Theresa May intenta cuadrar el círculo del Brexit

La primera ministra británica ha pretendido desbloquear las estancadas negociaciones del Brexit mediante un discurso en Florencia. Los motivos que le han llevado a elegir esa hermosa ciudad italiana no están claros: el público asistente era casi exclusivamente británico y el  grisáceo escenario representaba la antítesis de las glorias del arte renacentista. Tal vez fuese allí con la esperanza de escapar de una opinión pública británica que ella y su partido han contribuido a radicalizar. ¡Es tan distinto el tono de sus fieras arengas nacionalistas en casa del suplicante que se ve obligada a utilizar fuera!

En efecto, los británicos comienzan a ceder en todos los frentes, aunque todavía usando formulaciones llenas de vaguedades. El Brexit real no se va a parecer en nada al cuento de hadas prometido a quienes lo votaron. Cada vez que Theresa May intenta justificar las ventajas de una futura colaboración, solo logra poner de manifiesto los inconvenientes de perder la mayor integración actual.

La Unión Europea pone como condición, antes de negociar las relaciones posteriores, aclarar los términos del divorcio, como parece lógico. Las tres cuestiones esenciales son los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea residentes en el Reino Unido, la frontera con Irlanda y la factura económica a pagar como consecuencia de la separación.

Respecto a los ciudadanos europeos residentes, importa tanto el contenido del acuerdo como las garantías de cumplimiento. Hasta ahora, el gobierno británico ha intentado utilizar a esos millones de personas como rehenes de sus tácticas negociadoras. En el discurso de Florencia, la posición se ha suavizado. Se ofrece incorporar sus derechos en un tratado, que forme parte de la propia legislación británica; los tribunales británicos que garanticen su cumplimiento recurrirían a la jurisprudencia del odiado Tribunal de Justicia de la Unión Europea como guía. Poco se dice, sin embargo, sobre el contenido concreto de esos derechos, más allá de afirmaciones genéricas (“los que ya están aquí no se verán perjudicados”). En cualquier caso, no deja de ser una rectificación importante que ahora se reconozca la evidente aportación de esas personas a la sociedad británica, frente a los anteriores discursos xenófobos clamando contra la inmigración.

En cuanto a la frontera con Irlanda, May ha reiterado el deseo de que no haya infraestructuras físicas que separen ambos lados, algo claramente deseable. Lo que resulta difícil de entender es cómo puede compatibilizarse con la prevista salida del Mercado Único e incluso de la Unión Aduanera. Si hay aduanas y aranceles ¿cómo evitar las infraestructuras de control? Los negociadores británicos han hablado vagamente de métodos no intrusivos, basados en nuevas tecnologías. Incapaces de concretarlos, ahora pretenden pasar la pelota a la Unión Europea, a la que piden imaginación. Toda la creatividad del mundo será incapaz de cuadrar un círculo.

La cesión más espectacular ha sido la relacionada con la factura a pagar tras la salida. El Reino Unido ha adquirido unos compromisos (por ejemplo, en la programación presupuestaria plurianual) a los que debe hacer frente. Sin embargo, el gobierno británico está preso de su propia retórica nacionalista: cualquier pago a la Unión Europea, por razonable que sea, se ve ya por una parte considerable de la opinión pública inglesa como un expolio intolerable. Pese a ello, la primera ministra se ha visto obligada, en el discurso de Florencia, a admitir tales pagos. No les ha puesto cifra, pero la prensa ha cuantificado la oferta en unos 40.000 millones de euros. Esta oferta sigue estando por debajo de los entre 60.000 y 100.000 millones que demanda la Unión. Además, el pago parece condicionarse a que se logre un acuerdo satisfactorio, desde el punto de vista británico, en la relación futura.

La propia relación futura que el Reino Unido busca mantener resulta, así mismo, difícil de entender. Da la sensación de que ni el mismo gobierno, dividido sobre la cuestión, la tiene clara. De momento, May ha especificado en Florencia lo que no quiere: ni el modelo de Noruega, ni el de Canadá, ni la permanencia en el Mercado Único, ni siquiera en la Unión Aduanera. Quiere una relación nueva y distinta, siguiendo la vieja tradición británica de solicitar que se le confeccionen trajes a medida. En ese nuevo modelo no habría aranceles, algo difícil de compaginar con la salida de la Unión Aduanera.

En Florencia, May se ha desdicho también de sus anteriores amenazas de convertir Gran Bretaña en una especie de desregulado Singapur europeo, apostando por regulaciones propias pero exigentes. En otro ejercicio de realismo, tras tanto tiempo diciendo que no sería necesario, ahora solicita un período transitorio adicional de dos años, en los que nada esencial cambiaría respecto a la situación actual. Además, el Reino Unido afirma que seguirá colaborando incondicionalmente en temas de seguridad y defensa, rectificando los desagradables chantajes anteriores.

Ni siquiera el humillante grito de socorro florentino bastará. Son muchos los detalles que faltan por concretar. El Reino Unido tendrá que seguir haciendo concesiones, con el riesgo de indignar a los votantes del Brexit. En cualquier caso, la decisión final dependerá los 27 socios de la Unión Europea por unanimidad. No será fácil llegar a un acuerdo. La política de la postverdad no exime a las sociedades de terminar enfrentándose a las consecuencias de sus actos. Que otros tomen nota.