Cuando el pasado 24 de febrero Vladimir Putin decidió invadir la vecina Ucrania, lo hizo no sólo sobre la convicción de que ganaría esa guerra fácilmente ante la inexistencia de un auténtico Ejército ucraniano, sino también sobre la base de que la Unión Europea, como ya sucedió con la guerra en la exYugoslavia en los años 1991-95, se quedaría cruzada de brazos ante esa flagrante violación de la soberanía nacional de un estado europeo. A fin de cuentas, Ucrania ni siquiera había llegado a presentar su solicitud de adhesión a la construcción europea, mientras otros, como Serbia, llevan ya más de un año esperando a formar parte del selecto “club de ricos” que es la UE a pesar de haber cumplido con todos los requisitos exigidos (entre ellos, entregar a todos los criminales de guerra, como Milosevic, Karadzic o Mladic). Pero es que además Putin se guardaba un importantísimo “as” bajo la manga: la primera economía de la eurozona (Alemania) había fiado todo el suministro energético al “Nordstream”, que conecta, bajo las aguas del Mar Báltico, la Federación Rusa con la República Federal de Alemania.
Pero, para sorpresa, no sólo de Putin, sino de muchos otros, las autoridades comunitarias decidieron intervenir en la guerra ruso-ucraniana y ponerse del lado de un gobierno de Kiev que Putin esperaba hubiera marchado al exilio nada más producirse la invasión, lo que tampoco tuvo lugar. A partir de aquí, de manera paralela a la contienda militar entre rusos y ucranianos, ha comenzado una guerra “energética” entre una Unión Europea que, solo en el año 2021, había dado hasta 74.000 millones de euros en concepto de pago por la energía rusa. Ahí radica una de las paradojas fundamentales de este conflicto: por un lado, los países miembros de la Unión aportan dinero y armamento a los ucranianos al tiempo que aprueban paquetes de sanciones contra la economía rusa (¡ya vamos por el noveno!); por otro, siguen comprándole ese misma energía a la Federación Rusa, ante la ausencia de fuentes alternativas, lo que ésta está aprovechando para encarecer los precios de la misma y generar cada vez mayor cantidad de quebraderos de cabeza en los gobiernos que componen la Unión, y que llegan hasta la cifra de 27 tras la marcha del Reino Unido hace dos años.
Así, cada país vive esta guerra de una manera diferente, siendo tres fundamentalmente los elementos a tener en cuenta: su nivel de deuda pública sobre Producto Interior Bruto (PIB); sus necesidades de esa energía (porque unos la necesitan fundamentalmente para consumo de hogares y otro tipo de edificios, mientras otros deben añadir la que requieren para su producción industrial); y la inminencia o no de someterse al veredicto de las urnas. Vayamos por partes.
Alemania tiene a su favor el hecho de tener unas cuentas públicas muy saneadas (la deuda está en el 68% sobre PIB nacional) y ya pasó por las urnas en 2021: a día de hoy, la coalición formada por socialdemócratas, “verdes” y liberales parece comportarse con gran solidez. En su contra, una poderosísima producción industrial, que va desde la automoción a la alimentación misma, que se está viendo tremendamente encarecida por el hecho de depender por completo del flujo de energía ruso, y que puede llevar a un endeudamiento no visto en Alemania desde la reunificación que tuvo lugar allá por 1990.
Francia, a su vez, es la que parece contar con una posición más ventajosa, ya que sus casi sesenta centrales nucleares le permiten, dentro de las principales economías europeas, ser la que menor dependencia tiene de la Federación Rusa. Se sometió al veredicto de las urnas el pasado año 2022 y, aunque perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, nadie parece hacer sombra a un Emmanuelle Macron que va ya por su segundo mandato y que, salvo giro inesperado, permanecerá en el Palacio de El Eliseo hasta 2027. En su contra, una abultada deuda pública sobre PIB que se mueve ya en el entorno del 112% sobre PIB, y al que daña, y mucho, cada subida de tipo de interés decretada por el BCE.
