¿Hay esperanza para la ciencia en España?

Investigadores del equipo de Pilar Marco, en el Instituto de Química Avanzada de Catalunya

CSICInvestigadores del equipo de Pilar Marco, en el Instituto de Química Avanzada de Catalunya

En nuestro país 400.000 personas trabajan en ciencia e innovación, un sector golpeado históricamente por la precariedad laboral, los recortes presupuestarios y la burocracia, al vaivén de las crisis financieras y políticas. La pasada semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en su intervención durante la clausura del South Summit, la aprobación en Consejo de Ministros de un plan con 30 medidas para atraer el “talento científico e innovador” perdido en los últimos años. Un plan dividido en tres ejes y que se desarrollará durante los próximos 18 meses. Sin embargo, y a pesar de que en febrero de este mismo año el Gobierno también aprobó el anteproyecto de reforma de la Ley de la Ciencia de 2011 para arreglar el desaguisado actual, la comunidad científica en general se muestra cauta, rayando en la desconfianza. Lleva años, por no decir siglos, sufriendo cancelaciones de proyectos en marcha, destrucción de plazas públicas, cierre de laboratorios, envejecimiento de las plantillas y, como colofón, incoherencias e injusticias.

El anteproyecto rectifica, por ejemplo, la injusta normativa que suponía menos sueldo para los científicos emigrados que vuelven a España. Entre 2011 y 2016 se perdieron más de 5.000 puestos de investigadores, que se vieron obligados a continuar su carrera en el extranjero siendo agraviados a su regreso por una norma de 2019 impulsada por el propio Ministerio de Ciencia, entonces encabezado por Pedro Duque. Teniendo en cuenta que parte del sueldo de los investigadores y los profesores universitarios depende de la evaluación de sus méritos en los años anteriores, los llamados quinquenios, el asunto levantó ampollas. En la práctica suponía que los años en el exterior dejaban de computarse a la hora de calcular el sueldo en una plaza ganada por oposición y únicamente “valían” los años de experiencia en los Organismos Públicos de Investigación, como el CSIC. Un despropósito que ignoraba a los cerebros retornados y también a los científicos de universidades, fundaciones y centros tecnológicos de las comunidades autónomas. Tres años después, la Administración ha comprendido que intentar el regreso de las mentes científicas a España no iba a conseguirse pagándoles menos que a los que nunca se fueron.

Ambiciosos objetivos

La nueva ley fija el objetivo de alcanzar una inversión pública del 1,25% del PIB para financiar la I+D+I en 2030 - el nivel actual es el 0,58% -, que con el apoyo del sector privado se espera poder finalmente llegar al compromiso del 3% que establece la UE. La comunidad científica española también llevaba años denunciando una burocracia paralizante, que obliga a justificar hasta el más mínimo gasto con multitud de documentos, ralentizando la compra de materiales para los laboratorios y provocando una excesiva carga administrativa. Reducirla de manera considerable para que el investigador “no tenga que estar justificando, por ejemplo, el ticket de un taxi o facturas de hace 10 años”, es otro objetivo.

Por lo que se refiere al plan de actuación inmediata anunciado por el jefe del Ejecutivo, el primer eje del mismo consistirá en ampliar el número de contratos pre y postdoctorales con el objetivo de generar “más oportunidades y mejores condiciones para el desarrollo de la carrera científica”. La agencia estatal de investigación lanzará una nueva convocatoria de consolidación investigadora dirigida a “afianzar las carreras de jóvenes investigadores nacionales y extranjeros, iniciando sus líneas de investigación y accediendo a una plaza fija al finalizar su itinerario postdoctoral”. Los otros dos ejes se centrarán en “eliminar barreras y crear nuevos incentivos” para atraer talento científico internacional al sector público y en impulsar la incorporación del talento científico e investigador al sector privado. Sánchez ha subrayado que la prueba del compromiso de este Gobierno con la ciencia está en el incremento de la financiación a la agencia estatal de investigación, que para este año asciende a 1.358 millones de euros, un 60% más que el año anterior.

La compleja situación actual

Mientras, la realidad se sigue imponiendo en el día a día. En ciertos casos de forma vergonzosa. No es la primera vez que científicos españoles incorporados a importantes proyectos internacionales son invitados a marcharse porque su país no paga la parte que le corresponde del presupuesto. Ocurrió en 2011 en uno de los estudios más importantes, el CERN, y ahora lo acaban de vivir en primera persona los científicos de investigación oceánica expulsados de uno de los programas más importantes a causa del impago de las cuotas al Consorcio Europeo para Perforaciones de Investigación Oceánica. El citado organismo ya expulsó a España en 2015 cuando, al igual que ahora, el gobierno no aportó las cuotas exigidas para seguir formando parte del mismo. Siete años más tarde la situación se repite y, al parecer, agravada. En 2015 la cifra de impago ascendía a medio millón de dólares, en 2022 esta cuota es de 150.000 euros y no se ha pagado desde 2017. El resultado es que los científicos españoles no podrán acceder a uno de los buques de investigación más avanzados del momento, el Joides Resolution, clave para las diferentes campañas de investigación que surcan los mares ya que cuenta con una estructura de perforación capaz de descender hasta 8.000 metros para recoger muestras de sedimentos marinos.

