El salario mínimo debe ser un mínimo (y no es una cita de Rajoy)

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es la cuantía que se fija legalmente como retribución inferior que puede percibir un empleado. En España se ha de multiplicar esa cifra mensual por 14 pagas al año. Si el contrato es a tiempo parcial, se prorratea la cantidad en proporción a la duración de la jornada.

El SMI se creó como una fórmula para evitar la explotación y el abuso, prohibiendo trabajar por debajo de una determinada remuneración. Por ello, debe fijarse a un nivel moderado, pues lo que pretende establecer es solo un mínimo en la distribución salarial. Lo que no tiene sentido es usarlo como instrumento para intentar lograr unos altos salarios generalizados. Por encima de umbrales razonables, sus efectos se convierten en negativos.

Hace pocas semanas, el Congreso de los Diputados aprobó tramitar una Proposición de Ley de Unidos Podemos, a la que se sumaron otros grupos, con el fin de incrementar fuertemente el Salario Mínimo Interprofesional (desde los 655 euros actuales, hasta 800 en 2018 y 950 en 2020). Lo que este tipo de propuestas suele olvidar es que el empresario también puede optar por no contratar (o despedir) al trabajador, en vez de abonarle ese elevado salario. En este caso, su verdadero salario no será el jugoso mínimo, si no cero.

Cuando lo que aporta un trabajador a los ingresos de su empresa (su productividad marginal) es menor que el salario que ha de abonársele, el empleador optará por no contratarlo (o despedirlo, si ya estaba trabajando), en vista de que le cuesta más de lo que aporta.

No tener en cuenta lo anterior lleva a la siguiente paradoja: una excesiva subida del SMI puede perjudicar precisamente a aquellos a los que más busca ayudar. Serán los trabajadores con una productividad más baja los que resulten especialmente perjudicados. Es decir, se estará dificultando la contratación de aquellos trabajadores con menos estudios, cualificaciones y experiencia (jóvenes, parados de larga duración y otros grupos vulnerables con problemas de empleabilidad). La empresa prescindirá de estos empleados, sustituyéndolos por otros factores de producción, como maquinaria (algo cada vez más fácil de hacer, para el trabajo no cualificado, en la época de la robotización) o trabajadores más cualificados. Con una tasa de paro juvenil del 41,9%, no parece un lujo que España pueda permitirse.

Otros efectos indeseados podrían ser el aumento de la economía sumergida o la reducción de la remuneración no salarial que los trabajadores reciben (como la formación) para compensar así el incremento de los costes salariales.

En definitiva, el salario mínimo no es el instrumento adecuado para redistribuir la renta, como en el fondo buscan los que presentaron la Proposición de Ley. Existen para ello herramientas más adecuadas, en particular la política fiscal. Es mejor diseñar programas públicos de gasto, destinados a esos colectivos a los que se desea favorecer. Si de lo que se trata es de reducir la pobreza, tampoco el SMI constituye la receta adecuada: en muchas familias pobres, todos los miembros están en paro. Piénsese que los países nórdicos (Suecia, Dinamarca y Finlandia) ni siquiera fijan un salario mínimo.

Frente a la exagerada y contraproducente petición de subida de la Proposición de Ley, el acuerdo posterior alcanzado entre el PP y el PSOE resulta mucho más razonable. Para 2017, dichos partidos han pactado una subida del SMI del 8% (de 655,2 euros mensuales a 707,6). Será el mayor incremento en 30 años. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el SMI ha permanecido prácticamente congelado desde el inicio de la crisis, siendo su cuantía actual relativamente baja (tanto en términos absolutos como relativos) en el contexto de la OCDE.
Ahora, sería deseable que tuviese lugar un debate serio entre técnicos, responsables políticos y representantes sociales, para regular mejor el salario mínimo en España. En 1998, se tomó la decisión de igualarlo con independencia de la edad del trabajador. En otros países, el salario mínimo aumenta a medida que lo hace la edad, entre los 16 y los 21 ó 23 años.

En cualquier caso, la verdad es que ese dique de contención mínimo de que disfrutan en teoría los salarios está en España bastante agujereado. El SMI afecta a un porcentaje muy escaso de los contratos a tiempo completo, sujetos en gran medida a unos convenios colectivos que fijan salarios superiores. No obstante, la dualidad del mercado de trabajo español permite que otra realidad bien distinta coexista con la anterior. El porcentaje de contratos con una renta mensual inferior al SMI a tiempo completo es muy alto, puesto que abundan los contratos a tiempo parcial (a veces con horas extra no remuneradas), los trabajadores fijos discontinuos (que sólo trabajan durante parte del año) y los temporales (que trabajan unos meses, o días, al año). En tales casos, los escasos ingresos se deben al poco tiempo que logran trabajar, no al salario.

En último término, si queremos tener una economía con trabajos bien pagados, existe un único método fiable a largo plazo: aumentar la productividad del trabajo, mediante la modernización de los equipos productivos, la inversión en capital humano y la innovación tecnológica. No es posible lograrlo a golpe de Real Decreto. Como dice una frase que se atribuye a Henry Ford, no es el patrón el que paga los sueldos, es el producto el que paga los sueldos.