A su vez, la Italia del Gobierno Meloni es la que peor lo tiene dentro del llamado “big four” (Alemania, Francia, Italia y España). Su coalición de centroderecha ganó las elecciones generales el pasado mes de septiembre, y posee una amplia mayoría en las dos cámaras que conforman el Parlamento. Pero la realidad es que el segundo país más endeudado de toda la Unión Europea tras Grecia (152% frente al 177% de los helenos); que cada subida de tipos de interés repercute muy directamente en esta deuda nacional, habiendo de pagar ya cerca de 90.000 millones de euros solo en intereses de la deuda; y que, como los alemanes, añade al consumo energético en hogares el de su poderosa industria. Y lo más grave: la región donde se concentra esa producción industrial (Lombardía) es precisamente la más poblada con diferencia de todo el país, con en torno al 26-27% de la población total (16 millones de los 60 que integran el conjunto nacional). Además, Lombardía constituye una de las zonas más septentrionales de la república transalpina, siendo los inviernos particularmente fríos y, por tanto, donde es más necesario el consumo energético en hogares.
Para colmo, Meloni, quien preside el Consejo de Ministros desde el pasado 22 de octubre al ser su lista la más votada, tiene dos compañeros de coalición nada fiables. Por un lado, Matteo Salvini, ahora VicePrimer Ministro y titular de Infraestructuras, va a estar en todo momento al acecho porque a su amplia carrera política (concejal, diputado, eurodiputado, senador, Viceprimer ministros y hasta varias veces ministro) sólo le falta el colofón de ser un día “premier”, y esta legislatura recién iniciada seguramente será su última ocasión para lograrlo. Por otro lado, a Silvio Berlusconi, el otro compañero de coalición, aún no se le olvida el “no” rotundo de Meloni a que su “fedelissima” Licia Ronzulli fuera ministra de Justicia, colocando en su lugar al prestigioso exmagistrado Nordio. Y ya se sabe que la venganza (“vendetta”) es “un plato que se sirve frio”.
Así, ambos es de esperar que de momento sigan votando con Meloni, pero cuando el previsible malestar haga estragos, aprovecharán para desbancarla de la presidencia del Consejo. No hay que olvidar, además, que Berlusconi hace años que se siente mucho más cercano de Salvini que de Meloni: ya se liquidó sin contemplaciones hace más de una década al “padre político” de la romana (Gianfranco Fini, ya retirado de la política), y ahora toca ir a por a su “criatura”, quien, además, es la primera vez que se pone al frente de un Ejecutivo y tiene muchos ministros de escaso empaque.
Eso sí, el centroderecha se andará “con pies de plomo” con lo que hace: ha tenido que aguantar once años de “travesía por el desierto” (desde que en noviembre de 2011 Mario Monti se convirtiera en Primer Ministro) y ha visto hasta siete gobiernos diferentes (el último, el presidido por el economista y financiero Mario Draghi) encabezados por una persona que no pertenecía a ninguno de los tres partidos que conforman la actual coalición de gobierno (Fratelli d´Italia, Lega y Forza Italia), y tienen por delante una legislatura que debería finalizar en septiembre de 2027, así que sólo harán caer a Meloni cuando tengan garantías de seguir conservando el poder.
Finalmente, queda el caso español. Y, llamativamente, quien menos ha hecho para contrariar a Vladimir Putin (Pedro Sánchez) es el que corre riesgo no sólo de perder el poder, sino de ser literalmente vapuleado en las urnas por la suma del Partido Popular (PP) y VOX. Y es que el gran problema de Sánchez es que, a diferencia de los tres países anteriormente mencionados, él sí debe someterse al escrutinio de las urnas en noviembre de este año, que es cuando finaliza la legislatura. Dado que España tiene la presidencia de turno en el segundo semestre de este año recién iniciado, Sánchez pretende llevar las elecciones a enero de 2024, para que el proceso electoral no interfiera en la presidencia, pero de ahí no puede pasar.
