El programa de estabilidad 2017-2020

El programa de estabilidad 2017-2020: es muy difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro

El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado la actualización del Programa de Estabilidad para los años 2017-2020, que ahora ha de enviarse a Bruselas. El texto recoge nuestros compromisos de reducción del déficit público, así como las previsiones macroeconómicas en que se basan. Éstas son moderadamente optimistas. Se revisa al alza, por ejemplo, la previsión de crecimiento del PIB en 2017 (desde el 2,5% incluido en los Presupuestos al 2,7% ahora estimado). Esta mejora resulta razonable en vista de los datos del primer trimestre: la economía española sigue creciendo a tasas interanuales del orden del 3%, que han permitido ya recuperar el PIB previo a la crisis. En los próximos años, los crecimientos estimados de la producción se sitúan en el 2,5% para 2018 y en el 2,4% tanto para 2019 como 2020.

Se trata de unas previsiones respaldadas por la AIReF, que están en línea con las de numerosos analistas, y permitirían a la economía española lograr unos diferenciales anuales de crecimiento de entre medio punto y un punto respecto al conjunto de la zona del euro. No obstante, como todas las previsiones, se basan en supuestos discutibles. El cuadro depende en gran medida de que las exportaciones españolas de bienes y servicios sean capaces de mantener unos fuertes ritmos de crecimiento anual de entre el 5.5% y el 4.5%. En el mundo de creciente proteccionismo en el que parece que vamos a vivir, esto es algo que está lejos de poder garantizarse. Además, pese a sus indudables y meritorios logros, el sector exterior español continúa todavía demasiado concentrado en la Unión Europea, con una menor presencia de la que sería deseable en otros mercados de mayor crecimiento potencial.

El aumento de la demanda interna se sostiene gracias al consumo privado, que mantendría ritmos de crecimiento algo menores que los actuales, pero todavía por encima del 2% anual. El mayor consumo de las familias será posible gracias a la creación de empleo, no al incremento del poder adquisitivo de los salarios. Esto, junto a la precariedad del empleo, hará que sean muchos los que sigan sin notar la mejora económica.

En términos de empleo, se prevén unas tasas de crecimiento muy similares a las del crecimiento del PIB real. En consecuencia, las perspectivas de crecimiento de la productividad del trabajo son casi nulas durante los próximos cuatro años. Éste es un defecto grave de nuestro modelo de crecimiento, que pone en peligro su sostenibilidad. El dato, por otro lado, es coherente con unas previsiones de crecimiento de la inversión (en torno al 3% anual) relativamente bajas, para tratarse de una etapa de expansión económica.

Pese a todo, de cumplirse lo previsto, se crearían casi medio millón de puestos de trabajo cada año, recuperando por fin el nivel de empleo anterior a la crisis y reduciendo la tasa de paro desde el 18,75% actual al 11,2%. Los puntos negros seguirán siendo la precariedad laboral, el diferencial de paro respecto a la Unión Europea y la desigual repercusión del desempleo entre Comunidades Autónomas. En Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla las tasas de paro están muy por encima de la media nacional.

Un punto fuerte del panorama macroeconómico reside en el mantenimiento durante todo el período de un superávit con el exterior cercano al 2% del PIB, algo esencial para reducir nuestro enorme endeudamiento externo (situado todavía en el 85,7% del PIB). Resultaría extraordinario mantener durante ocho años consecutivos superávit externos, especialmente en un entorno de crecimiento (que tiende a aumentar las importaciones).

El déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas, la variable que más preocupa a Bruselas, se reduciría hasta el 3,1% del PIB este año y el 2,2% el año próximo. Las previsiones para 2019 y 2020 son del 1,3% y el 0,5% respectivamente. De esta forma, España lograría salir de una vez del Procedimiento por Déficit Excesivo a que está sujeta y casi equilibraría las cuentas públicas.

Sin embargo, el Programa (a diferencia de ocasiones anteriores) apenas incluye medidas de ajuste presupuestario. Los resultados se fían casi exclusivamente al crecimiento económico y al retorno de la inflación, que harán aumentar los ingresos. Aunque la recaudación esté ya recuperando los valores previos a la crisis, es improbable que tal estrategia funcione. Buena parte del déficit público español tiene carácter estructural, lo que por definición significa que es imposible erradicarlo sólo mediante una mejora cíclica. Por otro lado, la inflación es un impuesto oculto y arbitrario, una forma indeseable de recaudar. No puede servir de sustituto a la profunda reforma fiscal desde hace tiempo necesaria. Por el lado del gasto, los mayores riesgos de desviación se concentran en el gasto en pensiones. Controlar su crecimiento en línea con las reformas ya aprobadas implica un deterioro del poder adquisitivo de los pensionistas que será difícil de aceptar socialmente.

En cualquier caso, dado el convulso mundo en el que vivimos, hacer previsiones con el horizonte de 2020 sólo puede considerarse un ejercicio intelectual interesante. Trump, el Brexit, las elecciones francesas, la situación de la banca italiana, Rusia, Turquía, Corea del Norte... pueden trastocar radicalmente las expectativas en cualquier momento, a través de variables como el tipo de cambio del euro o los diferenciales de tipo de interés de la deuda soberana. España, con una deuda pública cercana al 100% del PIB, sería particularmente vulnerable al aumento de dichos diferenciales. Como bien dijo el genial físico danés Niels Bohr: “Es muy difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro”.