La multa a España: el punto de vista europeo

Diversas encuestas vienen mostrando, desde hace tiempo, un descenso continuado del apoyo a la Unión Europea en el seno de los países que la componen. En parte, esta creciente impopularidad del proyecto europeo puede estar justificada. La respuesta colectiva a la crisis, liderada por Alemania, no puede calificarse de generosa, ni de acertada. No obstante, una parte sustancial del deterioro se debe al uso que han hecho de la Unión muchos gobiernos nacionales, como chivo expiatorio al que culpar de problemas propios. A su vez, esto ha sido posible porque un gran número de ciudadanos europeos desconoce los detalles del funcionamiento de la Unión.

Un nuevo ejemplo de todo lo anterior lo estamos viendo ahora en nuestro país, a raíz de la multa con la que Bruselas nos amenaza, como consecuencia de haber incumplido el objetivo de déficit público. La postura general es de rechazo, cuando no de indignación. ¿Por qué quieren los socios europeos multarnos? ¿No tenemos ya bastantes problemas? ¿Quién es la Unión Europea para decirnos lo que tenemos que hacer con nuestro déficit público?

Intentemos comprender la situación desde el punto de vista europeo. España no tiene una moneda propia, sino que comparte el euro con otros países. Esto implica necesariamente compartir con ellos la política monetaria (relacionada con si se pone más o menos dinero en circulación y en qué condiciones). Sin embargo, las políticas fiscales (relacionadas con los ingresos y gastos públicos) no son comunes, siguen estando en manos nacionales. Por eso, es preciso evitar que alguna política fiscal nacional altamente deficitaria pueda interferir en el funcionamiento de la política monetaria común. Esto llevó a los países miembros del euro (sí, esos mismos que hoy se quejan e indignan) a firmar voluntariamente el llamado Pacto de Estabilidad, que pone restricciones al uso de la política fiscal nacional.

¿De qué forma puede una política fiscal nacional interferir en la política monetaria común? Existen numerosas vías. Alguna es de carácter cotidiano: el BCE podría ser reticente a elevar el tipo de interés, aunque se trate de la medida de política monetaria adecuada en un momento dado para combatir la inflación, por miedo a imponer unas mayores cargas de intereses a los gobiernos muy endeudados.

Otras vías de interferencia son más espectaculares. Por ejemplo, cuando el BCE se ve presionado para rescatar a un gobierno que sufre una crisis de la deuda pública. Cuando las administraciones de un país acumulan tanta deuda que los mercados financieros las juzgan incapaces de hacerla frente, les resulta imposible obtener nuevos préstamos y seguir incurriendo en déficit. Como consecuencia de esa crisis de deuda, el gasto público (en sanidad, educación, jubilaciones, desempleo) disminuirá bruscamente, ajustándose estrictamente a los ingresos, lo que provocará fuertes tensiones sociales (ancianos sin pensión, hospitales sin medicinas, escuelas sin calefacción o comida). Existirán presiones para el rescate a ese gobierno en apuros. Uno de los candidatos principales será el BCE. Pero este rescate (comprando el BCE la deuda que no quieren los mercados) tendría consecuencias monetarias. A cambio de la deuda, el BCE da euros, que salen a circular por toda la zona. Así, una política fiscal nacional deficitaria habrá terminado interfiriendo en la política monetaria común del BCE para toda la zona del euro.

Por otro lado, en una crisis de la deuda el precio de ésta se hundirá. Como los bancos comerciales son importantes tenedores de tales títulos, la crisis de la deuda pública podría fácilmente desencadenar una crisis bancaria, que incluso salte por contagio las fronteras nacionales. El BCE tendría, en este caso, que rescatar a los bancos comerciales, dándoles euros (incrementando la oferta monetaria) a cambio de títulos de deuda. Como se ve, otra posible vía por la que la política fiscal de un país acabaría interfiriendo en la política monetaria supranacional.

La experiencia ha demostrado que este tipo de escenarios son posibles, cosa que se ponía en duda por muchos analistas al nacer el euro. Tenía y tiene sentido, por tanto, intentar prevenirlos. Este es el objetivo del Pacto de Estabilidad. No obstante, la política fiscal nacional es importante para hacer frente a los problemas recesivos o inflacionarios que afecten únicamente a ese país individual, pues las políticas comunes no podrán ocuparse de ellos. Por eso, las restricciones no han de ser tan severas que impidan este cometido. Los elementos de flexibilidad existen en el Pacto.

El valor que se toma como referencia es el 3% del PIB para el déficit del conjunto de las administraciones públicas (incluyendo la administración central, las autonómicas y las locales). Por encima de ese valor, el déficit público se considera excesivo. No se impone, por tanto, un déficit cero (primer elemento de flexibilidad). En el caso de que, en un año determinado, la economía esté en recesión, se permite rebasar incluso ese valor del 3% (segundo elemento de flexibilidad). Desde un incumplimiento del Pacto hasta la multa, existen plazos largos, años durante los cuales se le ofrece al incumplidor la posibilidad de rectificar gradualmente su comportamiento sin ser finalmente multado (tercer elemento de flexibilidad). Por último, la imposición de la multa no es automática, se trata de una decisión que deben adoptar el resto de socios sin el infractor, lo que puede dar lugar a negociaciones y compromisos (cuarto elemento de flexibilidad). En resumen, solo un incumplidor reincidente puede acabar teniendo problemas, como lo demuestra el hecho de que, hasta la fecha, no se haya cobrado multa alguna.

Todo lo anterior no quiere decir que deba idealizarse ese punto de vista de la Unión Europea. El Pacto de Estabilidad tiene claros errores de diseños. Entre ellos, la absurda idea de imponer multas económicas a países con problemas en sus cuentas públicas, que se ven así agravados. Habría que pensar en otro tipo de incentivos al cumplimiento, como reducir temporalmente los derechos de voto del país infractor en las instituciones europeas, o premiarle con incentivos positivos si cumple (más fondos estructurales…). Los principales países europeos, Alemania y Francia, han contribuido extraordinariamente a debilitar y desprestigiar el Pacto. Antes de la crisis, ellos eran los incumplidores. En 2005, conjuraron la amenaza de ser multados mediante un cambio en las reglas del juego, modificando el Pacto en aspectos puntuales que, en ese momento, les convenían.
Sin embargo, antes de echar la culpa de todo a Europa, hagamos el esfuerzo de ver los problemas desde un punto de vista supranacional y con todos sus matices. No existen soluciones sencillas a los problemas complejos. Tampoco existen soluciones nacionalistas a los problemas comunes europeos.