I. PREPARANDO LA CONFERENCIA DE CANCÚN

Como es bien sabido –naturalmente, por quienes se ocupan de estas cosas—, las cuestiones del calentamiento global y del cambio climático, no fueron mínimamente resueltas en la Conferencia del Clima de Copenhague de diciembre de 2009. Hubo, eso sí, un acuerdo, pero ni unánime ni completo, por lo cual aún no se sabe cómo se sustituirá el Protocolo de Kioto que caduca en 2012.

Para resolver esa incógnita, más que difícil, en este verano ha habido dos largas sesiones en Bonn, sede de la Convención sobre Cambio Climático, para preparar la próxima gran conferencia de Cancún de finales de 2010.

En la segunda de esas sesiones, en el momento de la apertura del encuentro de Bonn-agosto 2010 estuvieron presentes 185 países, y la nueva Secretaria General de la Convención Marco, Christiana Figueres, ante los representantes aludidos expuso con nitidez sus puntos de vista sobre la Conferencia de Cancún. Un discurso del cual extraemos las principales ideas y propuestas; siguiendo una línea esencial: que los gobiernos den el paso en la batalla contra el cambio climático, para en Cancún convertir lo políticamente posible en políticamente irreversible. En esa dirección, se habrá de progresar en cinco áreas claves:

Ante todo, hay que resolver qué debe hacerse con las promesas de recorte de emisiones.

Los países industrializados han prometido reducir sus emisiones para 2020, y 38 países en vías de desarrollo también han presentado planes para limitar el aumento de las suyas. Ambas ofertas tienen que ser formalizadas en debida forma, y a tales efectos, en la negociación de la reforma del Protocolo de Kioto sus promesas de reducción deben plasmarse en cifras concretas.

En segundo término, los gobiernos de los países industrializados parecen estar en la senda de ponerse de acuerdo para diseñar un dispositivo adecuado sobre las formas y medios (ways and means), para hacer posible que los países en vías de desarrollo realicen acciones de adaptación al cambio climático.

Esa posibilidad frena el crecimiento de las emisiones a base de financiación adecuada, impulsando la utilización de tecnologías limpias, con la promoción, también, de la actividad forestal sostenible, adquiriendo la pericia y las capacidades para hacer todo eso.

Tercero, las naciones industrializadas deben convertir sus promesas de financiación en realidad.

En 2009 en Copenhague, se prometieron 30.000 millones de dólares en una vía rápida (fast track) para posibilitar los esfuerzos de adaptación y mitigación, hasta 2012, de los países en vías de desarrollo. Una oferta que estos vieron como una señal de que los países industrializados se comprometerían a avanzar en unas negociaciones más amplias. Y adicionalmente, las naciones más avanzadas prometieron elevar su ayuda anual a 100.000 millones de dólares anuales entre 2012 y 2020.

En relación con lo anterior, es necesario que los gobiernos clarifiquen, con los debidos acuerdos institucionales, cómo podrá relacionarse esa financiación con una serie de temas. Por ejemplo, la manera de vincular de modo más efectivo el dispositivo tecnológico operativo con las acciones de adaptación.

En cuarto término, ha de conseguirse que los países vean la forma de que lo acordado entre ellos pueda ser objeto de medición, con la debida transparencia en la cuantificación.

Se trata de lo que se conoce como MIV (medición, informe y verificación) en las negociaciones. Simplemente, ha de asegurarse la confianza de que lo prometido, se cumplirá.

En quinto lugar, finalmente, los gobiernos deben ponerse de acuerdo en que las promesas han de ser formuladas de manera vinculante, siendo necesario decidir cómo se hará tal cosa.

A ese respecto, los acuerdos cabe hacerlos a nivel internacional, nacional, o como meras reglas a cumplir; o pueden constituir una mezcla de las tres cosas. Pero toda esa combinación de compromisos es necesario que estén cuantificados y tengan carácter vinculante. De modo que la sociedad civil y el mundo de los negocios se sienta confiado en que las estrategias limpias y verdes, serán efectivas tanto global como localmente.

