisividad discriminatoria. Y aunque los términos del convenio vasco y del convenio navarro tienen carácter indefinido, los cupos, en ambos casos, están sin actualizar desde hace tiempo. Lo cual hace más apetecible el concierto o el convenio para otras CC.AA.; creándose de ese modo una confusión que no puede prolongarse más.

Ha de comprobarse, por otra parte, que las CC.AA. con mayores ingresos estatales han entrado en una situación que cabe calificar de inquietante a medio y largo plazo. Pues en vez de ser tales transferencias un incentivo para la eficacia y la eficiencia, está convirtiéndose en un ingreso complementario habitual, que las comunidades en cuestión pretenden mantener sine die, incluso frenando el crecimiento del PIB. Con base en lo anterior, hay que recapacitar sobre la conveniencia de poner límites a las políticas activas de impulso al desarrollo, para evitar en España el efecto Mezzogiorno de Italia.

Por último, señalemos que la teoría de las “áreas monetarias óptimas” de Robert Mundell -que tantas veces se invoca para fundamentar que dentro de las uniones monetarias han de producirse ajustes automáticos-, es aplicable a España. De modo que en el caso de que ciertas regiones que tengan menores impulsos de crecimiento, puedan ceder población a las que se sitúen en mejores condiciones. Tal como sucede en EE.UU., donde las migraciones alcanzan niveles inexistentes en Europa: cuando un choque asimétrico se genera en California, numerosos pobladores de dicho estado, emigran a Texas, Arizona, Florida, o incluso a la costa Este. Un fenómeno que no se ha dado hasta ahora ampliamente en la UE por razones idiomáticas; pero que sí presenta una larga secuencia observable en el caso de España (migraciones interiores); que no deberán coartarse por la imposición irracional de barreras idiomáticas dentro de un país que tiene su idioma común en el español.

Son, todas ellas, reflexiones que deben llevarnos a toda una serie de medidas -que en parte ya se están tomando- de cambio en los hábitos y en las prácticas de nuestras administraciones. En la dirección de conseguir un Estado eficiente y al servicio de los ciudadanos. En vez de la situación, tan criticada por James Buchanan, de que “las castas de los funcionarios tengan el Estado para su uso propio y sus privilegios”.

Y como siempre, el autor queda a disposición de los lectores de republica.com en castecien@bitmailer.net.

1 Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes, son catedráticos de Derecho Administrativo. El primero es eurodiputado por UpyD. Su próximo libro, de inminente publicación en Marcial Pons, se titula Juristas y enseñanzas alemanas (I): 1945-1975. Con lecciones para la España actual. “El perpetuum mobile de la Administación”, El Mundo, 9.VII.2013

2 Roberto Pérez, “Un país con 18 consejos de Estado”, ABC, 30.VI.2013

6 comentarios
  1. LoLo69 says:

    Es increíble. Esta gente está en otro mundo, está claro. Si no hubieran delinquido no les pasaría esto. Pero en vez de luchar por la verdad y desenmascarar a sus compañeros corruptos, le echan la culpa de todo al TS de Valencia. ¡Inaudito! Pero resulta, queridos, que la ciudadanía ya no es tan borreguil como antes, hay una crisis tremenda, y ya no deja que le insulten la inteligencia. La culpa es vuestra, no de los jueces. Acabáramos.

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  2. Camborio says:

    Es increíble que estos corruptos no tengan suficiente con entregar ordenadores sin disco duro a un juez, sino que además quieran marcar el tiempo de la justicia a su conveniencia. Cuando les ha interesado para demorar los juicios, han dimitido como parlamentarios.
    Afortunadamente, a muchos sólo les queda 4 meses de vida política, a los otros diez.

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