Sin proyecto de país: un repertorio de reformas necesarias

La tormenta internacional de deuda pública arrecia por doquier, afectando incluso a EE.UU. Y España se encuentra de nuevo en una situación difícil, de contagio potencial de las miasmas que emanan de Grecia (posible reestructuración de su deuda), Irlanda (con un endeudamiento del Estado del 45 por 100 del PIB por el lastre de los bancos) y Portugal, que está negociando con el Eurogrupo para su rescate financiero, en medio de toda clase de problemas y frivolidades.

En España, los males más a la vista radican en que las reformas llevadas a cabo por el Gobierno, han sido tardías e incompletas, lo cual redunda en un claro proceso de estancamiento, y de poca credibilidad para los mercados internacionales. Por ello, creo que es buen momento para hacer una síntesis de cuáles son los ajustes principales que han de realizarse en la economía española, más pronto que tarde. Para conseguir un marco de mayor competitividad y dinamismo, que nos haga más resistentes ante la crisis, y de manera que podamos ir resolviendo el tema, tan traído y tan llevado, del cambio de modelo; con mutaciones en los principales aspectos del mismo, según iremos viendo.

No tiene por qué haber jubilación obligatoria. Si bien a los 70 años –y en casos especiales de trabajos duros y repetitivos mucho antes— debería poder retirarse quien así lo prefiera; con la pensión aplicable según criterios razonables. En ese sentido, habría que fomentar la continuidad en el trabajo después de la edad de 70, sobre todo en los casos de mayor aporte de capital humano.

Salarios: asociarlos con la productividad. Habrá que cancelarse la escala móvil automática, que tanto contribuye a exacerbar los procesos inflacionistas. Sobre este punto, recordemos que el FMI ya propuso una rebaja salarial del 10 por 100 para 2010, y que el Prof. Krugman llegó a hablar del 30; a menos que se subiera en un solo año la productividad en un 30 por 100, algo por entero imposible. Como conviene recordar, igualmente, que los trabajadores en las grandes empresas ven aumentar sus salarios de convenio, en tanto que los nuevos temporeros están siendo contratados con contracciones salariales de no menos del 30 por 100 respecto a 2007.

Convenios colectivos. Hay que configurarlos con un nuevo formato, preferentemente a escala de empresa; para así relacionar estrechamente retribuciones y productividad. Por otra parte, hay que cancelar la escala móvil salarial, por ser un instrumento que retroalimenta la propia inflación. En cuanto a absentismo laboral, hay que obrar decididamente, pues es una lacra que genera una notable brecha entre las horas pactadas en convenio y las efectivas. De modo y manera que, como media, en España, los asalariados se ausentan de su puesto de trabajo 22,3 horas al mes (datos del INE referidos al cuarto trimestre de 2010), calculándose en 7.000 millones de euros las pérdidas anuales directas por esa causa (el 0,6 por 100 del PIB); y bastante más con las consecuencias colaterales por el desorden que se crea en cadenas y sistemas de producción, día a día, por la inusitada ausencia de una parte mayor o menor de la plantilla. En definitiva, el absentismo es una cultura inaceptable, de relajación a la hora de cumplir las obligaciones laborales por desidia, desmotivación, pretendido estrés, etc.; y también por un sistema legal y de control que está retardatariamente influido por los sindicatos, que no ayudan para nada a erradicar semejantes actitudes y prácticas.

Seguridad Social y Sanidad. Habrá de reorientarse el actual sistema tipo Bismarck (contributivo), para ir pasando a otro mixto, con elementos a lo Beveridge (financiación vía impuestos). Al objeto de hacer posible que las aportaciones de empresa más la cuota obrera no supere el 25 por 100 del importe de las nóminas. En el caso de la sanidad, el copago de una serie de prestaciones, parece cada vez más inevitable si se quiere frenar la escalada de pagos y el consiguiente déficit.

Contratación laboral. Habrá que hacerse un gran esfuerzo para reducir indemnizaciones —ya existe el seguro de paro—, en mayor medida que hasta ahora; pasando de 45 días por año (en algunos casos se llega hasta 60 para lubrificar los EREs), a no más de 20. Con un máximo para la vida laboral en una misma empresa de 600 días (media en la UE), frente a los 1.200 actuales. Hay que estimular, además, la contratación a tiempo parcial, que hace factible una mejor inserción laboral de muchos trabajadores que por diversidad de razones optarían por este tipo de contratación.

