Las mentiras del Brexit

Que una decisión sea democrática no implica que sea necesariamente acertada. La victoria del Brexit en el referéndum británico proporciona un claro ejemplo de esta obviedad, que con frecuencia se olvida o se considera políticamente incorrecta. La segunda economía de la Unión Europea, en pleno crecimiento económico, superados los peores efectos de la crisis, ha tomado una decisión absurda. Todo comenzó cuando el nefasto e irresponsable David Cameron, incorregible aficionado a la ruleta rusa, prometió realizar un referéndum, con el único fin de apaciguar las divisiones internas de su propio partido. A partir de entonces, la letal combinación de políticos demagogos ansiosos de poder (como el histriónico Boris Johnson, el Trump isleño), tabloides sensacionalistas y bajos instintos xenófobos de la Inglaterra profunda, desataron una dinámica que ha terminado devorando a sus propios creadores.

Lo peor es que la campaña del Brexit estaba basada en flagrantes mentiras, que están siendo rápidamente desenmascaradas. Sus promotores la han centrado en las siguientes supuestas ventajas: controlar los flujos migratorios para reducir los insoportables costes que provocan, ahorrarse las enormes cantidades que se aportan al presupuesto comunitario (que podrán utilizarse para mejorar los servicios sanitarios) y recuperar soberanía legislativa. Todo ello, sin dejar de acceder al Mercado Único europeo, claro. Este relato está plagado de todo tipo de falsedades y contradicciones.

La inmigración que recibe el Reino Unido debería verse como la consecuencia de una historia de éxito. La prosperidad que ha logrado como miembro de la Unión (en la que se había forjado un lugar singular, participando solo en aquellas nuevas políticas comunes que ha querido) funciona como imán para la atracción de inmigrantes, principalmente del Este y del Sur de Europa. Esta inmigración europea no impide que los nativos logren empleos, como prueba el casi inexistente paro (del 5%).

Al contrario, la inmigración se compone en buena parte de personas cualificadas, a menudo jóvenes, cuyos servicios la economía británica necesita. Estos efectos positivos se olvidan, centrando toda la atención en algunos efectos negativos que otro segmento de la inmigración tiene sobre los salarios de los trabajadores poco cualificados o en unos supuestos perjuicios para el Estado de Bienestar (que no están nada claros, pues los trabajadores extranjeros puede que aporten a éste en conjunto más de lo que reciben).

Si no es verdad que la inmigración sea el gran problema nacional que se ha dibujado, tampoco lo es que ahora vaya a ser fácil regularla. El grado de control que logre el Reino Unido dependerá del tipo de nueva relación que establezca con la Unión Europea. Posibles modelos, como el de Noruega o Suiza, requieren respetar el principio de libre circulación de las personas. De hecho, en estos países el número de inmigrantes provenientes de la Unión Europea respecto al total de habitantes es superior al británico. Si el Reino Unido quiere seguir accediendo al Mercado Único, deberá recordar que la libre movilidad de las personas es uno de sus componentes esenciales (junto a la de bienes, servicios y capitales).

En cuanto al supuesto expolio presupuestario, el presupuesto común de la Unión Europea es en realidad muy pequeño: su gasto total equivale a alrededor del 1% del PIB de la Unión. A lo que el Reino Unido aporta, hay que restarle lo que recibe en forma de fondos agrarios y regionales (sobre todo en las regiones no inglesas, Escocia, Gales e Irlanda del Norte). Además, otro de los favorables y únicos acuerdos logrado por el Reino Unido es el llamado “cheque británico”, por el que se le devuelven 2/3 del saldo neto negativo resultante. Hechos estos ajustes, la cifra que queda equivale aproximadamente el 0.3% del PIB (es decir, a la tercera parte de un uno por ciento del PIB) ¡No parece para tanto! Para remate, según la fórmula de colaboración que negocie el Reino Unido en el futuro, podría tener que seguir contribuyendo al presupuesto común, como hace Noruega. Además, parte de los supuestos ahorros no serán tales, pues la administración británica tendrá que desempeñar las funciones de las que ahora se ocupa la vilipendiada pero eficiente administración comunitaria.

Respecto a la recuperación de la soberanía legislativa y el acceso al Mercado Único, la enorme contradicción reside en que no es posible tener las dos cosas al mismo tiempo: cuanto mayor sea su acceso al Mercado Único, mayores serán las condiciones para que los británicos cumplan las normas comunitarias, de forma que compitan en igualdad de condiciones y respeten los estándares europeos. Los ejemplos de Noruega y Suiza lo demuestran. Eso sí, a partir de ahora, el Reino Unido tendrá que cumplir unas normas en cuya formulación no habrá participado ¡Curiosa forma de ganar soberanía!

Más cercano a la verdad ha terminado siendo lo que los partidarios del Brexit negaban y ridiculizaban como “el Proyecto del Miedo”. El triunfo del Brexit ha desatado inmediatamente el caos. No se sabe cuáles serán los acuerdos futuros con la Unión Europea, incluyendo los relativos a la City. Lo que sí se sabe es que la Unión Europea tendrá incentivos a la dureza en la negociación, para evitar que el caso británico se convierta en un precedente que otros países miembros se planteen imitar en el futuro. El Primer Ministro ha anunciado su dimisión para dentro de unos meses; el líder de la oposición está cuestionado; las tensiones independentistas en Escocia e Irlanda del Norte se han reavivado. En los mercados financieros, la libra se ha hundido a mínimos de treinta años, la Bolsa se ha desplomado, las agencias de calificación anuncian revisiones a la baja del rating...

No deja de resultar irónico que los británicos, padres de la democracia representativa, hayan sucumbido a los defectos de la democracia directa. Los demás europeos deberíamos tomar nota. Inglaterra ha vuelto a dar un ejemplo al mundo, como tantas veces en su Historia, pero en esta ocasión de insensatez.