¿Será Portugal el próximo enfermo económico de Europa?

Tras la crisis griega, la atención europea se ha centrado en Italia como el siguiente foco del incendio a cámara lenta que padece la Unión. Esto ha distraído la mirada de otro posible candidato a ser fuente de problemas (bien es cierto que de menor entidad que los italianos, dada la diferencia de tamaño entre ambas economías): nuestro vecino Portugal.

En los años de gobierno del centro-derecha, Portugal fue uno de los alumnos más modélicos de las políticas impuestas por la Sra. Merkel. A cambio de un rescate de 78.000 millones de euros, redujo salarios y prestaciones, subió los impuestos y desreguló el mercado de trabajo. Los resultados fueron modestos: se evitó la catástrofe, pero la economía sufrió una fuerte recesión, transformada desde 2014 en débil crecimiento (con tasas en torno al 1%).
Tras las elecciones de octubre del año pasado, el panorama cambió, al instalarse en el poder un gobierno socialista en minoría, gracias al apoyo de un bloque radical de izquierdas, el partido comunista y los verdes. El nuevo primer ministro, Antonio Costa, se comprometió a terminar con las políticas de austeridad. En consecuencia, su gobierno ha adoptado medidas como elevar el salario mínimo, subir los sueldos de los funcionarios, descongelar las pensiones, detener las privatizaciones, aumentar el apoyo a los parados de larga duración y reintroducir la semana de 35 horas laborales en parte de la administración pública.

Pese a su aparente radicalismo, no son estas medidas la principal fuente de problemas de Portugal. Es cierto que han dañado su credibilidad en los mercados financieros, lo que le ha llevado a sufrir episodios de aumento de la prima de riesgo. Por ejemplo, tras el anuncio de las medidas presupuestarias de aumento del déficit, el tipo de interés del bono a 10 años pasó de menos del 3% al 4.5%. Sin embargo, las intervenciones masivas del BCE mantienen artificialmente anestesiados los tipos de interés, por lo que los problemas no se han manifestado por esta vía.

Por otro lado, pese a toda la retórica contra la austeridad, en realidad la cosa no ha sido para tanto. El gobierno mantiene el compromiso de cumplir los acuerdos europeos, aunque sus socios hayan manifestado reticencias en el pasado. Las instituciones europeas, tras perdonar a Portugal la multa a la que le hacía acreedor su déficit excesivo (del 4.4% del PIB en 2015), ha pedido un ajuste presupuestario del 0.25% del PIB este año y del 0.6% en 2017. El gobierno portugués ha subido los impuestos y recortado algunos gastos (especialmente en inversión pública), indicando que está dispuesto a realizar mayores ajustes si fueran necesarios. De hecho, entre enero y junio el déficit se redujo, en gran medida como consecuencia de los mayores ingresos. No se trata, por tanto, de un déficit público fuera de control.

Los verdaderos peligros residen en otras variables de la economía portuguesa. En el terreno de las cuentas públicas, aunque el déficit no esté descontrolado, la deuda pública acumulada es enorme (equivalía al 130.2% del PIB en 2014). Además, el crecimiento de la producción es escaso. El PIB real aumentó un 1.5% en 2015 y se está desacelerando claramente en 2016. El Brexit no ayudará, dados los lazos económicos tradicionalmente fuertes que existen entre Portugal y el Reino Unido.

El otro punto negro es la situación del sector bancario, que no termina de solucionarse. A mediados de 2014, el segundo mayor banco privado, Banco Espírito Santo, tuvo que recibir 5.000 millones de euros de ayuda pública para evitar el colapso. A finales de 2015 fue Banif, un banco de menor tamaño, el que atravesó una crisis. Más recientemente, los problemas se han extendido a Caixa Geral de Depósitos (CGD), el banco público que es el principal proveedor de crédito del país, que necesita una inyección de capital de unos 4.000 millones de euros.
La banca española está teniendo un papel protagonista en el intento de solución de los problemas del sector bancario portugués, pues tiene una gran presencia en él. Por poner algunos ejemplos, el Banif reestructurado ha sido comprado por el Banco de Santander; Caixabank es el principal accionista de BPI, el quinto mayor banco de Portugal; el español Ángel Corcóstegui acaba de ser nombrado consejero de la CGD.

La mejor prueba de que los problemas bancarios portugueses no han finalizado es la tasa de morosidad media, que se mantiene en un preocupante 12%. Evidentemente, tras esa media se ocultan situaciones individuales aún peores. Mientras no se solucionen, Portugal corre el riesgo de verse envuelto en círculos viciosos como los que aquejaron a España en el pasado reciente. La banca con problemas restringe el crédito, con poco crédito el PIB crece menos, al ser escaso el crecimiento empeora la tasa de morosidad, con lo que empeoran los problemas de la banca y el círculo se cierra para volver a empezar. La mala situación de la banca y el escaso crecimiento, a su vez, tienen efectos negativos sobre la deuda pública: el riesgo de un rescate bancario público hace temer que la deuda aumente a niveles insostenibles, el escaso crecimiento dificulta disminuir el déficit público. Estos problemas de la deuda pública perjudican a los bancos (que mantienen mucha deuda pública en sus balances) y al crecimiento (mermando la confianza), lo que cierra otro círculo diabólico.

El futuro inmediato dirá en qué medida las reformas que ha ido poniendo en práctica la Unión Europea tras el estallido de la Gran recesión son capaces de romper, o al menos debilitar, estos círculos viciosos.