¿Por qué la Unión Europea exige al Reino Unido 60.000 millones como factura del Brexit?

El pago que el Reino Unido debe realizar a la Unión Europea como compensación por los compromisos adquiridos mientras todavía era un país miembro se ha convertido (al menos hasta ayer) en el principal obstáculo de las negociaciones en curso. La cuantía concreta de dicha factura arroja resultados muy diversos, según las interpretaciones. ¿De dónde salen tales cifras?

El punto de vista de la Unión Europea es que el Reino Unido tiene la obligación de hacer frente a las promesas de gasto ya realizadas que tienen respaldo legal, aunque se extiendan en el tiempo más allá de su salida (en marzo de 2019). Las principales son las siguientes.

1º) Compromisos de gasto pendientes de pago.

Algunos son compromisos de gasto que han aparecido ya en los presupuestos anuales de la Unión Europea anteriores a 2019, pero que todavía están pendientes de ser pagados. Otros, todavía no han tenido reflejo presupuestario (pues la Comisión puede hacer algunas promesas de gasto futuro a los países que tienen fuerza legal).  Dado que el Reino Unido participó en la elaboración de las Perspectivas Financieras plurianuales 2014-2020, que además se aprueban por unanimidad, un enfoque amplio de las obligaciones británicas podría incluir también la totalidad los compromisos de gasto que éstas incorporan para 2019 y 2020. Resumiendo los tres puntos anteriores, la parte británica podría ascender a unos 68.000  millones de euros.

2º) Pensiones de los funcionarios de la Unión Europea.

Los funcionarios que trabajan o han trabajado para la Unión Europea disfrutan de unos derechos a pensiones. El sistema no es de capitalización, sino de reparto. No se ha dotado ningún fondo, los pagos se cubren cuando surgen, con parte del presupuesto común anual de la Unión Europea. Desde un punto de vista legal, todos los Estados miembros garantizan las pensiones de todos los funcionarios, independientemente de su nacionalidad. En consecuencia, el Reino Unido debería hacerse cargo de su parte: unos 8.000  millones de euros.

3º) Pasivos contingentes.

Se trata de obligaciones legales de pago que sólo surgirán si se dan determinadas circunstancias, por lo que no son seguras. Entran en este concepto, sobre todo, las garantías que la Unión Europea da a algunos préstamos y los préstamos que concede directamente. Si esos préstamos no se devolviesen, habría que asumir el coste. En caso de impago total, unos 10.000 millones de euros corresponderían al Reino Unido.

De las anteriores exigencias, pueden sustraerse ciertas compensaciones a favor del Reino Unido. En vista de que se le exige que haga frente a su cuota de gastos pendientes, como contrapartida podría descontarse de la factura la parte de ellos que le beneficien. Estas compensaciones pueden llegar a sumar casi 30.000 millones de euros. Además, el Reino Unido recibe cada año, desde 1985, dos terceras partes de su contribución neta al presupuesto común de la Unión Europea del año previo (el llamado “cheque británico”). Esto le daría derecho a recibir en 2019 (tras su salida) el pago del último cheque: alrededor de 5.000 millones de euros.

La cifra final a que se llegue dependerá de la fuerza negociadora de las partes. En este aspecto, la ventaja parece residir claramente en el lado europeo. Los negociadores de la Unión Europea utilizaron, como primer movimiento de su estrategia negociadora, cifras que superaban los 100.000 millones de euros. Con el paso del tiempo, la cantidad que exige la Unión Europea parece haberse concretado en el entorno de los 60.000 millones. La aceptación de esta factura se considera una condición necesaria para abrir las negociaciones (más importantes) sobre las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido.

Desde el lado negociador británico, la posición maximalista de salida  consistió en afirmar que la cifra a pagar podría ser cero. Esta postura tuvo, por ejemplo, apoyo en la Cámara de los Lores. La primera ministra británica, en su discurso de Florencia, suavizó la postura inicial. En él, reconoció la posibilidad de realizar pagos de unos 20.000 millones de euros.

Lo lógico parecía que se lograse un acuerdo más cercano a los 60.000 millones que solicita la Unión Europea que a las ofertas iniciales británicas. Los medios británicos anunciaban ayer la existencia de una propuesta británica de entre 55.000 y 45.000 millones, pero que no se desea hacer pública.

No es extraño que el gobierno británico desee la ocultación. La campaña del Brexit se centró en el “Bruselas nos roba”, inventando cantidades inadmisibles que se estaban pagando a la Unión Europea, en vez de utilizarse en asuntos domésticos más acuciantes (como la mejora del servicio de salud). ¿Cómo justificar ahora, desde tales posturas, este cuantioso pago? Es el destino inexorable de las propuestas populistas: basadas en falsedades, acaban chocando (tarde o temprano) con la realidad.