Crisis de la Eurozona y economía mundial¹ IV

El pasado jueves 14 de junio iniciábamos la presente serie, de la que hoy hacemos una cuarta entrega, tras habernos referido a los puntos que seguidamente recordamos:

1. La experiencia de crisis anteriores

2. Sin diagnóstico de las dificultades actuales

3. Medidas tardías e ineficientes

4. El Gobierno Rajoy: ¿hubo diagnóstico? ¿Tiene una estrategia?

5. Una ilustración histórica de previos diagnósticos y estrategias

6. La segunda fase: deuda soberana y política de austeridad

7. Cambios necesarios en el modelo productivo

8. Competitividad y exportación

9. En pos del crecimiento: una cuestión comunitaria

10. CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS GLOBALES

Volviendo a las reformas estructurales, para tratar algunas de ellas in extenso, y con mayor profundidad, hemos de apreciar la actual tendencia a la financiarización en el tratamiento de los temas económicos; lo que se traduce en una auténtica polarización mediática en los problemas financieros; soslayándose aspectos estructurales que son fundamentales.

En el sentido que apuntamos, hay que plantearse políticas para frenar, detener, y darle la vuelta a las tendencias en lo que son problemas estructurales muy serios. De ahí que no vayamos a insistir aquí y ahora en cuestiones en que el Gobierno ya está trabajando (reformas financiera, laboral, sanidad, educación, justicia, mercado único, etc.); más bien enfatizaremos las grandes cuestiones en las que no acaba de entrar el Gobierno y que suponen situaciones igualmente graves.

Más específicamente, nos fijaremos en la grave ausencia en España de políticas agrarias e industriales proactivas, más allá de las derivadas de ocasionales reestructuraciones sectoriales. Incluso puede decirse que las políticas seguidas desde 1973, tras el primer choque petrolero, han incidido en el fenómeno de la desagrarización y la desindustrialización, con políticas más próximas a la eutanasia de sectores que no a la expansión de actividades o a la búsqueda de otras nuevas.

Algo parecido sucede con el sector secundario, abocado hoy -por la crisis económica, pero también por ineptitudes de las Administraciones Públicas- a un claro y evitable proceso de desindustrialización en todas las ramas; que tanto está afectando al empleo. En un momento crucial, en el que se está hablando, como veremos de una tercera revolución industrial.

Especial atención merece también el sector construcción, por el estado de auténtico colapso en que se encuentra, debido al stock sin vender de unas 700.000 viviendas, lo que lastra todas las expectativas. En tanto que en las infraestructuras se padecen los efectos de los recortes de la inversión pública.

En cuanto a los servicios, hay que asignarlas la máxima importancia incluyendo las exportaciones; de las que va a depender el futuro crecimiento de la economía española, especialmente en términos de nuevos mercados para el turismo de los países emergentes.

El resto de nuestra atención se dedicará a tres cuestiones igualmente fundamentales que sólo enumeramos: educación, espíritu de empresa, e importancia de la lengua española.

11. CONTRA LA DESAGRARIZACIÓN

En los discursos oficiales, las referencias a los efectos de la crisis económica en el sector FAO (agricultura, ganadería, forestales, caza y pesca) casi siempre brillaron por su ausencia; quedando abandonado a su suerte, no obstante ser un conjunto de actividades de gran valor estratégico, por su triple contribución a producir alimentos frescos, ser base de una industria agroalimentaria pujante, y, tercero, porque los agricultores, ganaderos, y trabajadores del sector forestal son los verdaderos guardianes del medio ambiente, al tener a su cargo algo más del 90 por 100 del territorio nacional. A lo cual deben agregarse otras aportaciones muy estimables del segmento FAO; como son paisaje, riqueza micológica, actividades cinegéticas, pesca deportiva, espacios para ocio y entretenimiento, conservación de flora y fauna, producción de oxígeno, sumideros de CO2 y otros gases de efecto invernadero, etc., etc.

Más concretamente, el sistema agroalimentario representa el 15 por 100 del PIB (ya más que la industria del automóvil y con mayor presencia exportadora que ella en todos los mercados, y sobre todo en los de fuera de la UE), y tiene, por una serie de razones, un alto valor estratégico. Un sector que, desde luego, no pasa por su mejor momento, tanto por los cambios en la normativa agraria europea (PAC), como por la negligencia de la reciente política agraria propia. Con el resultado final de que nos encontramos ante un preocupante proceso de desagrarización.

Como he puesto de relieve el agrarista de El País, Vidal Maté, la decisión de la UE de reducir la producción comunitaria de azúcar en seis millones de toneladas, vía incentivos de abandono y rebajas de los precios propuso, ha supuesto para España pasar de 100.000 a 45.000 hectáreas, con una reducción de Azucarera y la única de Azucareras Reunidas, la cuota de producción española de 989.000 a 598.000 toneladas, frente a una demanda de 1,2 millones de toneladas; que en la mitad se importan desde el resto de la UE y del mercado extra-UE². Algo parecido puede decirse de otras cash-crops, esto es, cosechas de rápida liquidez para los agricultores, como son algodón, tabaco, arroz, etc., sobre las cuales estamos reuniendo actualmente una serie de informaciones³.

