Theresa May, aspirante a Thatcher, opta por el Brexit duro

La nueva primera ministra británica, Theresa May, ha asistido estos días al Congreso de su partido, por vez primera como líder. Ha aprovechado la ocasión para aclarar en qué consistirá finalmente el Brexit (aprobado en un impreciso referéndum por el 52% de los votantes). Hasta ahora, se venía refugiando en un manido y vacío eslogan, repetido hasta la saciedad: “Brexit significa Brexit”. Tal vez porque ella misma no tenía muy claro qué significaba realmente. El monstruo va definiendo ya sus contornos y no resultan nada gratos a la vista.

El discurso de la émula de Margaret Thatcher ha servido para hacer varios anuncios concretos. En primer lugar, la promulgación de una próxima Ley para “abolir” las leyes europeas (“Great Repeal Bill”). Esto entronca bien con el discurso de recuperación de la soberanía y, en consecuencia, provocó grandes aplausos entre los tories presentes. El Reino Unido se liberará de la camisa de fuerza europea y tal… Pese a título tan rimbombante, esa Ley mantendrá (incorporada como británica) toda la extensa legislación europea ya existente. En el futuro, cuando el Brexit se haya completado, permitirá que las nuevas normas europeas dejen de tener automáticamente fuerza de ley en el Reino Unido. En la misma línea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea perderá la supremacía sobre los tribunales británicos.

Más enjundia han tenido las declaraciones referidas al Mercado Único. Algunas pueden parecer inocuas, pero son graves. “Vamos a ser capaces de tomar nuestras propias decisiones sobre cómo etiquetar nuestra comida”. Dado que pertenecer al Mercado Único obliga a cumplir una serie de regulaciones comunes, no estar dispuesto a respetarlas es un indicador claro de la falta de voluntad política de permanecer en él. A menos que la declaración anterior pueda atribuirse a simple ignorancia o demagogia, lo que tampoco es descartable en los tiempos que corren. En cualquier caso, estamos ante un cambio cualitativo en la argumentación. Hasta ahora, el gobierno británico elogiaba el Mercado Único, excepto en lo referente a la libre movilidad de las personas. Parece, sin embargo, que tampoco está dispuesto a aceptar otros elementos esenciales, como las regulaciones comunes, lo que imposibilita la permanencia.

Otro anuncio trascendental, esta vez hecho en una entrevista televisiva, ha sido la fecha en la que el Reino Unido activará el artículo 50, que pone en marcha el reloj para su salida definitiva de la Unión. Lo hará antes de finales de marzo de 2017. A partir de la activación, la salida tendrá que producirse en un máximo de dos años. El período solo podría prorrogarse mediante un improbable acuerdo unánime de los países miembros. Dos años parecen poco tiempo para la compleja negociación que la postura británica desencadenará.

En paralelo, la histeria colectiva sobre los supuestos peligros de la inmigración sigue creciendo. El discurso de Amber Rudd, la ministra del Interior, en la conferencia del partido conservador ha puesto en la agenda política ideas como obligar a las empresas a informar sobre sus trabajadores extranjeros (una forma de presionar para que no ocupen puestos que podrían ser ocupados por británicos) o endurecer los requisitos a los estudiantes extranjeros para obtener visados. Incluso los médicos de otros países que trabajan en el Servicio de Salud parecen provocar resquemores. Todo muy edificante, como puede verse.

La Unión Europea debería tomar buena nota de todo esto y responder adecuadamente en su momento. Los británicos pueden, en su delirio, soñarse una potencia imperial, pero se equivocan de siglo. Vivimos en el siglo XXI, no en el XIX. Ha de evitarse el mal precedente de dar un trato privilegiado a un país que abandona la Unión, además con malos modos. En realidad, la Unión Europea ni siquiera tiene la obligación de negociar nada, si no lo desea. Al Reino Unido se le puede tratar simplemente como a un país tercero más, respetando únicamente las reglas de la Organización Mundial de Comercio, y después negociar sin prisas algún acuerdo comercial (o no). Tal acuerdo, normalmente no cubriría los servicios financieros. En ese caso, los bancos británicos perderían el “pasaporte comunitario”, que les permite operar desde Londres sin restricciones en el resto de la Unión.

Mientras los delegados del partido conservador aplauden con frenesí, la libra se hunde a valores mínimos de treinta años. Theresa May quiere un Brexit duro. Debería leer a Oscar Wilde. “Cuando los dioses quieren castigarnos, atienden nuestras plegarias”.