Los negativos efectos económicos de la corrupción

La sociedad española vive hastiada desde hace tiempo por los continuos casos de corrupción que van saliendo a la luz. Resulta ya difícil recordar siquiera el nombre de tantas tramas, que se van multiplicando y solapando. La ciudadanía suele abordar estos casos desde un punto de vista ético, reaccionando con indignación. Siendo esta primera respuesta instintiva acertada, no debería olvidarse que la corrupción tiene una dimensión económica mucho más amplia que la cuantía directamente sustraída en los latrocinios.

Se trata de un tema en cuyo estudio la Economía académica ha avanzado mucho durante las últimas tres décadas. España no ha quedado al margen de esa tendencia, con meritorias publicaciones de especialistas (como el profesor Javier Salinas, de la Universidad Autónoma de Madrid). Los organismos internacionales han animado este impulso. Al fin y al cabo, se trata de un fenómeno que no se limita a América Latina o la Europa del Este, si no que aqueja a todos los países en distinto grado.

Los efectos de la corrupción sobre el conjunto de la economía se transmiten a través de numerosas variables, de forma que terminan perjudicando al nivel de renta de una sociedad. En primer término, la corrupción es un síntoma del fenómeno más amplio de la falta de calidad institucional, e incide negativamente en el funcionamiento del sector público. Por el lado de los ingresos públicos, tiende a reducirlos, por culpa de las cantidades defraudadas y al incentivar el paso desde la economía formal a la economía sumergida. Por el lado del gasto, distorsiona tanto su volumen como su composición, primando especialmente las partidas relacionadas con la inversión pública (como las infraestructuras de transporte). El país afectado por la corrupción tenderá a gastar más de lo conveniente en aquellas partidas en las que las oportunidades de extraer rentas ilícitas sean mayores, en vez de guiar las decisiones por estrictos criterios de bienestar social.

Esta mala asignación de los recursos públicos perjudicará la eficiencia y productividad del conjunto del sistema económico. Éstas se verán también negativamente afectadas por otras vías. La inversión privada, en particular la extranjera, se resentirá de la falta de seguridad jurídica y de confianza en la administración que la corrupción provoca. Por otro lado, el dinero que se gasta en ese exceso de infraestructuras (aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, trenes sin pasajeros…) se deja de gastar en otras actividades, como la educación. Esto hace que se deteriore la acumulación de capital humano, cuya mejora es otra de las fuentes esenciales de aumento de la productividad.

La innovación tecnológica, otro gran medio de aumento de la productividad, se verá así mismo perjudicada. La introducción de novedades técnicas o de nuevos productos suele estar ligada a la obtención de permisos o licencias, además de a su protección a través del sistema de patentes. La concesión discrecional de estos permisos, licencias  o patentes (en un entorno de corrupción) puede constituir una seria barrera a la innovación.

No solo la eficiencia de una economía tiende a empeorar por culpa de la corrupción; la equidad en la distribución de la renta también tenderá a hacerlo. El peor funcionamiento del sector público mina los ingresos públicos, reduce la progresividad del sistema impositivo y hace que disminuyan los recursos disponibles para el gasto público de tipo social y educativo. En consecuencia, los problemas de desigualdad y pobreza se agravan.

Lord Acton nos enseñó que “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. La mejora de la calidad institucional de nuestra democracia, extinguiendo los focos de arbitrariedad que en ella subsisten, ayudaría a hacer más manejable el problema de la corrupción. Los países nórdicos han demostrado que es posible lograrlo. Si ellos han sido capaces ¿por qué no nosotros? Indignarse no es suficiente.