La seguridad jurídica en la industria fotovoltaica (I)

El pasado jueves 4, escribí en esta sección “Universo Infinito”, sobre “La guerra por el Nilo”. Refiriéndome al gran problema que se está abriendo ahora para los egipcios y sudaneses; en el contexto terriblemente complicado que tienen ambos países. El del Norte por el golpe de Estado contra Mursi (un desastre, y no el mal menor como dicen algunos oportunistas), y en el Sur, por una longeva dictadura miserable, y por las tensiones con el nuevo Sudán meridional, recientemente independizado.

Hoy entramos en otra guerra, no cruenta, pero significativa de un problema muy serio que acosa el prestigio de nuestro país; y a la tan traída y llevada (e incluso cacareada) Marca España. Se trata de la falta de seguridad jurídica que se extiende como una perversa mancha de aceite por toda la geografía política y económica española. Y que entre otras muchas manifestaciones perversas, está afectando ya a todas las economías renovables, y singularmente a la fotovoltaica. Que es, precisamente, el tema que hoy nos ocupa, según pasamos a ver.

1. INTRODUCCIÓN

La seguridad jurídica como principio configurador del Estado de Derecho, se concreta en normas que vinculan a la Administración con los administrados. Y en el caso concreto de España, eso es lo que se expresa en el artículo 9 de la Constitución de 1978:

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Como ya se ha subrayado, que exista un Estado de Derecho plenamente reconocido no significa que no haya amenazas y distorsiones en toda una serie de casos, en el desarrollo de las actividades económicas. En ese sentido, la energía fotovoltaica ha sido y está siendo un claro contraejemplo de inseguridad jurídica, no sólo en el marco de la realidad española, sino también europea. Y a propósito de esta última, en la siguiente sección podremos comprobar los graves incumplimientos en que está incurriendo el Estado español respecto de sus obligaciones europeas.

2. LA SEGURIDAD JURÍDICA EN LA UE PARA LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA

La fotovoltaica se revela como una de las principales energías renovables, y como tal, figura en cualquier esquema o proyecto de desarrollo sostenible. En ese sentido, en 2007, la UE enunció su Objetivo 20-20-20: recortar para el año 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20 por 100, mejorar la eficiencia energética en otro 20 por 100, e incrementar la contribución de las renovables, hasta llegar al 20 por 100 del consumo total energético.

Confirmando su planteamiento de 2007, en 2013, la UE publicó su Libro Verde «Un Marco para las Políticas de Clima y Energía en 2030». Donde se plantea disminuir aún más las emisiones de GEI para 2030. Sobre la base de lo conseguido entre 1990 y 2011, cuando la UE redujo sus emisiones del 18 por 100 del total mundial al 11 por 100. Un periodo en el que sólo Rusia y Ucrania llevaron a cabo reducciones mayores: del 25 y el 58 por 100 respectivamente. En gran medida, en ambos casos, por el impacto contractivo de la disolución de la URSS en 1991.

Mientras eso sucedía en Europa, en otros países se incrementaron exponencialmente las emisiones de GEI, con un máximo en China del 287 por 100, seguida de India con el 198 por 1001. Lo que da a la UE una clara evidencia de ejemplaridad en la lucha por frenar el calentamiento global y el cambio climático. Un tema al que España se incorporó con toda clase de entusiasmos desde su misma enunciación a escala comunitaria.

En el contexto que hemos expuesto, la UE tiene claro que es preciso lograr una política energética que aúne los intereses de los Estados miembros, que acabe con la incertidumbre regulatoria, que apueste por la sostenibilidad económica, medioambiental y social, y que consiga configurar una Europa plenamente interconectada y capaz de autoabastecerse; aprovechando al máximo los recursos propios, como condición imprescindible para garantizar la continuidad de la industria europea. Todo lo cual exige la seguridad por parte de los Estados miembros de que no es legal cambiar bruscamente sus criterios, distorsionando perspectivas y afectando dramáticamente a las ingentes inversiones realizadas. Precisamente lo que en contra de todas las directrices europeas está sucediendo en España, según pasamos a ver.

3. LA POLÍTICA ENERGÉTICA EN ESPAÑA: CUI PRODEST

Toda la política energética española actual gira en torno al llamado déficit de tarifa, que se sitúa en 30.000 millones de euros (el 3 por 100 del PIB), en forma de deuda acumulada por el Estado frente al sector energético; por la falta de una política realista que podría haberse adoptado hace tiempo, para ajustarse a los costes reales.

En su pretendida lucha para frenar ese déficit de tarifa, el Gobierno pretende repartir los costes del sistema de generación de energía del país -primas a renovables y al carbón incluidas- entre los diferentes agentes que participan en el proceso2.

Pero la realidad de la política en curso, lejos de la ecuanimidad, y de los principios ecológicos de la UE, se traduce en una serie de actuaciones que favorecen, sobre todo, a las grandes empresas eléctricas; a las tres grandes del oligopolio que existe en el mercado nacional.

Y de ahí el cui prodest (a quién beneficia) del epígrafe de este pasaje: el origen de las políticas en curso radica en la fuerza que tienen sus principales beneficiarios. Algo que se evidencia al observar que desde el estallido de la crisis en 2007, los márgenes del sector en las grandes empresas europeas han ido retrocediendo con fuerza; a ritmos de dobles dígitos negativos anuales, mientras que en España esos márgenes aumentaron en 2008 y 2009 y apenas cayeron en los ejercicios de 2010 a 2012.

Las previsiones para 2013, que maneja el Consenso de Mercado, apuntan a que la primera empresa eléctrica del país conseguirá con-vertir en beneficios más de un 7,5 por 100 de sus ingresos. Lo que significa triplicar el ratio de ganancia, por ejemplo, de la alemana E.ON; o duplicar el de la italiana Enel, que se quedarán en el 2,25 y el 3,72 por 100, respectivamente.

