El dilema de las pensiones en España

Se han publicado recientemente algunos datos que nos recuerdan la fragilidad que padece nuestro sistema de pensiones. Hace unos días, supimos que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social finalizó 2015 con 32.485 millones de euros. Eso quiere decir que, durante el año pasado, el Gobierno ha sacado 13.250 millones de esa hucha. Sucesivas retiradas, han reducido el tamaño del Fondo a menos de la mitad de los 66.815 millones que tenía a finales de 2011. De mantenerse esta tendencia, se agotará en pocos años.

En la misma línea, los datos de empleo del mes de enero han puesto de manifiesto una pérdida de 204.043 cotizantes para la Seguridad Social, la más elevada desde 2013. En la actualidad, el número de cotizantes está todavía unos dos millones por debajo del que había antes de la crisis. La relación entre cotizantes y pensionistas es de 2.25. Todo esto da verosimilitud a los avisos de la AIReF, alertando de que la Seguridad Social tendría en 2015 un déficit superior al 1% del PIB.

El libro recientemente publicado por la profesora Rocío Gallego Losada en la editorial Tirant Lo Blanch, cuyo título coincide con el de esta columna, ayuda a entender las causas de lo que sucede. Recomiendo su lectura detallada, ya que compagina la claridad con la amplitud y profundidad en el tratamiento de los temas. Para los que no acudan a la fuente original, una breve recesión puede ser útil.

En la primera parte del libro, se revisa la arquitectura global del sistema, comenzando desde los principios que lo sustentan. Aunque la Constitución de a la pensión de jubilación rango de derecho social, su grado de exigibilidad a los poderes públicos queda condicionado por las disponibilidades económicas. Dentro del mismo sistema, conviven dos subsistemas distintos: uno de naturaleza asistencial y otro contributivo. Esto ha dado lugar a un continuo debate ideológico de gran relevancia, sobre si es el criterio de contributividad (que relaciona lo aportado con lo recibido) o el de solidaridad (que permite cierta redistribución de rentas y unos mínimos incluso al que no ha cotizado lo suficiente) el que debe prevalecer. Es preciso encontrar el equilibrio adecuado entre ambos principios. En el pasado, confundidos ambos, sin una separación clara de fuentes de financiación, se ha dado más relevancia al segundo que al primero.

Dados los importantes efectos redistributivos que el sistema de pensiones tiene entre generaciones y territorios, es necesario reflexionar también sobre el riesgo de romper el principio de Caja Única, puesto en cuestión desde hace tiempo por varias Comunidades Autónomas. Hoy en día, está más directamente amenazado (por el proceso que se vive en Cataluña). Se trata de una cuestión esencial para preservar la igualdad de derechos de los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar donde residan.

Una vez expuesta la filosofía general que subyace al sistema, se pasa a analizar (en la segunda parte del libro) los principales retos a los que se enfrenta. Siendo un sistema de reparto, en el que cada generación financia las pensiones de la anterior, el cambio demográfico resulta determinante, aunque matizado por la evolución de otras variables (como la inmigración o la productividad). El impacto de la crisis ha de considerarse coyuntural, aunque llama la atención que la recuperación del empleo no esté incrementando tanto como cabría esperar los ingresos por cotizaciones, debido a la precariedad laboral y a la devaluación salarial.

En la tercera y última parte, se estudian todas las reformas del sistema en los últimos años, analizando con particular detalle las de 2011 y 2013. Las actuaciones por el lado de los ingresos han sido relativamente escasas, en forma de incremento de cotizaciones e inclusión en las bases de cotización de las retribuciones en especie. Las bonificaciones y reducciones de cuotas, tan alegremente utilizadas, reducen los recursos del sistema.

Mucho más numerosas han sido las medidas por el lado de la reducción del gasto. Las de carácter tradicional, cambian parámetros del sistema, modificando las reglas básicas de acceso: retraso de la edad de jubilación, ampliación del periodo de cotización y desincentivo de la jubilación anticipada. Un segundo grupo de actuaciones consiste en la introducción de mecanismos automáticos, que garanticen el equilibrio presupuestario del sistema, como el factor de sostenibilidad y el nuevo índice de revalorización de las pensiones (un cambio de gran calado, que rompe con la tradición de revalorizarlas según el Índice de Precios al Consumo). Las pensiones se revalorizarán a partir de ahora sólo en función de que existan recursos suficientes para hacerlo. Esto, unido a la ausencia de medidas suficientes por el lado de los ingresos, condena inexorablemente a los pensionistas al empobrecimiento futuro.

Como puede verse, el libro refleja bien la enorme complejidad del fascinante mundo de las pensiones. Para ello, se aleja de ambos extremos del pobre debate político al uso: el que las ve como un derecho (despreocupándose de los recursos) y el que sólo quiere que sean sostenibles presupuestariamente (olvidando su suficiencia).
Aunque tal vez el arma secreta que vaya a solucionar definitivamente el problema de las pensiones en España sea la última ocurrencia gubernamental: prohibir a los jubilados que escriban libros y cobren derechos de autor superiores al salario mínimo, a riesgo de ser multados y perder la pensión. Además de ser una medida evidentemente injusta ¿a alguien se le ha ocurrido pensar en el empobrecimiento de nuestro panorama cultural que semejante disparate puede provocar?