Este puede ser constitucionalmente posible, pero su realidad es la siguiente: por un lado, prácticamente un 120% de deuda sobre PIB; por otro, acaba de alcanzarse la “cifra mágica” de 10 millones de pensionistas, con el agravante de que 3.500.000 cobran 800 euros o menos (975.000 están por debajo de los 600 euros mensuales), y la subida del 8.6% de sus pensiones en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 me temo que les va a saber muy poco. Igualmente, su coalición de gobierno es muy débil: en la práctica, sólo le he apoyado para aprobar presupuestos expansivos en el gasto público, pero, a partir de ahora, a Sánchez le va a tocar, como por otra parte es costumbre en período preelectoral, a tirar del controvertido decreto-ley. Y lo más importante: su aparente “record” de afiliados a la Seguridad Social esconde la realidad de más de tres millones (y puede que hasta cuatro o cinco, porque ya había mucho fijo-discontinuo antes de la reforma laboral del año pasado) de trabajadores en situación de fijo-discontinuo. En otras palabras: aquellos en situación activa que deben mantener a tantos millones (10, como acabamos de decir, sin olvidar los que tienen pareja en una generación donde la inmensa mayoría de las mujeres no cobran pensión por no haber trabajado fuera de casa) en no pocos casos no sólo están lamentablemente pagados, sino que además cobran entre 9 y 11 pagas al año, en lugar de las 14 de los trabajadores más antiguos (nos referimos a las doce ordinarias más las dos extraordinarias).
Los organismos (Banco de España, Funcas, Comisión Europea) ya avisaron que, si bien España crecería en el último trimestre de 2022 por encima del 4%, este mismo crecimiento para el conjunto de 2023 se podía ir al 0.6-07%, lo que asegura destrucción de empleo creciente. Y eso que el gobierno no debe invertir ingentes cantidades de dinero en una industria que apenas existe en este país desde la llamada “reconversión industrial” de los años ochenta (en realidad, desmantelamiento puro y duro), pero sí debe hacer frente a la realidad de que la mayor parte de lo que consumimos se transporta por carretera, con lo que, a pesar de haber bajado o eliminado el IVA de productos básicos, el aumento del coste del transporte, al haber dejado de subvencionarse descontarse los 20 céntimos por litro de combustible, se trasladará, inevitablemente, a precios. Así que, aunque conocida es la capacidad de aguante del actual Presidente del Gobierno (el socialista Pedro Sánchez), no debería sorprendernos tanto el que pueda llegar a haber elecciones anticipadas para amortiguar el inevitable batacazo electoral que le espera a la izquierda española. Todo dependerá de la rapidez con la que se agoten los ahorros de los españoles, muy mermados tras haber gastado “a manos llenas” durante el segundo semestre del año pasado.
La realidad es, más allá de todo este “big four”, que los diferentes estados miembros (20 de ellos en la moneda única con la incorporación este año de Croacia), va a jugar un papel clave la subida de tipos de interés realizada por el Banco Central Europeo, y es que subir el coste del dinero es la única manera de bajar la espiral inflacionista. Y aquí es donde países como Alemania, Países Bajos y otros del centro y norte de Europa le recordarán a los de la Europa meridional que, allá por julio de 2020, ellos aceptaron financiar un fondo de reconstrucción (“Recovery Fund”) del que los principales beneficiarios fueron Italia (209.000 millones se llevaron) y España (140.000), por lo que ahora es a la Europa meridional a la que la toca “arrimar el hombro”. Y es que seguramente Putin acabará perdiendo la guerra (o incluso será ajusticiado por los suyos antes de que esta finalice), pero también será interesante ver cuántos gobiernos europeos caen por el camino. Y, no debemos engañarnos, Pedro Sánchez y su gobierno han comprado numerosísimas papeletas para estar entre los que finalmente caen: hasta el punto de que podemos llegar a ver casi un “pasokización” del PSOE (en recuerdo de aquel PASOK o partido socialdemócrata griego que durante décadas gobernó Grecia). El tiempo dictará sentencia.-
Pablo Martín de Santa Olalla Saludes es Doctor en Historia Contemporánea y en la actualidad ejercer como Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nebrija