Montoro se rebela contra la Autoridad (Fiscal)

No puede decirse que al ministro Montoro, en general, le disguste la autoridad. Sin embargo, desde hace tiempo parece profesar una extraña forma de anarquismo selectivo, monotemático. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) nunca ha sido santo de su devoción y, al menor pretexto, se rebela furibundo contra ella.

Los primeros síntomas de este curioso mal tuve ocasión de contemplarlos en persona, como portavoz parlamentario miembro de las ponencias de las leyes de estabilidad presupuestaria y de creación de la propia AIReF. Defendí en calidad de tal una enmienda (la 144 a la Ley de Estabilidad Presupuestaria) que propuso por primera vez en el Congreso de los Diputados la creación de una autoridad fiscal independiente. El grupo popular mayoritario la rechazó, poniendo así en evidencia la falta de voluntad política del gobierno para crearla. Si terminó haciéndolo, tardíamente y a regañadientes, fue porque las condiciones impuestas en el MoU, como contrapartida a ese rescate europeo que nunca existió, lo exigían (concretamente en el punto 30).

La desconfianza latente hacia la nueva institución marcó su nacimiento. En el debate parlamentario sobre la ley que la creaba, algunos ya señalamos los problemas de diseño que padecía y las consecuencias que de ellos cabía esperar. No tiene sentido que a la AIReF se la haga depender del Ministerio de Hacienda, es decir, que al que debe vigilar se le haga depender de uno de los principales vigilados. Debería haberse adscrito directamente a las Cortes generales, como sucede en el caso del Tribunal de Cuentas. Además, dado que su financiación depende cada año de los recursos que Hacienda le suministre, podrá ser castigada o premiada en función de su docilidad. Esto podría haberse solucionado, como otra enmienda rechazada proponía, con un presupuesto plurianual para la AIReF, que durase tanto como el mandato de su presidente. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, incluso sus mismas funciones se vieron limitadas, definiendo en la Ley un listado detallado de las materias sobre las que puede opinar y de los informes que puede realizar, en vez de permitirle una mayor capacidad de iniciativa. Desoyendo las numerosas críticas, la única mejora relevante de su independencia introducida en la tramitación parlamentaria consistió en hacer que el mandato del presidente fuese largo (de seis años) y no renovable.

Pese a todas estas desventajas de partida, la AIReF ha realizado hasta ahora un buen trabajo. Esto ha tenido indudablemente que ver con la personalidad de su presidente, José Luis Escrivá, un economista de reconocido prestigio y brillante trayectoria profesional, que ha sabido rodearse de un equipo de personas competentes. Sus rigurosos informes han puesto de manifiesto las reiteradas desviaciones de numerosas Comunidades Autónomas en el cumplimiento de sus objetivos de déficit o la falta de credibilidad de las previsiones de ingresos, particularmente en el ámbito de la Seguridad Social, sobre las que se sustentan los Presupuestos Generales del Estado para 2016, por poner un par de ejemplos.

No resulta, en consecuencia, sorprendente que los mecanismos que permiten al ministro penalizar al controlador si resulta molesto se hayan activado. La AIReF viene sufriendo una falta crónica de recursos, que le ha impedido disponer de todo el personal y los medios materiales (como sistemas informáticos y bases de datos especializadas) que necesitaría. Esto le impide supervisar adecuadamente las cuentas de los ayuntamientos, dado su elevado número. A la infradotación de recursos se ha añadido el grave desaire de impedir que su presidente comparezca en el Congreso durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado, aunque entre las funciones del organismo esté el supervisar que las predicciones económicas en que se basan sean adecuadas.

El último episodio de este desencuentro es reciente. Una Orden del Ministerio de Hacienda establece que, para solicitar información a Comunidades y ayuntamientos, la AIReF no pueda hacerlo directamente, pasando a depender de una Central de Información del propio Ministerio. Esto atenta no solo contra el espíritu de la Ley, que consagra la independencia del organismo, sino contra su propia letra, que contempla expresamente el acceso directo a la información de las distintas administraciones, así como el deber de colaboración de éstas. Reaccionando en defensa de su independencia, el Comité Directivo de la institución se ha visto obligado a presentar la semana pasada un recurso contencioso-administrativo contra la Orden en la Audiencia Nacional.

Defender la independencia de la AIReF es importante. De ella depende evitar que las previsiones de ingresos en que se basan los presupuestos de las diversas administraciones sean ficticias y que los objetivos de déficit se incumplan sistemáticamente, dotando así de transparencia y credibilidad a las cuentas públicas. Hemos tenido ocasión de comprobar en el pasado reciente las devastadoras consecuencias de manipular los datos. Desde un punto de vista más general, este asunto forma parte de la necesidad de aumentar la independencia de los organismos supervisores en nuestro país, un punto que ha de figurar en cualquier agenda verdadera de regeneración democrática. Así que, Sr. Montoro ¡compórtese y respete de una vez a la Autoridad, que usted es gente de orden!