La Banca española: Situación actual y reformas pendientes

El sector bancario español ha dejado ya atrás los peores momentos de la crisis. Para ello, ha tenido que realizar un importante ajuste. La cantidad excesiva de pequeñas sucursales con las que contaba en su red se ha reducido considerablemente, en aproximadamente un tercio (lo que ha conllevado la destrucción de la cuarta parte del empleo en el sector). El propio número de entidades ha disminuido drásticamente, de 50 a 15. Éstas han saneado sus balances y aumentado el capital, hasta cumplir con los nuevos y exigentes requisitos impuestos por Basilea III y la Unión Bancaria Europea. Además, la concesión de crédito ha ido superando el estrangulamiento que padecía y las entidades han recuperado rentabilidad.

Para lograr todo esto, la banca española ha contado con ingentes ayudas públicas, tanto domésticas como europeas, sumadas al apoyo de las medidas extraordinarias adoptadas por el BCE. Pese a ello, no se deben subestimar los avances; tampoco puede dejarse de señalar que se trata de logros incompletos. El tamaño medio de las sucursales sigue siendo relativamente pequeño. Existen todavía en los balances cuantiosos activos dañados y la tasa de morosidad es más alta que la media de la U.E. (7.1% frente a 5.6%). Las tenencias de deuda pública superan también la media europea. Las pymes siguen sufriendo unas restricciones al crédito exageradas. La rentabilidad alcanzada (en el entorno del 6%) es inferior al coste del capital (alrededor del 8%).

En tiempos recientes, los resultados se han apoyado demasiado en circunstancias extraordinarias e ingresos no recurrentes, como las plusvalías generadas en el precio de algunos activos por la caída de los tipos de interés. Sigue pendiente un cambio más profundo del modelo de negocio, desde la banca minorista basada en pequeñas sucursales hacia la banca digital, el Big Data y una mayor internacionalización. El aumento de la competencia de los intermediarios no bancarios, que se benefician de una regulación más laxa, acentúa la urgencia de dicha transición. Probablemente ello implique nuevos procesos de concentración bancaria, que permitan un mayor aprovechamiento de las economías de escala. Los supervisores habrán de permanecer atentos, de forma que la mayor concentración no se traduzca en menos competencia y el consiguiente abuso de posiciones de dominio (en forma, por ejemplo, de comisiones desmesuradas).

Por otro lado, quedan reformas pendientes relacionadas con el sector, tanto a nivel europeo como nacional. Sin ánimo de ser exhaustivo, destacan algunas. La Unión Bancaria europea se ha construido sobre tres pilares: una regulación común, que las entidades financieras deben cumplir independientemente del país miembro en el que operen; una supervisión común del BCE para los bancos más grandes; un mecanismo de resolución único, que permita hacer frente a las crisis bancarias con los menores costes posibles para el contribuyente. El objetivo último de estas reformas era romper el círculo vicioso que ligaba el riesgo bancario con el riesgo soberano. Los avances son indudables, pero se han ido produciendo tarde (para hacer frente a situaciones límite, en vez de prevenirlas) y con una insuficiente dotación de recursos (por insistencia, sobre todo, alemana). El resultado ha sido una Unión Bancaria incompleta. La mayor carencia reside en el limitado tamaño del fondo común de resolución, que sólo alcanzará los 55.000 millones de euros y no se completará hasta dentro de 8 años. En 2016, las entidades financieras iniciarán sus aportaciones para ir dotándolo y empezará a estar plenamente operativo su órgano rector. En cuanto al Fondo de Garantía de Depósitos común, de momento sólo existe como una propuesta de la Comisión; habrá que ver si se acaba aprobando y en qué versión. La propia propuesta inicial es ya modesta: un fondo de 45.000 millones de euros, que no estaría plenamente operativo hasta 2024. A día de hoy, la garantía de los depósitos hasta los 100.000 euros sigue dependiendo de fondos totalmente nacionales. Otro relevante proyecto europeo, la Unión de los mercados de capitales, carece todavía de concreción respecto a las fechas.

En España, la Legislatura ha llegado a su fin, dejando en casi nada las escasas medidas consensuadas con la oposición para mejorar la defensa de los usuarios minoristas de servicios financieros. Se trata de un hecho grave que, sin embargo, ha pasado prácticamente desapercibido. La idea de utilizar un mecanismo sencillo, como los semáforos de colores, para indicar el grado de riesgo de los productos financieros, ha quedado notablemente descafeinada en la práctica. Aún peor, el mandato legislativo (por el que tanto luchamos algunos) para lograr que las resoluciones de los servicios de reclamaciones del Banco de España y de la CNMV, ahora masivamente desatendidas por las entidades sin ninguna consecuencia, tuviesen carácter vinculante, se ha pospuesto sine die. Lo mismo ha sucedido con la posible fusión de dichos servicios en un organismo único de defensa del consumidor financiero.
En conclusión, se ha avanzado mucho tras la crisis en la reforma del sector bancario español, pero la obra dista de estar concluida.