Lo que no podía imaginarse es que la multada iba a ser ella, víctima de la ‘Ley Mordaza’ del Gobierno al infringir el artículo 36.23 que contempla penas de de 600 a 30.000 euros por “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto fundamental al derecho a la información”.
La mujer fue denunciada por los propios policías municipales que aparcaron su vehículo en la plaza para minusválidos, según ellos con motivo de una intervención urgente, al sentir vulnerado su derecho al honor.
