Cuando despertaron de las elecciones, los parados que necesitaban formación aún seguían ahí

El problema de la falta de formación de los parados es uno de los principales cuellos de botella de nuestra economía. Son numerosos los desempleados jóvenes que abandonaron prematuramente sus estudios (para trabajar en el sector de la construcción u otros) y cuya escasa formación constituye uno de los obstáculos fundamentales a la hora de encontrar un empleo.

Las necesidades formativas no solo afectan a los parados jóvenes. El fenómeno que los economistas llamamos “histéresis” consiste en que, con el paso del tiempo, los parados de larga duración van perdiendo cualificaciones, a medida que los conocimientos que poseían se van quedando obsoletos.

Además, en el debate político actual existe unanimidad sobra la necesidad de un cambio de modelo productivo hacia nuevos sectores de especialización. Pues bien, para que un parado que perdió el empleo en un sector pueda realmente trabajar en otro, es necesario que reciba la formación adecuada.

Por todo lo anterior, mejorar las llamadas políticas activas de empleo (encargadas, entre otras cosas, de la formación de los parados) debe ser una tarea prioritaria en la próxima Legislatura. Merecería incluso, como la Educación, ser objeto de un Pacto de Estado. Millones de personas todavía paradas deberían estar aprovechando esa difícil etapa para mejorar su formación, de forma que ese tiempo no resulte totalmente perdido y puedan aumentar su empleabilidad. Diversos organismos internacionales (como la Comisión Europea, la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional) coinciden en este diagnóstico.

La tarea que falta por realizar es formidable. Son escasos los desempleados que participan en acciones formativas. Entre los cursos que se contabilizan como realizados, la calidad no suele ser alta, y han existido preocupantes casos de fraude. Los resultados obtenidos por los servicios de empleo en cuanto a intermediación laboral no son menos negativos. El porcentaje de parados que encuentra trabajo a través de una oficina pública de empleo es mínimo.

La falta de medios está generalizada en el campo de las políticas activas. Mientras no se solucione, las mejores leyes de reforma terminarán siendo papel mojado. Los datos son elocuentes. El ratio de desempleados por trabajador dedicado a la orientación laboral fue, en el caso de España, de unos 450 en 2010 (según la OlT) y superó los 600 en 2012. Estas cifras contrastan con las de Francia (50 desempleados por orientador) Alemania y Reino Unido (unos 30) o Dinamarca (con menos de 20). Esta falta de medios condiciona todo lo demás, como el trato ajustado a las necesidades individuales.

En cuanto al gasto público en políticas activas de empleo, debe cambiarse su composición. Hoy incluye un peso excesivo de incentivos al empleo, en forma de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Se trata de incentivos costosos y poco eficaces. A menudo, únicamente incentivan la sustitución de un tipo de empleo no bonificado, por otro que sí lo está, mientras dura la bonificación. Conviene reorientar el gasto en políticas activas hacia la formación, dejando de gastar tanto en bonificaciones (como se hace en la mayoría de países de nuestro entorno).

En los Presupuestos Generales del Estado, lo dedicado a políticas activas de empleo se ha reducido aproximadamente a la mitad durante la crisis. Entre 2011 y 2013, la cuantía pasó de 7.322 millones de euros anuales a 3.765 millones. La XII Legislatura debe ser aquella en la que los diferentes partidos políticos se pongan de acuerdo para la imprescindible mejora de estas cruciales políticas.