Cómo echar a Trump ya

Las tropelías del enloquecido presidente de los Estados Unidos van siendo demasiado numerosas para resumirlas con facilidad. La última hazaña, no menor, ha consistido en poner en peligro el sistema de alianzas que ha sostenido el orden internacional desde la II Guerra Mundial (con Estados Unidos como potencia hegemónica). Trump se ha convertido en una amenaza constante para la economía, el medioambiente y la paz del planeta.

Sus caóticas políticas no son el único problema. Trump es el primer presidente de su país que no tiene experiencia previa en cargo público alguno, el de mayor edad al alcanzar la presidencia y el único que ha decidido mantener la propiedad de su imperio empresarial privado. Al someterse al escrutinio que implica su alto cargo, han comenzado a saltar todas las alarmas.

Algunas preocupaciones tienen que ver con los potenciales conflictos de interés entre  negocios privados y decisiones públicas, incluyendo las exclusivas reuniones de pago que organiza en su club de Mar-a-Lago. El haberse rodeado en la casa Blanca de familiares y personas de confianza con escasas cualificaciones, cual sátrapa tercermundista, no ha ayudado a disipar temores. Ese círculo de cortesanos le aísla aún más del mundo real.

Su forma de gobernar, a golpe de orden ejecutiva, le ha hecho chocar con los poderes legislativo y judicial, así como con los medios de comunicación. Por ninguno de ellos ha mostrado la menor deferencia, descalificando y amenazando a mansalva, sin preocuparse por los riesgos de desencadenar una crisis constitucional.

Por si todo lo anterior fuese poco, persisten serias dudas sobre la forma en la que alcanzó la presidencia, debido a los oscuros contactos que mantuvo con Rusia. Si las sospechas son ciertas, Putin ya habrá condecorado al cerebro de la operación con los máximos honores.

Como consecuencia de tal cúmulo de tropelías, las encuestas le dan una aprobación del 40%, la más baja obtenida por un presidente recién elegido. Ello pese a haber recurrido a tácticas que suelen aumentar la popularidad de los presidentes, como el ataque con misiles sobre Siria.

Muchos son los que creen, en consecuencia,  que no finalizará su mandato y será destituido más pronto que tarde. Los ilustrados padres de la Constitución americana establecieron el procedimiento del impeachment previendo situaciones de este estilo. En casos de traición, soborno u otros crímenes, dieron a la Cámara de Representantes el poder de iniciar un procedimiento de destitución del presidente, para lo que basta una votación por mayoría. La definición de las causas justificativas es lo bastante vaga como para poder incluir casos de abuso de poder o pérdida de confianza. Sin embargo, ha de ser el Senado quien adopte la decisión última, y para ello se le exige una mayoría reforzada de dos tercios. En la actualidad, los correligionarios republicanos de Trump controlan ambas Cámaras.

Ha habido algunos casos de utilización de este procedimiento en el pasado, aunque muy pocos. El primero  fue, en 1868, el de Andrew Johnson, el presidente que sucedió a Lincoln cuando éste fue asesinado. El Senado votó en contra de su destitución. En el caso de Nixon, contra lo que suele creerse, no culminó el impeachment, porque el presidente dimitió antes. El de Bill Clinton ha sido el ejemplo más reciente, debido a su relación con negocios inmobiliarios turbios y al escándalo de Mónica Lewinsky. El Senado apoyó su inocencia. En todos los casos se trató de procedimientos más políticos que judiciales.

Existe otra vía para destituir a un presidente de la que se habla menos. Se basa en la Vigesimoquinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que permite reemplazar a un presidente que padezca problemas mentales. Ratificada en 1967, tuvo como origen el atentado mortal contra el presidente Kennedy, que planteó la duda de qué habría pasado si hubiese sobrevivido quedando inhabilitado mentalmente para el cargo. La enmienda permite reemplazar a un presidente incapaz de hacer frente sus responsabilidades.

En este procedimiento, la evaluación de incapacidad han de realizarla o bien el Vicepresidente y una mayoría del gabinete, o una Comisión nombrada por el Congreso (que podría ser un grupo de expertos médicos y psicólogos). Si el presidente impugna la decisión, el Congreso ha de debatir el asunto. Para sustituir al presidente se requiere una mayoría de dos tercios en cada una de las Cámaras.

En último término, los miembros republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado  sólo abandonarán a Trump cuando sea tan impopular que amenace sus propias posibilidades de reelección. La Historia parece demostrar que las posibilidades de que Trump no termine su mandato son, por desgracia, menores de lo que parecen. En más de dos siglos, sólo un presidente ha dimitido; a otros dos se les iniciaron procedimientos de destitución que no prosperaron. Cabe desear que, en este ámbito, Trump también rompa moldes.