Regeneración democrática y crecimiento económico

El regeneracionismo vuelve a estar de moda en España. Nacido tras el desastre del 98, en una época de crisis, vive una segunda juventud en los tiempos actuales, no menos convulsos. Tanto los nuevos partidos como los tradicionales se esfuerzan por hacer suyo el término. El reformismo regeneracionista tiene, por su propia naturaleza, un carácter eminentemente político, se plantea en términos institucionales. Aunque fuese solo eso, ya sería importante. Cuando a Azaña le preguntaban para qué le iba a servir a la gente la libertad, respondía que para ser libres. El regeneracionismo político bien merecería la pena, aunque sirviese únicamente para vivir en un país más decente.

En realidad, los efectos de las reformas regeneracionistas serían más amplios, se extenderían al ámbito económico. La Ciencia Económica vio claro al nacer la importancia de la calidad institucional para el crecimiento económico. Después, olvidó parcialmente esa relación, creyéndola únicamente relevante para las economías en desarrollo. En las últimas décadas, ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de la calidad institucional incluso en las economías desarrolladas. El libro Por qué fracasan los países, de Acemoglu y Robinson, resume de forma clara y amena los principales hallazgos de esa rama de la Economía.

Por desgracia, en España no parecen darse las condiciones institucionales necesarias para favorecer el crecimiento económico a largo plazo. La conciencia social sobre el problema es cada vez más clara. Numerosos trabajos han ido arrojando luz sobre lo que nos sucede utilizando distintas disciplinas (la Historia, la Sociología, la Ciencia Política, el Derecho y la Economía). Desde el punto de vista económico, una muy reciente aportación de interés es el libro España estancada, escrito por el profesor Carlos Sebastián.

El listado de problemas y reformas pendientes abruma. La separación de poderes es débil, meramente formal. El poder ejecutivo tienen mecanismos de control sobre el poder legislativo e incluso el judicial. La influencia partidista indebida se extiende a los organismos supervisores y reguladores, los altos puestos de las administraciones públicas y la propia sociedad civil (fundaciones, medios de comunicación, grandes empresas…). Las leyes son excesivamente numerosas, de mala calidad y cambiantes, lo que aumenta los costes de cumplimiento y provoca inseguridad jurídica. A menudo son incumplidas por las propias administraciones que las promulgan (como en el caso de los impagos a proveedores, entre otros muchos). El favoritismo, e incluso la corrupción, abundan en las concesiones públicas (la propia CNMC ha estimado el sobrecoste en 40.000 millones) y los fracasos empresariales con frecuencia terminan en la socialización de pérdidas.

Los comportamientos inapropiados no se circunscriben a lo público, como tanto nos gusta pensar, sino que están extendidos en el conjunto de la sociedad: fraude fiscal y laboral, pirateo de películas, música y libros, impagos entre empresas privadas...

Las deficiencias de la Justicia (falta de independencia, lentitud y bajo grado de aplicación de las sentencias) están llenas de consecuencias económicas negativas. La educación, otra institución básica para el crecimiento económico a largo plazo, padece también graves problemas.

La enorme descentralización administrativa no se ha diseñado correctamente, faltando coordinación entre los diferentes niveles. Las Comunidades Autónomas han estado directamente involucradas en la mayoría de los problemas institucionales (gastos superfluos, exceso de normas, degradación de la administración, incumplimiento de leyes...). Han desempeñado un papel central en el origen y desarrollo de la crisis (Cajas de Ahorros, venta de participaciones preferentes, impagos masivos a proveedores, déficit públicos excesivos, casos de corrupción...).
Como puede verse, la economía española vuela con plomo en las alas. Si algún día la liberamos de esos lastres, sin duda alcanzará mayores alturas.