4. EL CASTIGO A LA FOTOVOLTAICA

La política que tanto favorece a los grandes grupos del oligopolio que caracteriza al mercado eléctrico español desde hace tanto tiempo, tiene su origen en la quiebra de la regulación incentivadora de las renovables. Todo ha cambiado desde que el Gobierno español introdujo una serie de incentivos para mayores producciones energéticas de origen eólico, solar, biomasa, etc.

En el caso de la energía fotovoltaica, el RD 436/2004 y después el RD 661/2007, promovieron la inversión, con el objetivo de implantar y desarrollar las tecnologías más innovadoras. Para cumplir así con los compromisos europeos de reducción de emisiones de GEI según se ha visto antes, al ocuparnos del horizonte 20-20-20.

Sin embargo, en el año 2010, cuando ya se habían realizado grandes inversiones, el Gobierno que incentivó incondicionalmente un nuevo modelo de desarrollo energético con mayor dosis de renovables, cambió radicalmente su política. A través de dos normas retroactivas: Real Decreto 1565/2010 de 19 de noviembre de 2010 y Real Decreto Ley 14/2010 de 23 de diciembre de 2010. De ese modo, se dejó sin margen de viabilidad las iniciativas particulares y empresariales acometidas a lo largo de todo un septenio en el sector fotovoltaico.

A las disposiciones retroactivas impuestas a los productores españoles de energías renovables, con una reducción media del 30 por 100 en los ingresos, se sumó, desde el 28 de diciembre de 2012, un nuevo impuesto -indiscriminado, para toda clase de energías, contaminantes o no- del 7 por 100, para la generación. Lo que sumado a las consecuencias de las medidas adoptadas en 2010, colocan en situación inviable al 80 por 100 de las plantas españolas de energía solar fotovoltaica; prácticamente todas las que han necesitado financiación externa para su primer establecimiento.

Por lo demás, el 7 por 100 del impuesto mencionado, las tres grandes empresas que dominan el mercado energético español pueden repercutirlo al consumidor. Mientras que los pequeños productores de renovables han de asumirlo de manera directa en sus balances. A todo lo cual habría que sumar la no actualización de las primas conforme al IPC, tal y como se hacía hasta 2010 anualmente. En síntesis, la reducción de ingresos en la fotovoltaica puede situarse entre el 35 y el 40 por 100 respecto a la situación anterior.

Todo lo explicado hasta aquí, significa que los afectados por el castigo a que nos hemos referido, tienen titularidad suficiente para impugnar unas medidas inconstitucionales y antieuropeístas; tomadas sin ninguna clase de negociación seria con los más afectados. Y en esa dirección la asociación Anpier, que reúne a 4.500 productores fotovoltaicos, está en condiciones de plantear los correspondientes recursos, con las pautas que ya ha observado en sus peticiones al Defensor del Pueblo.

Seguiremos la próxima semana para terminar el tema y, como siempre, el autor queda a disposición de los lectores, en caste-cien@bitmailer.net.

1 Colectivo Eunergía, “Desarrollar la Europa de la energía”, ABC, 31.V.2013

2 Javier G. Jorrín, “Las eléctricas españolas casi doblan el margen de beneficio de las europeas”, El Economista, 31.V.2013

2 comentarios
  1. LoLo69 says:

    El PP y el PSOE han sido dos partidos cuyo principal objetivo durante sus 33 años de mandato combinado ha sido llenar sus arcas y los bolsillos de cuantos más acólitos, mejor.
    Se han aprovechado de una ciudadanía servil y con grandes bolsas de ignorancia y de hooliganismo (hay familias en las que, sólo por nacer ahí, ya eres socialista o popular). Una ciudadanía sumisa que es igual de responsable (o de irresponsable, en este caso) por no haber sido crítica y haber permitido que estos sinvergüenzas hayan robado tanto y tanto tiempo.
    Pero bueno, no hay mal que cien años dure (ni cuerpo que lo resista) y la aparición de Iglesias y Rivera es la prueba de que la gente, por fin, se ha quitado la venda, está harta y no va a permitir que le sigan insultando la inteligencia estos zarrapastrosos que nos gobiernan ahora, ni los que lo hicieron hace cuatro años.
    Parar desahucios, generar empleo, repartir equitativamente los recursos (no puede ser que haya cargos públicos con más de quince sueldos), mejorar y ampliar la Sanidad, ídem la Justicia (e independizarla del todo), recortar en lo superfluo (cargos públicos, Senado, coches oficiales, etc.) invertir en investigación y desarrollo, eliminar la figura del aforado, recortar poderes y competencias a los cargos públicos, etc. etc. Menuda labor van a tener que hacer Podemos, Ciudadanos y los nuevos invitados al panorama político. Pero está claro que el PPSOE no ha sido capaz de hacerlo.
    Paso al lado y dejen a otra gente; ustedes son inútiles.

    PD: Y, conciudadanos, no volvamos a ser unos borregos. Si sale un partido nuevo y lo hace mal, ¡¡¡fuera del poder!!! y votemos a otro.

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  2. Agromenawer says:

    Hay una mayoría de votantes del PP que le volverán a votar haga lo que haga. Es esa masa indefinida de lectores de diarios como la Razón o ABC sumada a la de los que solo leen el Marca y "no entienden de política". Esa gente vota PP y votará PP porque o se tragan las patrañas de los medios que leen y ven, o simplemente les da igual lo que digan los medios y votan por inercia y por fidelidad a unos colores. Es triste pero es así.

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