¿Por qué son las Sicav tan polémicas?

Las Sicav han vuelto al primer plano de la actualidad estos días, por diversas razones. A medida que se acercan las elecciones generales, los distintos partidos van desgranando sus propuestas y varios quieren reformarlas. Esto ya sucedió en las pasadas elecciones y, en consecuencia, a lo largo de esta Legislatura han proliferado los debates sobre ellas, aunque sin llegar a ninguna concreción práctica. Sólo a nivel autonómico se han producido algunos cambios legales, recientemente en Navarra (similares a los aplicados por el País Vasco en 2009). Pero ¿qué son las famosas Sicav y por qué provocan tanta polémica?

Las siglas significan “sociedad de inversión de capital variable”. Se trata de un tipo de sociedad de inversión colectiva. Por ello, se les exige un mínimo de partícipes, en concreto 100. De aquí surgen los primeros problemas pues, en muchas de estas sociedades, la mayoría de los socios son “hombres de paja”, testaferros (los llamados “mariachis”), que únicamente están allí para cumplir formalmente el número mínimo. No es raro que la propia entidad bancaria comercializadora proporcione algunos empleados con este fin. En otros casos, se han utilizado empleados domésticos del accionista principal. Como se fija legalmente un capital mínimo para poder constituir la Sicav (2.4 millones de euros), pero no una cuantía mínima que deba aportar cada socio, éstos pueden participar con un euro simbólico, si así lo desean.

En consecuencia de lo anterior, lo que debería ser una sociedad de inversión colectiva puede ser en realidad una sociedad claramente dominada por una persona o familia pudiente. En esos casos, frecuentemente relacionados con grandes apellidos empresariales españoles, se trata de patrimonios privados camuflados en forma falsamente colectiva. En el fondo, la principal responsabilidad de que esto suceda la tiene el legislador, por no haber regulado adecuadamente la figura, bien sea por desconocimiento, desidia o complicidad. Existen soluciones tan obvias como fijar límites de participación a cada socio, para obligar a que el capital social esté más repartido.

Unida a la anterior reforma debiera ir la de la inspección de estas entidades. Tradicionalmente, estuvo en manos de la AEAT, como parece lógico. En 2005, sin embargo, se traspasó esa función a la CNMV. Debería volver a la AEAT, que es quien tiene los medios y la experiencia para realizar una inspección que evite los abusos, yendo más allá de la comprobación de aspectos meramente formales.

Al tratarse de sociedades de inversión colectiva, las Sicav disfrutan de importantes ventajas fiscales. Únicamente tributan un 1% de sus beneficios anuales, en vez de pagar el tipo general del impuesto de sociedades (actualmente del 28%, que se reduce al 25% en caso de reducida dimensión). Solo cuando se reparten dividendos o se venden las participaciones con plusvalías se tributa por mayores cuantías, en el impuesto de la renta personal del socio. Como se ve, las Sicav no eliminan la tributación, pero sí permiten diferirla indefinidamente, lo que comporta una enorme ventaja para los beneficiarios. Si se desea corregir esto, las fórmulas pueden ir desde la tributación de los beneficios en el impuesto de sociedades al tipo general, hasta la tributación en régimen de transparencia (imputando a los socios individuales los beneficios generados cada año, se repartan o no en forma de dividendos, en su impuesto sobre la renta).

En cualquier caso, si se corrigiese su carácter de falsos instrumentos de inversión colectiva, estaría más justificado que conservasen los beneficios fiscales asociados a ese tipo de figuras, de los que también disfrutan otras (como los fondos de inversión).

El principal argumento que suele esgrimirse en contra de cualquier reforma que endurezca la regulación es el riesgo de deslocalización. No es un asunto banal, como demuestra la experiencia vasca. Allí, las más de 200 Sicav previamente radicadas se redujeron a cero. Vivimos en un mundo con alta movilidad de capitales, que es aún mayor dentro de la Unión Europea. Una Sicav puede constituirse fácilmente en Luxemburgo. No obstante, si el asunto se abordase a nivel nacional, o aún mejor europeo, los riesgos de deslocalización no serían tan grandes como a nivel autonómico. Por otro lado, dada la regulación actual, los impuestos que se dejasen de recaudar en el peor escenario no serían tan cuantiosos, pues hoy se pagan pocos. Además, la mayor parte de sus inversiones está situada ya fuera de España (en acciones de empresas extranjeras, por ejemplo). Finalmente, mantener un régimen fiscal privilegiado que favorece sobre todo a los contribuyentes con mayores rentas y patrimonios tiene efectos negativos sobre la conciencia fiscal del resto.

Tal vez el nuevo gobierno aborde estas cuestiones y cambie una regulación claramente defectuosa. Debería hacerlo, pero con realismo. Las Sicav son hoy un abuso, no un delito. La solución no reside en acabar con ellas, sino en regularlas adecuadamente, corrigiendo las deficiencias detectadas.

Entre tanto, la figura goza de buena salud. En España existen en la actualidad unas 3.300, con un patrimonio de 34.000 millones de euros. El año pasado se crearon 234 y en 2011 gestionaban 21.000 millones.