Primeras consecuencias económicas del fanatismo separatista

Los partidos separatistas, avalados por numerosos economistas catalanes a quienes ciega el sectarismo, vienen prometiendo a sus felices seguidores un proceso lleno de bendiciones económicas. Según ellos, una Cataluña independiente seguiría formando parte tanto del euro como de la Unión Europea, e iría camino de convertirse en una especie de Dinamarca soleada. Las claras advertencias de la Comisión Europea en sentido contrario no han hecho mella en la propaganda independentista. Los Tratados europeos dejan claro no solo que serían excluidos, sino que la eventual vuelta dependería de una aprobación por unanimidad, es decir, que estaría sujeta al veto de España.

A nadie en la Unión Europea (donde existen casos similares) le interesa incentivar las secesiones dentro de los Estados miembros. Tales separaciones, por otro lado, son lo más opuesto al ideal integrador de la Unión. Por lo visto, los independentistas catalanes pueden convivir y desean ser solidarios con los letones o los eslovenos, pero no con el resto de sus conciudadanos españoles.

El choque con la realidad del independentismo económico ha sido devastador. El efecto más inmediato: una estampida de cambio de sedes sociales que ha afectado a casi todas las grandes empresas radicadas en esa Comunidad. El traslado se ha visto facilitado por un cambio legislativo promovido por el gobierno central. En realidad, el ruido mediático y el efecto político de esos cambios son superiores, en principio, a sus efectos económicos. El cambio de sede social no implica la deslocalización de las instalaciones, ni siquiera necesariamente el cambio de sede fiscal. Sin embargo, no dejan de suponer una clara advertencia.

Otro efecto inmediato ha sido la repercusión en un sector clave de la economía catalana: el turismo. Cancelaciones de reservas, desvío de cruceros al puerto de Valencia... son la triste realidad que ahora vive una Comunidad cuyo principal problema, hace solo unas semanas, era el exceso de turistas. ¡Al menos eso los separatistas sí que lo han resuelto!

¿Es lo anterior todo? No, por desgracia se trata únicamente del principio, a menos que esta locura se detenga cuanto antes. Si la manada huye en masa, la pregunta correcta es: ¿qué peligros mortales intuye que le acechan en la selva? En términos objetivos (más allá de banderas, canciones y gritos) lo que los líderes separatistas ofrecen a sus entusiasmados seguidores es un triple salto mortal: salir simultáneamente de la Unión Europea, del euro y del Estado que es su principal mercado y del que (a día de hoy) provienen sus ingresos fiscales y su capacidad de endeudamiento público. ¡Casi nada! En comparación, el Brexit es un simple juego de niños.

Las consecuencias económicas más inmediatas de ese salto al abismo, si se consumase, vendrían por el lado financiero y serían mucho más graves para Cataluña que para el resto de España. Las instituciones financieras catalanas perderían la tutela del BCE y el acceso a su liquidez. Tampoco su situación respecto al Fondo de Garantía de Depósitos estaría clara. El resultado, como ya ha podido verse, serían retiradas masivas de fondos (a las que los bancos no podrían hacer frente) y un “corralito” bancario.

La crisis bancaria iría acompañada de una crisis fiscal y de la deuda pública. A día de hoy, la Generalitat carece de una Hacienda propia y tampoco puede emitir títulos de deuda pública en unos mercados que se le cerraron hace años. Es decir, que no podría financiarse ni mediante ingresos impositivos, ni mediante deuda. ¡Como para aumentar el gasto, creando nuevas estructuras estatales! Los recursos hoy provienen esencialmente de las transferencias de la Hacienda estatal y del FLA, algo que no resulta posible cambiar de forma inmediata.

Por supuesto, aunque el detonante de la crisis sería financiero, los efectos se extenderían pronto con fuerza a la economía real catalana. La inversión (doméstica y extranjera), el consumo y el turismo se resentirían ante la falta de financiación, la incertidumbre y la inseguridad jurídica.

Además, salir de la Unión Europea supondría tener que pagar aranceles en los intercambios con los 27 países miembros (incluyendo el resto de España, el principal mercado de Cataluña con diferencia). En cuanto a la moneda, si se decide mantener el euro sería como país externo, sin acceso a euros de nueva creación emitidos por el BCE, ni voz en la política monetaria común. Cuando esa situación se volviese insostenible, habría que emitir una moneda catalana propia, que sufriría un fortísima devaluación (empobreciendo a los catalanes). En fin ¿para qué seguir? La hecatombe económica en ciernes para Cataluña resulta tan evidente, que solo unos iluminados estarían dispuestos a afrontarla a cambio de dudosos beneficios en un lejano futuro.

No obstante, lo anterior no debería llevar a cantar ningún tipo de victoria en el resto de España. Todos saldríamos perdiendo. Cualquiera puede entender que a ningún país le viene muy bien la amputación de una de sus regiones más prósperas. A uno tan cargado de deuda pública como el nuestro, aún convaleciente de una grave crisis económica, menos. Solo lo ya sucedido ha supuesto un duro golpe a nuestra imagen como país, que costará revertir.

El abismo está cerca, pero todavía no se ha dado el salto definitivo. Tras ver las tractoradas de agricultores catalanes que perderían los fondos de la PAC, las manifestaciones separatistas de trabajadores de La Caixa o los comportamientos de Puigdemont y su patética tropa, no es como para tener mucha fe en la racionalidad de los agentes. Por si acaso: ¡paren ya esta locura, mientras aún sea posible! Es mucho lo que nos jugamos todos.