A la Unión Europea le crecen los enanos: Valonia bloquea el CETA

Valonia, una minúscula región belga con sólo 3,6 millones de habitantes, está bloqueando la firma del CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Se trata de un acuerdo comercial con Canadá, que lleva siete años negociándose y afecta a los más de 500 millones de ciudadanos del conjunto de la Unión Europea. Los medios de comunicación han señalado estos días el sorprendente hecho, pero (en general) sin explicar cómo es semejante aberración posible.

El fenómeno debería sorprender, a primera vista, porque la política comercial común es una de las más antiguas e importantes competencias exclusivas de la Unión Europea. Algo lógico, por otro lado, ya que los aranceles que pagan los productos procedentes de terceros países son comunes (es decir, son los mismos en cualquiera de las fronteras nacionales de los países miembros que atraviesen). En consecuencia, las autoridades comunes europeas son las que parecen más legitimadas para alcanzar acuerdos comerciales internacionales en nombre del bloque.
La práctica habitual era que el Consejo (donde están representados los gobiernos de los países miembros) autorizase a la Comisión (el ejecutivo comunitario) a iniciar en nombre de todos las negociaciones comerciales. Alcanzado un resultado, la Comisión lo presentaba al Consejo y al Parlamento Europeo para su ratificación. Como el Consejo decide por mayoría cualificada, no por unanimidad, ningún socio individual tenía capacidad de veto sobre el acuerdo. Así, la mayoría de tratados comerciales han sido acuerdos entre la Unión Europea y un país tercero. Los países miembros individuales no participaban como tales, sino como uno de los integrantes del Consejo.

Estos acuerdos comerciales “de primera generación” se centraban casi exclusivamente en la eliminación de aranceles relacionados con el intercambio de bienes industriales. La última década ha sido testigo de un cambio fundamental en la política comercial de la Unión Europea. Los más recientes acuerdos “de segunda generación” no se limitan a los aranceles y al intercambio de productos industriales. Son acuerdos mucho más amplios y ambiciosos, que incluyen el intercambio de servicios, la inversión extranjera, la propiedad intelectual y las licitaciones públicas. Para facilitar la negociación y firma de estos acuerdos amplios, en el Tratado de Lisboa los países miembros reforzaron el ámbito de la competencia exclusiva comercial común, de forma que incluyese aspectos relacionados con los servicios y la inversión.

Pese a ello, los nuevos acuerdos pueden incluir cuestiones que afecten a competencias que siguen siendo nacionales. En este caso, deben considerarse como de carácter “mixto”. Tales acuerdos han de ser ratificados tanto por la Unión Europea como por todos los países miembros que la componen (cada uno de los 28 siguiendo sus propios procedimientos constitucionales). Este método da poder de veto a cualquiera de los países.

En la negociación del CETA, aunque la Comisión consideraba inicialmente que debía tramitarse como un acuerdo que solo ella negociase, a principios de julio de este año cedió a las presiones nacionales y aceptó clasificarlo como “mixto”. Esta cobarde y cuestionable decisión ha llevado a la situación que hoy vivimos. En el caso belga, sus inoperantes leyes internas establecen que cada uno de los cinco parlamentos regionales deba aprobar el Acuerdo para que Bélgica lo ratifique. Era de temer lo peor, pues ha sido frecuente en el pasado (en los temas en que ha existido un poder de veto individual) que éste se ejerciese por motivos no directamente relacionados con el asunto en cuestión, a veces como simple baza negociadora.

En consecuencia, a las múltiples grietas que ya resquebrajaban el edificio europeo ha de añadirse otra. Ahora, incluso la vieja y aparentemente asentada política comercial común está en peligro. De esta forma, será difícil que la Unión Europea pueda ser un actor relevante en la economía global, que desarrolle estrategias activas para promover sus intereses. Convendría no olvidar una de las razones que sustentaba el carácter común de la política comercial: el mayor peso negociador que se logra actuando como un bloque unido.

El futuro inmediato no parece prometedor. Si tan complicado resulta alcanzar un acuerdo con Canadá (país que respeta todos los requisitos imaginables en términos medioambientales, sanitarios, laborales… y cuyo comercio con la Unión tiene unas dimensiones relativamente pequeñas) ¿qué otro acuerdo será posible alcanzar en el futuro? El TTIP con Estados Unidos y el eventual acuerdo con el Reino Unido tras el Brexit suponen retos de mucha mayor envergadura. El auge de movimientos populistas, contrarios a la propia economía de mercado, en diversos países europeos y el ambiente crecientemente euroescéptico, no invitan al optimismo. A menos que, algún día, la Unión Europea (con el apoyo de los todavía mayoritarios europeístas) haga de la necesidad virtud y reaccione.
Hoy mantiene toda su vigencia la lúcida reflexión de Jean Monnet: "Las personas sólo aceptan el cambio resignadas por la necesidad y sólo ven la necesidad durante las crisis". Lo que faltan son líderes europeos de la talla de Jean Monnet.