Pero tras el anteriormente expuesto discurso de la Sra. Figueres, la verdad es que se avanzó muy poco en las conversaciones de la Convención Marco de Bonn-agosto de 2010. Más bien puede decirse que el principal resultado fue el reconocimiento –según iremos viendo— de las grandes dificultades de tener éxito en Cancún.

En ese sentido, y para empezar, en Bonn se escucharon las quejas de la Alianza de las Pequeñas Naciones-Isla (APNI/AOSIS), representada por el consultor económico Al Binger. Lamentaciones que superaron lo episódico de los lamentos insulares, para convertirse en una importante requisitoria sobre las muy graves insuficiencias y escapatorias (loopholes) que de hecho se dan en la aplicación del Protocolo de Kioto. Por lo cual entramos aquí en el tema.

Desde luego, los países de la APNI tienen razones para quejarse, por su vulnerabilidad a los efectos de la elevación del nivel del mar. Lo cual se debe, según sus apreciaciones, a que en gran medida el Protocolo de Kioto funciona mal: “se hacen muchas promesas, pero realmente no se avanza en el recorte de emisiones de GEI, por lo cual, con la subida del nivel del mar, 43 países insulares se encuentran en una situación cada vez más difícil”.

Según la APNI, hasta ahora no se ha conseguido nada con Kioto, por el incumplimiento de sus metas globales. Que se derivan del hecho de que las reglas del Protocolo son demasiado ambiguas, comenzando por la circunstancia de que los derechos de emisión acumulados (AAUs, por la sigla en inglés de Assigned Amount Units) son utilizados por los países que los tienen para reducir sus compromisos nominales, restando así una proporción notable a sus promesas de recorte efectivo de emisiones de GEI. E incluso si el país poseedor de los AAUs no los necesita en un momento dado, puede venderlos en el mercado de carbono; ayudando así a que otros socios del Protocolo tampoco hagan demasiado por reducir sus emisiones.

Entre los países privilegiados a esos efectos, figuran los del Centro y Este de Europa; y sobre todo Rusia, como heredera fundamental de la URSS, que tiene miles de millones de dólares de esos derechos de emisión, que efectivamente vende con gran provecho propio en el mercado de carbono.

A lo anterior, se une la circunstancia de que una serie de empresas generadoras de GEI de los países más avanzados, recurren sistemáticamente a promover en los países en vías de desarrollo mecanismos de desarrollo limpio (MDL, clean development mecanism, CDM), a cambio de los cuales reciben derechos de emisión a efectos de descontarlos de sus propias efluencias de GEI. Más concretamente, lo que esas empresas hacen es dirigirse a la Secretaría de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que les aprueba o deniega tales proyectos, y en caso positivo, reciben certificados de reducción de emisiones (CRE; certified emisions reductions, CERs). Títulos que también pueden utilizarse para descontar en las emisiones de GEI del promotor del MDL en cuestión; o que también cabe enajenar en el mercado de carbono.

En definitiva, hay esas y otras formas de escapar a la pretendida disciplina del Protocolo de Kioto, que deberían ser objeto de discusión, para salir de las falsas apariencias de que todo va bien. Porque al final resulta que se habla de los benéficos efectos del Protocolo, pero en realidad estos no existen: en vez de reducirse las emisiones, de hecho están aumentando, en buena medida por los mecanismos que hemos examinado. El Protocolo está, pues, muy lejos de ser una panacea, de modo que hace falta reformarlo para que sus teóricos objetivos se alcancen en la realidad y en los plazos que se fijen.

Seguiremos el próximo jueves 19, con la segunda entrega de este artículo sobre las dificultades que entraña llegar a un acuerdo final sobre qué hacer frente al cambio climático y cómo sustituir el Protocolo de Kioto.