Por un pacto de Estado contra el fraude fiscal

Las campañas electorales logran que los candidatos descubran dentro de sí energías inusitadas. Unos las han canalizado ejerciendo de comentaristas deportivos en la radio; otros bailando, viajando en globo, tocando la guitarra o acudiendo a todo tipo de programas de variedades. En los ratos que estas actividades prioritarias les dejaban libres, han lanzado también ofertas de pactos de Estado sobre casi todos los asuntos imaginables. Llama por eso aún más la atención la falta de énfasis en un pacto, verdaderamente necesario y realizable, para luchar decididamente contra la lacra del fraude fiscal en nuestro país.

La economía sumergida equivale a alrededor del 20% del PIB español, es decir, unos 200.000 millones de euros cada año. Esta cifra es fiable, pues los estudios realizados utilizando diferentes métodos (como el uso de dinero en efectivo, el consumo de electricidad y las discrepancias entre las estadísticas de ingresos y las de gastos) llegan todos a valores similares. Es un nivel cercano a la media de la Unión Europea (debido a países con economías sumergidas grandes, como los del Este de Europa y los países mediterráneos), pero duplica el de los países que deberíamos tener como referencia (Alemania, Francia y Reino Unido).

¿Cuánta recaudación está perdiendo la Hacienda Pública como consecuencia de esta actividad económica “en la sombra”? O, dicho de otra manera ¿a cuánto asciende el fraude fiscal? No tiene sentido afirmar, como han hecho reiteradamente algunos políticos, que se podrían recaudar esos 200.000 millones. Esos mismos políticos proceden en el acto a gastarlos en su imaginación, encontrando así recursos sobrados para financiar todo tipo de políticas. Sólo están construyendo castillos en el aire. La experiencia internacional enseña que es imposible reducir a cero la economía sumergida. Además, la parte que se logre aflorar se podrá gravar con impuestos, pero no confiscar.

Siendo la presión fiscal española del 40%, por los 200.000 millones de actividad económica sumergida se estarían dejando de pagar 80.000 millones en impuestos cada año. Como el objetivo realista consiste en reducir esa economía sumergida a la mitad, al nivel de los países vecinos de referencia, lo que se puede aspirar a recaudar a largo plazo estaría en el entorno de los 40.000 millones de euros anuales.

No es la cifra mágica de los soñadores de entelequias, pero sí una cantidad considerable, que equivale a 4 puntos del PIB. Esa cantidad permitiría eliminar todo el déficit actual del conjunto de las administraciones públicas (Estado, más Comunidades Autónomas y Ayuntamientos). Además de los fines recaudatorios, hay otros que justifican la necesidad de este pacto de Estado. El fraude fiscal rompe la equidad del sistema tributario, al provocar que personas que ganan menos paguen más que otros con mayores rentas. La ruptura de la equidad es menos evidente, pero igual de cierta, por el lado del gasto público: numerosas ayudas sociales (por ejemplo, la vivienda social) se conceden en función de la renta, pero no de la real, sino de la declarada en el IRPF. Además, quienes producen en la economía sumergida, gracias a sus menores costes (por el impago de impuestos y por el incumplimiento de las regulaciones laborales, de seguridad, sanitarias...) compiten deslealmente con el resto de productores y destruyen actividad legal.

Si los objetivos que justifican el pacto están claros, la forma de alcanzarlos también. Una de las raíces evidentes del problema está en la falta de medios materiales y humanos para combatirlo. España gasta entre la mitad y la tercera parte que los países de referencia. Por poner un ejemplo, el personal más directamente involucrado en el control tributario asciende a 23.000 personas en España, frente a las 110.000 de Alemania o las 70.000 de Francia. La cifra española es similar a la holandesa. Para remate, en los últimos años la situación ha empeorado, debido a unos recortes presupuestarios indiscriminados de los que no se ha librado ni la AEAT.

En consecuencia, la probabilidad de ser detectado si uno defrauda es baja, lo que hace perder efectividad a las leyes, por severas que estas formalmente sean. Peor aún, tradicionalmente ni el defraudador detectado suele sufrir penalizaciones graves. Los plazos legales limitaban las actuaciones inspectoras y facilitaban la prescripción, mediante el uso de tácticas dilatorias. Los procedimientos de reclamación provocan una alta litigiosidad. En último término, las penas de cárcel o inhabilitación duradera han sido raras. Es cierto que en la esfera legal se ha avanzado en los últimos años, particularmente gracias a la reciente reforma de la Ley General Tributaria, pero los efectos están todavía por ver.

La mejor barrera contra el fraude fiscal está en la propia conciencia de los contribuyentes. Terminar con la tolerancia, incluso con la simpatía, hacia el defraudador es una tarea pendiente, en la que deben involucrarse tanto el sistema educativo como los medios de comunicación. Promulgar periódicamente amnistías fiscales no ayuda; tampoco que los ciudadanos perciban despilfarro o corrupción en el gasto público que sus impuestos financian.
En conclusión, ha faltado históricamente voluntad política para combatir el fraude fiscal en España. Se trata de una tarea pendiente, necesaria y posible. La campaña electoral debería sentar las bases para alcanzar un pacto de Estado sobre esta cuestión durante la próxima Legislatura. Aunque, tal vez, todo esto no proporcione tantos votos como el canto o la danza.