Hemos ganado, aunque todavía no sepamos quiénes

La frase del titular, atribuida a Pío Cabanillas padre en tiempos de la Transición, resume bien el resultado de las recientes elecciones generales. Son muchas las incógnitas que han quedado pendientes de respuesta, pero algunas cuestiones sí se han aclarado.

La campaña ha puesto de manifiesto, una vez más, la importancia de las encuestas electorales. Diversos medios de comunicación las han utilizado como instrumentos para modificar la opinión, en vez de su supuesto fin de reflejar la opinión existente. En el mismo día de las votaciones se filtraron los resultados de una encuesta, con las urnas abiertas. El poder de dichas encuestas es difícil de exagerar: han logrado que partidos sin representación parlamentaria apareciesen como ganadores antes de haber recibido ningún sufragio, mientras otros con grupos parlamentarios se daban por amortizados y desaparecían del debate público. Como las encuestas las encargan medios de comunicación que tienen sus propios intereses (que incluyen desde deudas que reestructurar hasta fobias personales de algunos directores), no es preciso ser muy malpensado para sospechar que la utilización de las encuestas para favorecer o perjudicar a determinados partidos políticos no es inocente. Los resultados finales han diferido sustancialmente de los vaticinios.

Otra característica de la campaña ha sido la celebración de debates entre los candidatos. Se trata de una novedad enriquecedora, que debería tener continuidad, tal vez estableciendo unos mínimos obligatorios de tipo legislativo, o al menos como una costumbre cuyo incumplimiento se penalice socialmente. Es cierto, sin embargo, que en esos debates (puede que por su formato) han sobrado recriminaciones y han faltado propuestas constructivas. Junto a ellos, han proliferado las apariciones de los candidatos en todo tipo de programas que permitiesen mostrar su lado humano (bailando, cantando, cocinando o viajando en globo). No deja de ser un complemento interesante. Los romanos, que no eran tontos, votaban a los candidatos más por su carácter y sus servicios previos a la República que por sus promesas. Aunque resulta dudoso que las cualidades puestas de manifiesto en esos programas sean las idóneas para garantizar el buen gobierno de la cosa pública.

En cuanto a los resultados de las elecciones, de nuevo se han visto condicionados por la falta de proporcionalidad del sistema electoral. No todos los votos valen igual. El caso más clamoroso, en estas elecciones, ha sido el de Unidad Popular. Obteniendo casi un millón de votos, ha logrado 2 escaños, en lugar de los 13 que proporcionalmente le corresponderían. El diseño actual favorece tanto a los grandes partidos como a los partidos nacionalistas. Por ejemplo, EH-Bildu, con la quinta parte de votos que Unidad Popular, ha obtenido los mismos escaños. Por otro lado, un sistema más proporcional tendería a aumentar la ya considerable fragmentación del espacio político.

El resultado electoral parece difícil de gestionar. En principio, son muchos los partidos que tienen motivos para estar satisfechos. El PP sigue siendo la primera fuerza política, pese al desgaste de años de gobierno en una coyuntura difícil y el lastre de los reiterados casos de corrupción. El PSOE, afectado por sus propios casos y por el recuerdo negativo de la gestión de los gobiernos de Zapatero, ha sido capaz de mantenerse como segunda fuerza política en circunstancias inéditas, con una fuerza emergente a su izquierda y otra a su derecha. Los partidos emergentes entran con fuerza en el Congreso al primer intento. Incluso los nacionalistas, con un mal resultado conjunto, tienen opciones de recuperar su tradicional papel de bisagra.

La situación no es, en teoría, inmanejable. Diversas combinaciones podrían alcanzar la mayoría absoluta parlamentaria (es decir, más de 175 escaños). Una sería la “gran coalición” a la alemana entre PP y PSOE. Juntos podrían, con 213 escaños, realizar las reformas de regeneración que reclama desde hace tiempo la sociedad, sin necesidad de agotar la Legislatura y dejando sin una parte vital de su discurso a los partidos emergentes. Otra sería la coalición “por el cambio” de PSOE, Podemos y Ciudadanos (que sumaría 199 escaños), de diferente composición pero similar programa y duración que la anterior. También una coalición “de progreso” formada por PSOE, Podemos, Unidad Popular y diversos grupos nacionalistas podría alcanzar la mayoría aritméticamente, aunque parece una amalgama complicada, dada la radicalización de algunos de estos grupos. Otros escenarios posibles implicarían gobiernos en minoría (PP+Cs o PSOE+Podemos+Unidad Popular) a los que otras fuerzas permitiesen gobernar.

En la práctica, todas las alternativas anteriores se enfrentan a dificultades formidables, nacidas de las estrategias e intereses individuales de cada partido. Tales estrategias se complican porque al eje derecha-izquierda, ya fragmentado históricamente en España por otro eje territorial, se le ha sumado ahora la lucha por la hegemonía entre los partidos tradicionales y los emergentes. La “gran coalición” podría resultar muy costosa a largo plazo para el PSOE en su lucha con Podemos. La coalición “por el cambio” agruparía a Ciudadanos con partidos de distinta ideología, dejándole un desairado papel de socio minoritario. La coalición “de progreso” parece demasiado inestable, siendo algunas de las condiciones que podrían exigir los grupos nacionalistas o Podemos difícilmente asumibles por el PSOE.

Resulta preocupante que todos los partidos se hayan apresurado a trazar sus respectivas líneas rojas. Son tantas que, cuando terminen, puede que el terreno común resultante sea el conjunto vacío. Sería mejor proceder al revés, identificando coincidencias que permitan construir programas compartidos.

Entre tanto, las realidades ineludibles siguen ahí. Con una deuda pública del 100% del PIB y un déficit público aún considerable, conviene evitar que esta situación de inestabilidad se eternice.