La Banca italiana pone en riesgo la Unión Bancaria Europea

A los numerosos problemas que ya padecía la Unión Europea (Brexit, situación de Grecia, crisis de refugiados, falta de crecimiento...) se acaba de sumar otro. El sistema bancario de Italia, la cuarta mayor economía europea, atraviesa graves dificultades. Desde España, resulta fácil entender lo sucedido, pues se parece a situaciones que hemos vivido en el pasado reciente. Las autoridades italianas apenas han inyectado hasta ahora recursos en su sistema bancario, confiando en que el paso del tiempo y la recuperación económica irían solucionando los problemas. La prolongación del estancamiento económico, al que se han añadido las presiones deflacionarias y los bajos tipos de interés (perjudiciales para el negocio bancario) han ido convirtiendo esa estrategia dilatoria en errada e insostenible.

Las escasamente rentables entidades financieras italianas concentran la tercera parte del total de créditos morosos de la zona euro: 360.000 millones de euros en activos tóxicos (que equivalen aproximadamente al 20% del PIB italiano). La morosidad media en los préstamos es del 18%, cifra que triplica la media europea; en algunas entidades, como el Monte dei Paschi di Siena, alcanza el 35%. Menos de la mitad de estos préstamos dudosos se encuentran provisionados. Las garantías consisten mayoritariamente en activos inmobiliarios de difícil venta. Los colchones de capital de los bancos resultan escasos frente a las magnitudes anteriores, lo que los aboca a problemas de solvencia.

La banca italiana padece también problemas de gobernanza, como ha señalado el FMI. Los bancos regionales mantienen vínculos demasiado estrechos con la política y las empresas locales. Esto puede haber sido una de las razones de la estrategia dilatoria seguida hasta ahora. Buena parte de los créditos morosos se concentran en pequeñas y medianas empresas con activos de difícil valoración.

Los círculos viciosos que sufrimos hace poco en España, están ahora en Italia en pleno funcionamiento. Los bancos en apuros limitan el crédito, lo que dificulta la inversión y el crecimiento; el estancamiento, a su vez, agrava la mora crediticia. La situación se está reflejando en el aumento de la prima de riesgo italiana, con efectos en la del sector privado (pese a las masivas intervenciones del BCE). Por otro lado, la banca tiene una alta exposición a la enorme deuda pública italiana, equivalente al 135% del PIB.

Son imprescindibles, en consecuencia, medidas de calado para salir de este atolladero. Tales medidas deberían respetar el recién aprobado marco legal europeo para hacer frente, precisamente, a este tipo de situaciones. Estas normas pretenden proteger a los contribuyentes y, para ello, en vez de que el Estado rescate a los bancos (el llamado bail-out), dictan que hagan frente a las pérdidas primero los accionistas y bonistas de las entidades (bail-in). La filosofía es, en principio, correcta. El problema reside en que, en Italia, 200.000 millones en bonos bancarios pertenecen a pequeños inversores, que los compraron con información defectuosa, creyendo que eran tan seguros como los depósitos (¿les suena?). Las familias con depósitos superiores a 100.000 euros también se verían incluidas en el bail-in. Como puede verse, el coste político de esta vía sería enorme, lo que daría alas al movimiento populista Cinco Estrellas y pondría en peligro el resultado del referéndum de reforma constitucional, que Renzi pretende celebrar en octubre.

Para sortear estos escollos, la opción preferida por el gobierno italiano sería recapitalizar los bancos problemáticos con dinero público, mediante un rescate de entre 10.000 y 40.000 millones de euros. No obstante, este incumplimiento flagrante de las normas que fija la Unión Bancaria Europea no sería aceptable para el resto de socios, en particular para Alemania (con sus propias elecciones de 2017 aproximándose). De ahí la necesidad de alcanzar algún tipo de solución de compromiso, que respete formalmente las normas europeas sin aplicarlas con rigidez.

Italia debería tener, como mínimo, un tratamiento igual de exigente que España y los países europeos que han rescatado a su sector bancario anteriormente. Esto implicaría condicionalidad, y reestructuración del sector. El caso español puede servir, así mismo, como modelo para la parte flexible del plan. Si la comercialización de deuda bancaria a los inversores minoristas fue defectuosa, la justicia italiana deberá actuar, pudiéndose crear un fondo con dinero público italiano para compensar a los estafados.

Junto a estas soluciones cortoplacistas para evitar, una vez más, el abismo, sería preciso abordar los problemas de fondo de la eurozona. La Unión Bancaria Europea permanece incompleta. Además de carecer de un Fondo de Garantía de Depósitos común, el Fondo de Resolución Único, que se dotará con aportaciones de los bancos, tardará 8 años en alcanzar su insuficiente tamaño previsto de 55.000 millones. En 2016 estará dotado tan solo con unos 10.000 millones, que no bastan ni para hacer frente a los retos que se le plantean de forma más inmediata. En consecuencia, es necesario completar el diseño de la Unión Bancaria Europea con una mayor ambición. Tampoco esto bastará: los bancos no prosperarán mientras el entorno macroeconómico siga siendo problemático. El papel de la política fiscal en la salida de la crisis sigue sin abordarse de forma coordinada.

La Unión Europea se está jugando el ser o no ser. Si los retos planteados la estimulan para hacer frente a los problemas de una vez, con altura de miras, generosidad y ambición, puede todavía salir reforzada de esta crisis. En caso contrario, su futuro parece cada vez más preocupante. El tiempo para reaccionar se va agotando. Es la hora, en términos políticos, de los arquitectos innovadores. Los únicos que proliferan, de momento, son los equipos de demolición, liderados por populistas a los que alucinan variadas y contraproducentes quimeras.