Dinamismo empresarial. Es indispensable incentivar la inversión, buscando una mayor productividad y, en definitiva, mayor competitividad; a efectos de producir y sobre todo para exportar mucho más. En esa dirección, el tipo general del Impuesto de Sociedades (35 por 100), habría de reducirse en no menos de 10 puntos, al objeto de favorecer inversiones netas durante el tiempo que pueda quedar de crisis y, como mínimo, hasta 2015. Adicionalmente, es preciso estimular el espíritu de empresa, según lo previsto en el Consejo Europeo de Lisboa 2000, frente a la proclividad de los españoles a encontrar una colocación (más que un trabajo) como funcionarios sin grandes exigencias de rendimiento, o como empleados de corporaciones españolas o foráneas de larga vida. Como igualmente hay que disponer de más recursos para financiar el capital riesgo y el I+D, a fin propiciar desarrollos de invención y de también innovación, que hoy se frena por falta de medios ad hoc.

Reforma de las Administraciones Públicas. Sin tocar el Título VIII de la Constitución, sería posible un ajuste de las AA.PP. para reducir su gasto y elevar su eficacia (hacer las cosas), así como para conseguir una mayor eficiencia (hacerlas bien). Algo que exige una menor burocracia y una actividad legislativa para sólo lo imprescindible; en vez de la hemorragia de normas de las CC.AA., que contribuyen a hacer del mercado español 17 mercados menores, lo que obstruye cada vez la inversión exterior en España. Adicionalmente, resulta ineludiblemente un adelgazamiento de la nómina de empleados públicos en pro de la productividad y la competitividad; debiendo aclararse que ni la mitad de los que pasan por serlo, son verdaderos funcionarios, pues para ingresar en las nóminas de las AA.PP. no tuvieron que hacer verdaderas pruebas de capacidad. En ese sentido debe recordarse que desde 1977 (Pactos de La Moncloa) a 2011, pasamos de 1,5 a 3,2 millones de empleados públicos; con un incremento del 113 por 100, frente a sólo el 20 de expansión demográfica; con el consiguiente aumento de coste y también de alargamiento insoportable de los trámites administrativos. Lo cual sólo tiene una solución: reducción de las plantillas públicas, para empezar, en un mínimo del 15 por 100 (480.000). Por lo demás, los déficit y endeudamientos de las CC.AA. expresan un desbordamiento por duplicación de las acciones públicas, lo que exige una reforma profunda de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las CC.AA.) y del propio gasto que realizan las Comunidades y la Administración General del Estado, sin olvidar los Ayuntamientos. Finalmente, la reforma administrativa debe acabar con la redundancia de 42 Diputaciones Generales en las CC.AA. con más de una provincia; y debe hacerse un programa de concentración de los 8.100 municipios españoles, para que no sean más de un millar.

Sin estrategia a medio y largo plazo. En resumen: las consideraciones hechas, nos llevan a la conclusión de que antes, durante, y en lo que parece puede ser una larga continuación de la crisis 2007-2011, no ha habido ni hay verdadera estrategia para salir del marasmo económico, ni para consagrar un nuevo modelo de desarrollo, más ágil y productivo. Como sí sucedió, en cambio, en tres ocasiones anteriores de la política económica española: Plan de Estabilización de 1959, Pactos de La Moncloa de 1977, y programa 1996/1998 para incorporarnos al euro.

Sin proyecto de país. El pleno empleo prometido por el Gobierno en 2004 y reiterado en 2008, cierto que con todas las alteraciones de una fuerte crisis internacional, se ha transformado en el desempleo más voluminoso de todos los países avanzados, rondando y a los cinco millones de parados: el 21 por 100 de la población activa y el 43 de la que está en edad juvenil. En tanto que las promesas dadas de que se mantendría el estado de bienestar y que iría en ascenso, se ha truncado en la vía hacia la reducción de salarios y congelación de las pensiones. Por lo demás, el derroche de recursos públicos y la economía subsidiada continua con toda clase de manifestaciones de estar fuera de control.

En resumen en las épocas de bonanza no se hicieron las reformas necesarias, lo cual está pagándose ahora; al no haberse tomado nota, a tiempo, de la gravedad de las perspectivas a que nos enfrentábamos. Para luego, en los últimos doce meses, ir buscando, a toda prisa y con poca reflexión, soluciones que tendrían que haber sido preparadas con antelación, esbozándolas con mayor profundidad. En definitiva, en el momento actual, estamos sin proyecto de país: ni existe, ni se le espera.

Como siempre, a la disposición de los lectores de República.es (castecien@bitmailer.net), deseándoles una Semana Santa dedicada a las aficiones que cada uno tiene, religiosas o legas, y un comienzo de Pascua florida realmente motivador. Amén.

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