Otra ayuda pública a la banca: los activos fiscales diferidos

Una de las consecuencias de la crisis económica en España ha sido el rescate masivo a la banca con fondos públicos. Cuando hablamos de la banca, en el caso español, no debemos pensar en grandes capitalistas internacionales. No estamos hablando de los Morgan, ni de los Rothschild, sino de una variedad más castiza: las Cajas de Ahorros politizadas y controladas por las Comunidades Autónomas. Es en ellas donde se han concentrado los problemas y, en consecuencia, también el rescate público y sus costes.

¿A cuánto ha ascendido ese rescate? Es difícil precisarlo con exactitud, pues ha tomado formas muy variadas. Tal vez lo más cercano a una cifra oficial sea la proporcionada por el Tribunal de Cuentas. En su informe de fiscalización sobre la reestructuración bancaria en España estimaba en 107.914 millones de euros los recursos públicos comprometidos entre 2009 y 2012. Los tentáculos públicos extendidos hacia la banca para impedirla caer han sido diversos. La forma más visible ha consistido en la recapitalización directa (61.495 millones de euros, 40.000 logrados a costa de un rescate europeo que hay que devolver). Otras ayudas han sido más indirectas, como las líneas de crédito extraordinarias para proporcionar liquidez, los avales o los Esquemas de Protección de Activos. Otra importante ayuda pública, que el informe del Tribunal de Cuentas no incluía, fue la creación de la Sareb. Este “banco malo”, donde se aparcaron los activos inmobiliarios dañados de la banca, contó con una aportación de capital público moderada (2.192 millones), pero cuantiosos avales (45.028 millones).

¿Cuánto de todo esto se ha perdido ya? De nuevo existe cierta confusión, pero el presidente del FROB, en abril de 2015 estimó en sede parlamentaria la cifra en unos 40.000 millones. La cantidad irá en aumento; por ejemplo, en la Sareb (que irá vendiendo primero los pisos menos malos, por lo que las pérdidas sólo irán aflorando con el paso del tiempo).

En este contexto de ayudas públicas masivas a la banca, una ha pasado relativamente desapercibida, probablemente por su carácter más técnico. Se trata del aval público a los activos fiscales diferidos (o DTA, según sus siglas anglosajonas). Los DTA son créditos fiscales, es decir, derechos a pagar menos Impuesto de Sociedades en el futuro. Las empresas los generan debido principalmente a pérdidas de años anteriores, provisiones y aportaciones a planes de pensiones de los empleados. La banca española había acumulado, debido a las pérdidas de la crisis, cantidades muy importantes (unos 60.000 millones), que suponían un porcentaje elevado de su capital (en algunas entidades, como Bankia, más de la mitad).

El problema de los DTA es que, en caso de quiebra y liquidación de la entidad, de poco le sirven a un acreedor que quiera cobrar sus deudas. Por ello, las normas internacionales bancarias de Basilea III decidieron no considerarlos capital regulatorio de la máxima calidad. Esto llevó al gobierno español en 2013 a avalar alrededor de dos terceras partes de los DTA de la banca (unos 40.000 millones), en caso de insolvencia judicialmente declarada o liquidación.

El uso de avales ha resultado especialmente atrayente para nuestras autoridades durante la crisis, ya que suelen argumentar que no suponen un coste, ni una ayuda. Es cierto que sólo lo suponen si es necesario hacer frente a lo que no paga el avalado, pero el argumento no se sostiene y nadie lo utilizaría en su vida privada a la hora de avalar al vecino. Evidentemente, suponen una ayuda pública y un coste potencial para el erario. Así lo consideró la Comisión europea, al abrir una investigación preliminar a España para analizar si debían considerarse ayudas de Estado contrarias a las normas comunitarias de defensa de la competencia.

Dicha investigación pendía como una espada de Damocles sobre la banca española, amenazando sus resultados futuros y dificultando el proceso de privatización de Bankia. Cobra así sentido la noticia que se ha conocido a principios de esta semana. Las entidades financieras españolas tendrán que realizar algunos módicos pagos a cambio de regularizar definitivamente su situación ante Bruselas.

El problema para la Comisión lo constituían los DTA generados en ejercicios en los que la empresa no había pagado impuestos que pudiesen ser considerado como indebidos ese año y, por tanto, a devolver en el futuro. En consecuencia, según la nota explicativa del Ministerio de Economía, se diferenciarán los DTA generados en ejercicios con beneficios y pagos de impuestos que los pueden justificar (unos 12.000 millones), que no presentan problemas, del caso contrario (unos 28.000 millones). Éstos tendrán que pagar a las arcas públicas un 1.5% de la cantidad no justificada, es decir, un máximo de 420 millones de euros. Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 se enmendarán en el Senado para recoger esta modificación.

La medida no es exactamente un impuesto, sino una “prestación patrimonial” voluntaria, que las empresas pueden no pagar. Como ello les impediría computar esos DTA como capital regulatorio de alta calidad, cabe esperar que todas lo hagan. Al fin y al cabo, cualquier otra forma de lograr ese capital resultaría más costosa, en términos de salida al mercado y retribución al accionista. Por tanto, incluso tras esta reforma, se puede considerar el aval a los activos fiscales diferidos como una ayuda pública disimulada a la banca, aunque a juicio de la Comisión ya no distorsione la competencia.