Brexit: el Reino Unido iza la bandera blanca

El Consejo Europeo que se celebrará los días 14 y 15 de diciembre debe ratificar el acuerdo finalmente alcanzado con el Reino Unido para cerrar la primera fase de la negociación del Brexit. El contenido de tal acuerdo puede resumirse fácilmente: tras numerosas dilaciones y bravuconadas, los británicos han aceptado en lo esencial todas y cada una de las exigencias que planteaba la Unión Europea. Esto ha sido así en los tres temas objeto de negociación: la factura del divorcio, la frontera irlandesa y los derechos de ciudadanía.

La factura del divorcio, como analizamos detalladamente en esta misma columna hace dos semanas, se deriva del pago que el Reino Unido debe realizar a la Unión Europea en compensación por los compromisos ya adquiridos mientras ha sido un país miembro En la versión más exigente, esto podía incluir la totalidad de los compromisos de gasto que las Perspectivas Financieras plurianuales incorporan para 2019 y 2020. Pues bien, esta versión exigente es precisamente la que ha prevalecido. El Reino Unido acepta hacer frente a todos los compromisos adquiridos, incluyendo la totalidad del gasto previsto en las Perspectivas Financieras 2014-2020. A ello se añade el pago de las pensiones de los funcionarios de la Unión Europea y los pasivos contingentes por préstamos y garantía de préstamos. ¡Pleno para los negociadores de la Unión!

Lo único que los británicos han logrado es guardar las apariencias. Se ha acordado una metodología, en vez de una cifra concreta. Como de una cosa se deriva inexorablemente la otra, la cuantía de la factura neta será aproximadamente de 60.000 millones de euros, como quería la Unión. El Reino Unido se ha apresurado a declarar que la cifra es más baja, de entre 40.000 y 45.000 millones. No es así. Para llegar a esas cifras suavizadas son precisos trucos contables, como no incluir los pasivos contingentes, utilizar distintos tipos de descuento para calcular el valor de las pensiones y contar como ingreso los 3.500 millones que les corresponde por su parte del capital del Banco Europeo de Inversiones (una cuestión extrapresupuestaria, que no figuraba en los cálculos de la Comisión). Resulta irónico que tantos votasen a favor del Brexit para no realizar más pagos a la Unión Europea.

El segundo tema objeto de negociación se refería a la frontera entre la república irlandesa y la provincia británica de Irlanda del Norte. La Unión Europea exigía el compromiso de mantenerla abierta, sin una frontera “dura” que conllevase infraestructuras físicas y controles. El Reino Unido decía desear lo mismo. La dificultad estribaba en cómo compaginar esto con su posible salida del Mercado Único, e incluso de la Unión Aduanera. Los negociadores británicos han hablado de usar la imaginación, de nuevas tecnologías… pero no han logrado nunca cuadrar ese círculo. Por eso, acabaron aceptando que Irlanda del Norte mantuviese unas regulaciones similares a las de la república de Irlanda. Ello implicaría trasladar la frontera económica hasta situarla entre las dos islas, rompiendo la unidad del mercado británico. Los unionistas irlandeses, de los que depende la mayoría parlamentaria del gobierno de Theresa May, sabotearon este enfoque. Para desbloquear las negociaciones de alguna forma, ha sido necesario realizar  una concesión todavía más asombrosa: será el conjunto del Reino Unido el que mantendrá un “alineamiento regulatorio” con Irlanda. El uso del término entrecomillado, en lugar de “convergencia regulatoria”, ha sido el pequeño triunfo que los negociadores británicos han logrado. No se entiende cómo esto puede ser compatible con la supuesta recuperación de soberanía por la que tantos votaron a favor del Brexit.

El tercer obstáculo a superar en la negociación consistía en salvaguardar los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea que residen en el Reino Unido. El acuerdo alcanzado garantiza que mantendrán todos sus derechos actuales y no podrán ser objeto de discriminación. Tendrán también el derecho de reunificación con sus familiares más directos. Las leyes británicas incorporarán estos derechos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguirá siendo el árbitro último a la hora de interpretar la legislación de la Unión: los tribunales británicos deberán tenerlo en cuenta y, durante un período de ocho años, podrán formularle consultas sobre aquellos aspectos que requieran clarificación. Una autoridad británica independiente supervisará la aplicación del acuerdo y atenderá las quejas de los ciudadanos. No parece que las promesas del Brexit respecto a emanciparse del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o disminuir el número y los derechos de los europeos residentes en el Reino Unido, vayan a materializarse tampoco.

Las mentiras del Brexit han sufrido su primer choque con la realidad. Todavía falta el segundo, probablemente más doloroso, cuando se acuerde la nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Nunca un país hizo tantos sacrificios para lograr a cambio una disminución de su influencia y su riqueza. Ya que no a su fama de pragmáticos,  los británicos están al menos haciendo justicia a la de excéntricos.