En año 2022 fueron asesinadas en España por violencia de género al menos 49 mujeres, 11 de ellas en diciembre, que ha sido el peor mes del año que despedimos y de toda la serie histórica. Pero 2023 no ha empezado con buen pie: tres de las cuatro muertes en estudio ya se han catalogado como violencia machista. Una lacra que parece no tener fin y a la que más de cuarenta asociaciones feministas y de asistencia a víctimas de violencia sexual plantan cara exigiendo, en primer término al Gobierno, la puesta en marcha de acciones que fortalezcan la lucha contra la violencia machista y ponga fin a un balance trágico.
La presidenta de la Fundación Mujeres, la socialista Elena Valenciano, ha denunciado este miércoles los "problemas" que, a su juicio, existen en el país con la valoración de riesgo de las víctimas de violencia de género. Y, en este sentido, ha destacado que "el 40% de las asesinadas en 2022 tenían protección" del Estado.
"Existen motivos para alarmarse", advierte Valenciano. A su juicio, la sociedad "no puede conformarse" con que "veinte años después" de la aprobación de la Ley sobre esta materia "la cifra de asesinadas sigan siendo las mismas". Pero, además, ha señalado como "lo más alarmante" el hecho de que "mujeres protegidas por el Estado y los poderes públicos sean asesinadas". "Ahí es donde está el problema fundamental", ha declarado, antes de reconocer que la violencia de género es un tema "complejísimo" y que "no existen soluciones milagro" para luchar contra ella ya que se trata de un problema que "está muy arraigado en la sociedad".
"Una de las cosas que está fallando clarísimamente es la valoración del riesgo que presentan las víctimas", ha aseverado Valenciano, quien ha explicado que en ocasiones estas mujeres tienen "debilitada" su capacidad de decidir y actuar, por lo que "es muy difícil para ellas medir el riesgo que realmente corren".
Coincide con ella Ángela Alemany, de la Asociación de Mujeres juristas Themis, quien apunta que a veces son ellas mismas las que "no quieren reconocerse como víctimas de violencia de género", por lo que "son los profesionales que las atienden los que tienen que actuar" y "no minimizar las situaciones".
"El sistema ha fallado alarmantemente en los últimos meses cuando vemos que mujeres que han denunciado no han conseguido la protección del Estado y han sido asesinadas", ha subrayado Alemany, quien ha recordado que la violencia de género es un delito "de oficio", es decir, "debe perseguirse independientemente e lo que diga la víctima porque no es ella quien tiene la prerrogativa, si no el Estado".
No obstante, las organizaciones reconocen que "las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo una gran tarea", aunque reclaman "más medios técnicos y humanos", inversión y una "evaluación de las políticas para saber cuando se acierta y cuando no".
Combatir el negacionismo para frenar la violencia de género
Más allá de la revisión de los protocolos y sistemas de la lucha contra la violencia machista, la directora de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, también ha hecho hincapié en la necesidad de "no dejar espacio al negacionismo". "Parte de la efectividad de las medidas depende de una opinión pública que empatice con las víctimas", ha señalado Soleto, quien remarca que las instituciones deben contener la entrada del negacionismo en las instituciones y frenar los "discursos que puedan sembrar las dudas sobre la necesidad de estas políticas o justificar el comportamiento de los agresores".
.@msoleto reclama un "firme compromiso político" para incorporar "las diferentes formas de violencia contra las mujeres" y "contrarrestar los efectos que el negacionismo está teniendo sobre la condena social unitaria a este tipo de crímenes" pic.twitter.com/L0rAfozgvC
— Fundación Mujeres (@fmujeres) January 11, 2023
Admiten problemas en el aviso automático de antecedentes
Las asociaciones reconocen que el planteamiento de crear un protocolo para que las mujeres que conviven con agresores reiterantes sean avisadas de forma automática presenta "una serie de problemas". Se alinea por tanto con la Fiscalía y asegura que la aplicación automática de esos avisos puede "limitar los derechos del agresor".
Interior consultó a la Fiscalía si las fuerzas de seguridad pueden comunicar a una mujer que denuncia una agresión machista que su pareja tiene antecedentes por malos tratos y está incluida dentro del sistema VioGén, pero la fiscal de sala contra la violencia de género, Teresa Peramato, rechazó que se pueda hacer de forma automática, aunque precisó que sí podrán ser informadas tras valorar las circunstancias y el riesgo en cada caso.
La Asociación de Mujeres juristas Themis coincide con esta visión y añade que un aviso a las mujeres que conviven con agresores machistas reincidentes "no lo es todo", dado que dicha alerta no garantiza que la mujer vaya a dejar a su pareja. Sin embargo, la jurista y miembro de esa asociación Ángela Alemany ha reconocido que "ojalá se pueda aplicar", aunque sea en los "casos muy graves".
Más atención a las organizaciones feministas
Finalmente, ha denunciado la falta de atención que se está teniendo hacia las organizaciones de mujeres que, según ha recordado, son las "precursoras e impulsoras" de la lucha contra la violencia machista. Valenciano ha reconocido que "ignora" la razón de esta situación por parte de "algunos responsables políticos de diferentes niveles que piensan que ya no es necesaria" la colaboración de estas entidades. En este sentido, ha defendido el "nivel de conocimiento" de estas que "son las que están con las víctimas en los juzgados y que conocen bien los problemas a los que se enfrentan las mujeres que son víctimas".
La Fundación Mujeres, junto con otras organizaciones feministas, lanzan una petición formal para tratar de poner freno a esta lacra. El papel de las organizaciones feministas, defienden "ha sido esencial en nuestro país en las últimas décadas. Nuestro compromiso en esta lucha se mantiene intacto a pesar de las dificultades", reza el comunicado que evidencia su "repulsa y condena de todos y cada uno de los asesinatos de mujeres en contextos de violencia machista". Entre las medidas que consideran imprescindibles se encuentran:
- Un cumplimiento estricto de las medidas de vigilancia y control incluyendo la evaluación continua del Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén).
- La necesidad de reformar la coordinación judicial y policial y de adoptar medidas especializadas para las víctimas con especial vulnerabilidad.
- La apertura en todas las comunidades autónomas y con la dotación suficiente de medios de las Unidades de Valoración Forense Integral previstas en la Ley Orgánica de medidas de
protección integral contra la violencia de género. - Refuerzo, y constitución en su caso, del sistema de acompañamiento y de ayuda a la toma de decisiones que permita a las mujeres dar con suficiente seguridad el paso de la ruptura de la relación violenta, evitando situaciones de desprotección, con especial atención a colectivos especialmente vulnerables a sufrir violencia de género, como mujeres adolescentes y jóvenes, mujeres mayores de 65 años, mujeres con cargas familiares no compartidas, mujeres migrantes, mujeres rurales, o mujeres con discapacidad, entre otras.
- Más y mejor formación con perspectiva de género de todos los operadores (policiales, jurídicos, sanitarios, etcétera) que se ocupan de la atención y la valoración del peligro que corren las víctimas.
- La necesidad urgente de intervenir a favor de la prevención de la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas y de incidir en la sensibilización social, en toda la población, pero en especial entre la población más joven, incluyendo campañas centradas en combatir la minimización del riesgo utilizando nuevos canales de difusión.
- Incorporación de mejoras en la recogida de datos y elaboración de estudios incluyendo la publicación actualizada de los informes del Observatorio estatal contra la violencia de género.