Las Comunidades Autónomas están descontroladas

Los datos sobre el déficit de las administraciones públicas españolas, recientemente conocidos, son muy preocupantes. El año pasado tuvieron un agujero en sus cuentas públicas de nada menos que 55.700 millones, lo que equivale al 5.16% del PIB. Ello pese a que la economía creció un saludable 3.2% y los costes financieros de la deuda fueron menores gracias a las políticas de apoyo del BCE. Nuestro país, que ya tiene una deuda pública neta equivalente al 100% del PIB, incumple así (un año más) sus compromisos con los socios europeos.

La parte esencial de ese incumplimiento se debe a las Comunidades Autónomas, que han tenido en conjunto un déficit del 1.66% del PIB, más del doble de su objetivo del 0.7%. Solo 3 de las 17 Comunidades han cumplido. Cataluña (¿cómo no?) lidera el incumplimiento, con un déficit del 2.7%. Ni los mayores recursos del año pasado, ni la financiación privilegiada del FLA, han impedido las desviaciones.

Lo sucedido no debería sorprender a nadie y tiene raíces mucho más profundas que las alegrías electoralistas del 2015. El sistema autonómico no se ha diseñado en España de forma racional, teniendo en mente un modelo final eficiente, sino a golpe de improvisación y conveniencia política cortoplacista. En ocasiones, se han cedido competencias estatales de forma permanente, solo para ganar alguna votación coyuntural en el Congreso.
El resultado ha sido el que cabía esperar: confusión de competencias entre los distintos niveles de gobierno, duplicidades, gastos superfluos, descoordinación (entre las CCAA y de ellas con el Estado), incluso falta de datos e información.

Esos defectos de diseño de la descentralización han tenido mucho que ver con la crisis económica. Las CCAA han estado en el origen de numerosos problemas: hundimiento y saqueo de las Cajas de Ahorro (con sus secuelas de emisiones de preferentes y salidas a Bolsa), impago y ocultamiento masivo de facturas a los proveedores, despilfarro en el gasto (aeropuertos en medio de la nada sin aviones…) y múltiples casos de corrupción.
En consecuencia, la propia crisis hacía tan oportuno como necesario rediseñar el modelo, corrigiendo los principales defectos que la experiencia había puesto de manifiesto. No se ha hecho así, puede incluso que se haya empeorado. Es cierto que, sobre el papel, se han tomado medidas que van en la dirección adecuada, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de Unidad de mercado o el afloramiento de las facturas a proveedores. No obstante, en conjunto lo que se ha hecho ha sido rescatar desde la Administración Central (sería mejor llamarla la Administración Común) universalmente a todas las CCAA de todos los problemas que han generado, sin apenas condiciones ni exigencias de responsabilidades, utilizando para ello unos recursos ingentes.

Al proceder así, se ha eliminado un principio esencial de los gobiernos descentralizados, que se aplica incluso en los países federales, como Estados Unidos: el principio de no rescate, según el cual cada administración debe responder de sus propias deudas. Así, el gobierno federal estadounidense no tiene porqué intervenir si un Estado o ciudad quiebran. En caso contrario, se incentivan los comportamientos irresponsables: ¿por qué no gastar, tener déficit, endeudarme, si en último término otros van a responder por mí y sacarme del apuro? Los perdedores en ese tipo de dinámica terminan siendo los que se comportan responsablemente. Esa es la lógica perversa cuyos resultados vemos ahora manifestarse, pero que ya subyacía a programas como el FLA, que favorecen y recompensan a los más incumplidores.

No estaba escrito que tuviese que ser así. El rescate habría exigido el acompañamiento de condiciones estrictas, como ha hecho la Unión Europea cuando ha rescatado a países soberanos. Además, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aunque no del todo bien diseñada (le faltan mecanismos preventivos) tiene un potencial de aplicación que no se ha utilizado, lo que han señalado tanto la AIReF como la Comisión europea. Solo ahora el Gobierno, en funciones tras una Legislatura con mayoría absoluta, ha tomado algunas medidas in extremis.
La situación es aún más preocupante porque los principales partidos políticos tienen propuestas de futuro que, en conjunto, tienden a avanzar hacia una mayor descentralización “a la carta”, a la vez que formulan numerosas iniciativas de gasto sin una financiación clara. Todo parece fiarse a que la UE aplace, una vez más, el cumplimiento de los objetivos de déficit (cosa harto improbable).

Las consecuencias de todo esto todavía no se han manifestado de forma más dramática porque la prima de riesgo de nuestra deuda pública se beneficia del “dopaje” proporcionado por las compras del BCE, que la mantienen artificialmente baja. Sin embargo, convendría no olvidar que esa ayuda se basa en un pacto implícito: el BCE proporciona tiempo, a cambio de que los países con problemas vayan reduciendo el déficit y realizando reformas. Si éstos no cumplen su parte del trato, el BCE puede dejar de cumplir la suya, con efectos que hace poco mostró el caso de Grecia.

Lo peor es que todo lo referente a las Comunidades Autónomas se ha sacralizado de forma tal, que cualquier crítico se arriesga a ser calificado automáticamente de ultraderechista que añora el franquismo. Los dirigentes autonómicos utilizan particularmente bien el viejo truco de envolverse en las respectivas banderas como escudo frente a las críticas. Esto empobrece mucho el debate político en España, pues tiende a dejar fuera de él una parte esencial de los asuntos públicos. Personalmente, soy partidario de una amplia descentralización y de las Comunidades Autónomas; por eso quiero que funcionen bien. Desgraciadamente, a día de hoy los motivos para criticarlas, tanto desde una perspectiva socialdemócrata (véanse las diferencias en las Rentas Mínimas de Inserción entre Comunidades) como liberal (obstáculos a la iniciativa empresarial, barreras a la movilidad de las personas o diferentes oportunidades en el acceso a los empleos públicos) abundan y no parece que vayan a disminuir.