De los cultivos leñosos, Maté destaca el recorte en las superficies de viñedo; que en la última década ha pasado de 1,3 millones de hectáreas a menos de un millón; abandono incentivado por la Comunidad Europea, que en parte se produjo por la falta de rentabilidad del cultivo en las zonas de producción de mayor calidad.

En ganadería, las políticas comunitarias han supuesto el hundimiento de la cabaña de ovino con la caída en la última década de 25 a 17 millones de cabezas, y de 240.000 a 110.000 explotaciones; con un grave impacto sobre el territorio en términos de despoblamiento también humano.

Situación similar se ha experimentado en el vacuno de carne, donde se ha pasado de más de 700.000 a menos de 500.000 toneladas de producción anual, por el cierre de explotaciones con drástica reducción del censo.

Por otro lado, las exigencias comunitarias sobre bienestar animal vigentes desde el 1 de enero en la avicultura de puesta, han supuesto pasar de 1.754 a 1.492 granjas, y de 45 a 39 millones de ponedoras, de modo que la oferta de huevos se ha encarecido entre un 15 y un 20 por 100, haciendo difíciles las exportaciones. En ese sentido, en enero de 2013 deberán aplicarse las nuevas normas sobre bienestar animal en porcino, cuyo sector prevé un importante ajuste con cierres de granjas y reducción de producción por el encarecimiento de costes, lo que podría poner en peligro las exportaciones.

Podemos preguntarnos, por último, siempre con Mate; ¿cuántos agricultores y ganaderos hay en España? Según el censo agrario, entre 1999 y 2009 el número de explotaciones descendió de 1.289.000 a 989.000, una contracción del 23 por 100; mientras que la superficie agrícola utiliza (SAU) cayó más del 8 por 100: de 26,1 a 23,67 millones de hectáreas, esto es, casi 2,5 millones de Hectáreas menos. En el mismo periodo decenal, el número de activos pasó de 1,1 millones a 890.000 personas, para situarse hoy (2012) por debajo de las 800.000. Otro baremo para medir el tamaño del sector agrario sería el número de beneficiarios de las ayudas de la PAC.

Pero a las elevadas cifras anteriores, la realidad es que el número de agricultores y ganaderos dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social Araria es de unas 230.000; y quienes perciben cada año la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos son solo unos 200.000, aunque hay miles de agricultores y ganaderos que no acceden a la misma. Por todo lo cual, con los manejados, todo parece indicar que el número efectivo de agricultores y ganaderos activos estaría más bien de unas 300.000 personas, en línea de los ajustes producidos en todos los países del entorno⁴, al representar algo menos del 2 por 100 de la población activa. Aunque con el apoyo de 500.000 jornaleros agrícolas que a tiempo completo anual (UTH o unidos de trabajo humano) serían otros 300.000, elevando la población ocupada en el campo a solo el 4 por 100 del total.

Lógicamente, para afrontar los problemas que hemos identificado, no se propone retornar al viejo proteccionismo de mercados cautivos. Pero sí que cabe preconizar una nueva política agraria y agroalimentaria, con medidas nacionales de acompañamiento; para elevar la productividad y la competitividad, fomentando la mayor dimensión de las explotaciones, vía agrupación empresarial o a través del cooperativismo; a fin de lograr economías de escala que permitan aprovechar al máximo los avances en una serie de temas: más y mejores regadíos (incluyendo la posible recuperación del trasvase del Ebro, tras el indispensable estudio sobre su oportunidad económica y tecnológica), potenciación del cultivo bajo plástico e invernaderos, más biotecnología, agricultura de conservación (de menor laboreo), agroquímica, lucha biológica contra las plagas, logística y comercialización, etc.

A todo lo anterior han de agregarse dos proyectos ineludibles. El primero de ellos, establecer una relación más estrecha entre agricultura y distribución comercial, de modo que los productores en origen participen más activamente en la captura de valor añadido. Y el segundo tema es el de articular un nuevo programa de desarrollo forestal, relacionado con la política de la inevitable concentración municipal; en la idea de configurar municipios-comarca que aprovechen más intensamente los ocho millones de hectáreas de bienes concejiles de que son propietarios y que en gran parte están en proceso de desertificación por la negligencia pública y privada; incluyéndose en los programas a desarrollar la más amplia utilización de la biomasa con fines energéticos, así como su puesta en valor de la función de sumideros de CO2 y de otros gases de efecto invernadero a efectos del mercado de carbono.

Dejamos aquí nuestro itinerario, para no alargarnos más, y continuar la próxima semana. Y como siempre, el autor queda a disposición de los lectores de Republica.com, en castecien@bitmailer.net.

[1] El presente trabajo, ha sido objeto de un primer comentario por un conjunto de colegas, a quienes desde aquí expreso mi agradecimiento; precisando que ninguno de ellos asume ninguna responsabilidad por este texto, que corresponde por entero al autor. Los aludidos colegas son los economistas F. Becker, A.M. Carmona, J.M. Revuelta, A. Rueda, y S.B. Ruesga.
[2] Vidal Maté “La PAC adelgaza el campo”, El País, Negocios, 1.7.2012.
[3] Pendiente de datos de ASAJA e Instituto de Cuestiones Agrarias Ambientales (ICAM).
[4] “Cifras de campo”, El País, Negocios, 1.7.2012.

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