Un bloque de 60 viviendas que estaban okupadas por unas 300 personas, entre las que había 180 de ellas menores, ha sido desalojado desde primera hora de este viernes en la localidad madrileña de Alcobendas.
El edificio, situado en el número 26 de la calle Francisco Largo Caballero, estaba completamente okupado, según fuentes municipales, que han explicado que, al parecer, sólo los vecinos de dos de las casas pagaban el alquiler.
Furgones de la Policía Nacional han llegado desde las 6.30 horas al inmueble y han comenzado a llamar a los pisos para que los ocupantes los desalojaran.
Las familias ya estaban avisadas de que en estos días se iba a producir el desalojo, por lo que ya tenían preparadas maletas y mochilas con sus enseres. Otros, sin embargo, se negaban a abandonar el edificio.
Al parecer, según han señalado alguno de los vecinos desalojados, el Ayuntamiento de la localidad se habría ofrecido a pagarles uno o dos meses de alquiler, ya que algunas de las familias perciben sólo una ayuda de 480 euros.
Los niños han sido uno de los puntos más polémicos del desalojo. "Estamos empadronados y los niños van a colegios de aquí. Es injusto que nos avisen con solo una semana de antelación", aseguran.
En las inmediaciones del edificio hay muchos vecinos, incluso con niños pequeños, y en algunos casos increpan a los policías cuando se cruzan con ellos, aunque no se han registrado incidentes reseñables.
Para agilizar los desalojos se han cortado al tráfico dos manzanas y en el lugar permanecen también varias unidades de Protección Civil por si hubiera que atender alguna incidencia; de hecho, una de las vecinas desalojadas ha sufrido un desvanecimiento.
Según fuentes municipales y de las personas que ocupaban el inmueble, entre los habitantes del mismo había unos 180 menores; los vecinos han explicado que todos los pisos estaban habitados puesto que en cuanto uno quedaba vacío era inmediatamente okupado.
Los desalojados se han quejado a EFE de la "violencia policial" con la que se ha producido el desahucio, ya que dicen que los agentes han entrado "por la fuerza" rompiendo puertas y que les han tratado "como a perros".
José Manuel Barroso, abogado de muchas de las familias afectadas, explica que el edificio estaba vacío cuando los inquilinos lo okuparon, y que muchos han tratado de encontrar una alternativa habitacional.
También recrimina que el desalojo ha ido "terrorífico, un despropósito, con mucha tensión y en un ambiente de vulneración de derechos", y que él mismo "ha sentido miedo de que le pegaran" los agentes, que no han entregado la orden de desalojo y que han acudido sin la comisión judicial. Ahora, "se quedan en la calle, en situación de indefensión y vulneración social", pese a que hay alrededor de 180 niños y adultos con discapacidad y enfermos de cáncer.
Algunos de los desalojados han expresado su tristeza por tener que abandonar las viviendas, que aseguran que quieren pagar pero que no pueden por el alto precio que se les pide, por lo que muchos esta noche "dormirán en el coche o en la calle", aseguran algunos.
Paula es una de las afectadas, que asegura que solamente le había llegado una notificación policial, el 29 de mayo, en el que "no ponía la fecha en que les iban a echar" y que ahora "toca buscarse la vida" y "le tocará dormir en un cajero".
Raúl es otro de los inquilinos, que denuncia que lleva más de diez años buscando un alquiler por la zona, pero los precios rondan los 900 euros y, aunque muchos trabajan, "viven en la pobreza" y no pueden asumir todos los gastos. Por eso, piden "alquileres sociales" acorde a sus rentas.
Por su parte, los vecinos de otros bloques pasaban curiosos ante el despliegue policial, sorprendidos porque "no creen que sea necesario ese operativo", como ha asegurado a EFE Rafa, quien vive en la avenida de en frente y "jamas, jamás, ha sentido inseguridad ni ha visto insalubridad" en el barrio
Fuerte despliegue policial
Una de las cuestiones más criticadas entre los okupas ha sido el "despliegue y fuerza desproporcionada" por parte de la Policía nacional, que ha llevado a la zona a 250 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), Policía Judicial, Extranjería, entre otras unidades, según han detallado a EFE desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
No obstante, también han participado miembros de la Policía local de Alcobendas, servicios sociales, Protección Civil y sanitarios.
Desde la Jefatura han añadido que tanto los okupas como los abogados tenían notificada la fecha del desalojo desde el pasado 29 de mayo, y que a los que no estaban en las viviendas se les notificó “con una nota por debajo de la puerta”.
La zona ya ha sido abierta al tráfico, aunque al menos durante esta mañana se quedará un retén de la Policía “por razones de seguridad” y para que los desalojados puedan recoger enseres que les queden.