¡No te dejes engañar el 20-D!

En unas elecciones tan trascendentales como las que se celebrarán el próximo domingo, resulta más importante que nunca seleccionar bien el voto. Se supone que la mejor guía de la que dispone el votante son los programas electorales, donde los distintos partidos plasman sus propuestas constructivas, bosquejando el camino futuro que cada uno considera más conveniente para nuestro país. Las propuestas económicas tienen un protagonismo indudable dentro de ellos.

Una primera buena noticia es que todos los partidos que, según las encuestas, tienen opciones de obtener un buen resultado, cuentan con responsables económicos profesionalmente cualificados. Álvaro Nadal, el portavoz económico del PP en esta campaña, es Economista del Estado, a lo que suma la experiencia acumulada como Director de la Oficina económica de la Moncloa. Jordi Sevilla, responsable del programa económico del PSOE, es así mismo Economista del Estado, y fue ministro de Administraciones Públicas. Luis Garicano, el responsable de Economía de Ciudadanos, es un catedrático de Universidad con prestigio internacional. Podemos ha sido asesorado por diferentes catedráticos universitarios (como Vicenç Navarro o Juan Torres), siendo el profesor Nacho Álvarez el que ha asumido el papel de portavoz económico durante la campaña.

¿Cuáles son, en mi opinión, las mínimas condiciones que debería cumplir un programa económico electoral? En campaña, suele ponerse el énfasis en las necesidades sociales más acuciantes y en cómo hacerlas frente, generalmente mediante programas que implican un mayor gasto público. Este enfoque instintivo puede además estar justificado, en la situación española actual, por razones objetivas. Tales necesidades sociales son evidentes entre amplios grupos especialmente afectados por la crisis. Uno de ellos lo forman los parados de larga duración. Del 21% de paro que padece España, la Unión Europea calcula que casi todo (el 18%) es estructural. De los 4.850.000 parados, casi 3 millones llevan en paro más de 1 año, 2 millones más de 2 años y 1.300.000 más de 4 años. Estas personas, además de ir agotando prestaciones y subsidios, perdiendo así toda cobertura, tienen necesidades formativas (para compensar el deterioro que provoca en su formación, a menudo escasa ya inicialmente, el paso del tiempo, así como para adaptarse a nuevos sectores de actividad). Asociada a esta cuestión, pero con su propia dinámica, pues ya era una realidad preocupante incluso antes de la crisis, está el problema de la pobreza, que tiene su manifestación más dramática en la variante infantil.

Otras necesidades de gasto tienen que ver con la mejora de la competitividad de nuestra economía, algo que un programa ideal tampoco debería dejar de lado. Las propuestas sobre el “reparto de la tarta” no deberían olvidar que es necesario que haya primero una tarta que repartir, cuyo tamaño estará relacionado con los incentivos que existan para producirla. La competitividad resulta especialmente relevante en la actual economía globalizada y en un país como el nuestro, miembro tanto del mercado único europeo como de la moneda única. Destacan, en este sentido, las carencias en I+D. El gasto en I+D en porcentaje del PIB equivale a un 1.3% en España, frente a una media en la UE-28 del 2%, ó el 4% que alcanzan países como EE.UU. y Suecia.

No obstante, para que las propuestas de gasto público (social o de otro tipo) que figuren en los programas electorales sean creíbles, han de cumplirse unos mínimos requisitos adicionales, no siempre respetados.
En primer lugar, deberían estar cuantificadas de forma realista: “Propongo esta medida, he calculado que cuesta tantos millones de euros y he llegado a esa cifra mediante esta metodología”. En segundo lugar, sería necesario especificar cómo se pretende obtener los recursos necesarios para financiarlas. Ello sólo es posible por una de las siguientes vías (o una combinación de ellas): reduciendo en cuantía equivalente otros gastos, incrementado los ingresos públicos o aumentando una deuda pública que ya alcanza el 100% del PIB.

Respecto a la disminución de otros gastos, no suele ser una vía muy explorada en los programas, por los intereses que se verían perjudicados, pero existe margen para que lo sea. En España, la reforma de las administraciones públicas en sus distintos niveles permanece inacabada.

En cuanto a los mayores ingresos, habrán de lograrse bien mediante una subida de tipos impositivos (el mito de la curva de Laffer carece de cualquier respaldo empírico) o recaudando más con los mismos tipos, gracias al cierre de vías a la elusión fiscal o la lucha contra el fraude. Este último asunto, siendo importante, no debería servir de panacea: la recaudación potencial, aunque cuantiosa, no alcanza las cifras fabulosas que a menudo se citan, ni podría lograrse más que a medio plazo.

Aunque la atención social suele concentrase en las propuestas con reflejo presupuestario, no tienen por qué ser las únicas importantes. Son posibles reformas de otro tipo que mejoren nuestra economía como, por ejemplo, la del sistema educativo (cuyos problemas no sólo se deben a los medios materiales disponibles), la eliminación de las barreras que dificultan el aumento de tamaño de nuestras empresas (el 96% de las empresas españolas son microempresas de menos de 10 trabajadores) o el incremento de la competencia en los sectores oligopolísticos.
Ahora es su turno, estimado lector: teniendo en cuenta los criterios anteriores (si le han parecido útiles), busque, compare y, lo que encuentre mejor, vótelo.