Otro conflicto actual aún sin resolver que padece el sector está protagonizado por los 1.500 jóvenes investigadores que, aunque todavía no han presentado sus tesis, defienden ser la columna vertebral del CSIC. Denuncian que la institución científica estatal más prestigiosa en España les debe más de 300.000 euros al no haber actualizado sus sueldos y continúa negándoles derechos laborales de los que gozan otro tipo de trabajadores. Después de haberse manifestado frente al ministerio, ahora han decidido llevar el asunto a los tribunales. En muchos centros del CSIC, el personal predoctoral contribuye a buena parte del rendimiento académico y nunca había recibido retribución alguna por ello porque estaban excluidos del convenio general de la Administración General del Estado. En 2019, su batalla logró lo que parecía una importante victoria con la aprobación del Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación que obligaba al CSIC a actualizar los salarios que cobran en base al último convenio. Sin embargo, las demandas que se avecinan son precisamente consecuencia del incumplimiento por parte del CSIC, que siguió pagando menos del mínimo de lo que correspondía.

Abocados a hacer las maletas

Los investigadores científicos encuentran en el extranjero la valoración, remuneración y medios de los que carece el sistema español. El biotecnólogo coruñés César de la Fuente, 36 años recién cumplidos, figura entre los 50 españoles más galardonados, junto a cantantes y deportistas, según Forbes, y ha sido distinguido como mejor investigador joven de EE UU por la American Chemical Society como uno de los diez mejores innovadores del mundo en ciencias de la vida y la salud por el MIT (Instituto de Tecnología de Massacuhssets). En España, de donde salió con 23 años, ahora empieza a ser reconocido y ha sido galardonado con el Princesa de Girona por la creación de antibióticos por ordenador.

Desde el centro que ahora dirige como investigador principal en la Universidad de Pensilvania, donde comparte espacio con los padres de la vacuna de Pfizer contra la covid (Katalin Karikó y Drew Weissman), enseña a los ordenadores a fabricar moléculas con propiedades medicinales. Rodeado de un ambiente inspirador y brillante, siempre conservará en la memoria cuando Karikó y Weissman se pusieron la vacuna en cuya tecnología son los pioneros tras una época durante la que nadie creía en ellos, en sus ideas, y no tenían financiación. Ellos son un ejemplo del rechazo inicial que los investigadores padecen cuando exploran caminos demasiado nuevos.

El eterno problema de fondo

El joven científico gallego, al igual que la mayoría de sus colegas, saben que cuando tienen una idea innovadora, “el statu quo siempre la intenta echar abajo o la ignora”. Algunos tendrán la oportunidad de que eso revierta y se reconozca su labor; la mayoría, sin embargo, no tendrá ese privilegio o ya no estará para verlo. La historia de la ciencia está llena de ejemplos. En 1850, William Gladstone, uno de los estadistas más célebres de la época victoriana y en aquel momento ministro de economía, visitó el laboratorio de Michael Faraday, considerado ya gran pionero de la electricidad y el magnetismo. Gladstone, que, evidentemente, estaba pensando en términos económicos, no pudo evitar realizar el siguiente comentario: “Muy interesante, pero ¿cuál es su uso práctico?”. La respuesta de Faraday fue honesta pero rotunda: “En este momento no sabría decirle, señor, pero es bastante probable que en el futuro le ponga usted una tasa”. Hoy, sus experimentos son la base de la moderna tecnología electromagnética, una demostración incontestable de que las investigaciones llamadas de base son necesarias para que no se detenga el flujo de la ciencia, de ese progreso del que tan orgullosos nos mostramos. 

La investigación no es sólo una labor de mentes privilegiadas, precisa también de constancia, tenacidad, paciencia. De tiempo y, por supuesto, de medios económicos. La historia nos ha enseñado que los grandes descubrimientos han generado siempre, después de un cierto periodo de tiempo y de manera muchas veces imprevisible, enormes y magníficos cambios en nuestra sociedad. En definitiva, en nuestra vida. Otro ejemplo: en 1929, el físico inglés Paul Dirac formuló la ecuación que lleva su nombre y que describe el comportamiento de los fermiones, con la cual predijo la existencia de la antimateria. Entonces nadie podía imaginar un uso práctico para la misma y, sin embargo, ahora nos valemos de ella, entre otras cosas, para una modalidad diagnóstica no invasiva de tumores, la tomografía por emisión de positrones o PET. Los positrones – que son la antimateria de los electrones – pasaron, en el arco de 60 años, de ser un concepto por completo abstracto a convertirse en un recurso de uso común.

Es “poco atractivo” invertir en ciencia porque el conocimiento y los avances científicos no suelen traducirse, salvo excepciones como las actuales vacunas o los desarrollos tecnológicos, en inmediatos resultados capaces de generar beneficios económicos. En definitiva, prima la necesidad de convertir cuanto antes el conocimiento en riqueza. Como ocurre con Santa Bárbara, solo nos acordamos de los científicos cuando truena. Pasada la tormenta, el capítulo de investigación científica es siempre el primer afectado por recortes presupuestarios y falta de incentivos. La pandemia puso en evidencia la necesidad vital de invertir en I+D+i y el mundo se postró de rodillas ante estos humanos fabricantes de milagros. Los escuchamos con inédita atención, rezando para que no tardaran en darnos una vacuna que nos salvara y, quizás, nos devolviera el mundo tal como era antes de que un coronavirus lo pusiera del revés. Y, sobre todo, fuimos conscientes de dos cosas: que los estudios previos sobre otros coronavirus acortarían el camino para lograr un arma que combatiera a este y que cuando se focaliza el interés en un tema concreto, dotándolo de los medios necesarios para desarrollarlo, el milagro es “más posible”. Recortar en ciencia es una amenaza para el futuro, porque su efecto se extiende durante mucho tiempo después y lastra a las generaciones venideras, sin que podamos ni siquiera calibrar la importancia de aquello que quedó en el camino, encerrado en las mentes que no pudieron trabajar, en los ensayos que hubo que interrumpir, en los laboratorios que tuvieron que cerrar.