Mercado de trabajo y creación de empleo

I. Derechos sociales y paro

Después de la serie, que nos ocupó tres jueves seguidos, sobre el cerebro humano y sus pretendidas replicas artificiales, etc., hoy entramos en un área mucho más próxima a las inquietudes presentes: mercado de trabajo y creación de empleo. A partir de la cifra oficial de casi cinco millones de parados, según la encuesta de población activa (EPA), el indicador válido a efectos del Eurostat de la UE, que no toma en consideración el paro registrado según el INEM.

1. Algunas aclaraciones previas

Todo el esquema que seguidamente exponemos, podrá parecerle al lector un auténtico programa antiobrero. Invectiva a la cual cabe responder con la idea de que lo más antiobrero sería continuar en el estancamiento para llegar a una cifra de seis millones de parados o más, y restarle a la economía española el dinamismo que perentoriamente necesita; si se quiere tener más ocupación neta, en el difícil contexto de una economía internacional globalizada con fuerte competencia en los mercados mundiales. En el sentido que apuntamos, es necesario dejar claro que una cosa es el estado de bienestar que todo el mundo desea, y otra bien distinta, lo que realmente puede funcionar en una situación muy grave de la economía y después de haber vivido por encima de nuestras posibilidades.

A fin de aclarar el panorama laboral, recurriremos aquí a algunas remembranzas históricas, las indispensables. Para poner de relieve una serie de aspectos de nuestra legislación laboral que claramente corresponden a los tiempos de Franco. Cuando, por ejemplo se introdujo la escala móvil para los salarios según el IPC y se establecieron las indemnizaciones de despido a niveles muy superiores a los europeos; como también por entonces funcionaban las magistraturas de trabajo con sus normas más complacientes para la baja productividad, en la misma tónica que hoy prevalece en los Juzgados de lo Social.

Podrá preguntarse: ¿pero es que el régimen de Franco dispensó de verdad protección al obrero?. Esa idea, a muchos, inicialmente, podrá parecerles de lo más extraño, pero haberla, la hubo; fundamentalmente, porque durante la dictadura del General no había sindicatos libres, y en vez de una defensa autónoma de los derechos de los trabajadores, lo que funcionó fue una política de protección heteronómica. Es decir, se trataba de dispensar, desde el poder, una serie de ventajas sociales, para congraciar a las clases trabajadoras con el Régimen… en la medida de lo posible. Del otro lado de la moneda estaba la prohibición de huelgas, salarios bajos, funcionamiento del sindicalismo vertical, y persecución de cualquier intento de crear verdaderos sistemas obreros de organización.

Dentro de esa protección heteronómica de la Era de Franco, hay que incluir la creación de la seguridad social y del régimen general de pensiones; introducidos, ambos, a partir de 1943, superando así la gestión de la Segunda República Española, que entre 1931 y 1936, no legisló en ninguna de esas dos direcciones. Y luego, las instituciones de 1943, se asentaron y desarrollaron de forma considerable hasta 1975. A lo que ulteriormente se unieron notables contribuciones de perfeccionamiento de la democracia desde 1977, hasta llegar a la situación actual. Por todo ello, no puede caerse en los lamentables posicionamientos triunfalistas de algunos candidatos en las elecciones generales; cuando pretenden que el sistema nacional de salud y las pensiones, contributivas o no, se crearon por sus propios partidos: una invención de la Historia, impropia de cualquier talante democrático.

En definitiva, es necesario tratar los temas laborales con toda claridad, aun a riesgo de sufrir invectivas. Y sobre todo, tenemos que evitar el populismo que interfiere en la racionalidad del crecimiento económico y de los derechos sociales efectivos.

2. Contra el paro que no cesa

Las actuales cifras de paro no son fiables, y puede decirse que no tendremos cuentas claras mientras no se disponga de un estudio incisivo sobre la realidad del mercado laboral, cuando la economía sumergida se estima en un 23 por 100 del PIB oficial. Ese estudio, nadie lo ha realizado, seguramente por temor a vislumbrar situaciones de verdadero disparate, que mermarían la poca confianza que pueda haber aún en el Ministerio de Trabajo. Pero el caso es que necesitamos detectar quiénes están trabajando y quiénes no, un tema en el cual el autor se atreve a cifrar que en España puede haber no menos de 600.000 jubilados que no aparecen en las estadísticas y que sin embargo están trabajando. Sencillamente porque lo necesitan, o porque se lo pide el cuerpo, y prefieren mantenerse activos a entrar en una especie de fase premortuoria de inactividad total.

Al anterior guarismo de activos oficialmente inexistentes, deben agregarse no menos de 700.000 personas —especialmente en el servicio doméstico, hostelería, actividades turísticas, y en trabajos rurales— que tampoco están dadas de alta en la Seguridad Social y que sin embargo están trabajando.

Y por último, de los tres millones largos de trabajadores que están recibiendo subsidio de paro, de una u otra categoría, podría haber seguramente 1,2 millones de personas, en unas u otras condiciones, en la economía sumergida.

Por consiguiente, podrían estar laborando, dos millones y medio de personas más a sumar a los 17,3 millones que oficialmente tienen empleo según la afiliación a la Seguridad Social. Un importante plus, que contribuye a responder a muchos que se preguntan cómo en un país con cinco millones de parados no hay más malestar social con disturbios por doquier. Aparte de los amortiguadores de la crisis que son tanto la familia como el estado de bienestar, funciona también un importante empleo no registrado.

Seguiremos la semana próxima para entrar en otros aspectos de la cuestión y en el entretanto, el autor queda a disposición de los lectores, como siempre, en castecien@bitmailer.net.

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